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Otras opiniones

Universidad y Formación Profesional

Septiembre 22, 2013

Como ustedes saben, la opinión pública y, especialmente, los distintos estamentos educativos están indignados con el Ministro Wert: pretende que los directores y el equipo directivo de colegios e institutos dejen de ser elegidos por sus compañeros cuyo comportamiento deben vigilar, que los alumnos deban superar reválidas con evaluación externa que permitan comparar los resultados de los de distintos profesores y centros e impidan la venta de calificaciones y títulos  y que las enseñanzas impartidas en las distintas Comunidades Autónomas tengan una cierta homogeneidad en toda España. Como todo ello implica el ir pisando callos varios, no es extraño que sea el miembro del Gobierno peor valorado y que profesores, alumnos, Centros y Comunidades Autónomas hayan promovido una  virulenta cruzada contra él.

Pero lo de ahora, el pretender que haya que tener una nota media de 6 para poder gozar de una beca universitaria pagada por todos, se ha considerado por el conjunto de la sociedad que supera todos los límites; como se dice ahora, el ministro ha cruzado la línea roja que debería provocar su fulminante destitución.

La panacea de los universitarios

Es sobradamente conocido que el mayor logro que la sociedad reconoce a nuestros gobernantes es que la gran mayoría de nuestros jóvenes curse estudios universitarios; es verdad que la mayor parte no los termina y que incluso los que lo consiguen tienen enormes dificultades para encontrar acomodo en el mercado laboral y están mayoritariamente en paro o trabajando en algo completamente ajeno a su formación universitaria, pero, solo a las mentes más prosaicas y retrógradas se les puede ocurrir que el que todos sean universitarios no sea un fin en sí mismo, no forme parte de los derechos humanos y que el cursar estudios universitarios  debiera estar encaminado a aportar algo a la sociedad que los paga y  a ganarse la vida en algo relacionado con lo que se ha estudiado.

<span>Por supuesto tampoco importa que nuestros universitarios se vean obligados a emigrar a otros países y que, en la práctica, los españoles estemos financiando la formación universitaria de los titulados que precisan los mercados  de otros países; lo irrenunciable es que, por muy caro que nos cueste y escasos que sean sus méritos, todos nuestros jóvenes vayan a la universidad y, además, a los países más ricos del mundo a los que se van a trabajar les viene muy bien que les paguemos su formación.

Sobresaturación de universitarios y sus consecuencias

El que prácticamente todo el que quiera (el porcentaje de aprobados en selectividad ronda el 95%) pueda acceder a las universidades públicas, pagando, independientemente de su situación económica y de su rendimiento académico, unas tasas que cubren una parte ínfima de los miles de euros que cada universitario nos cuesta a los contribuyentes, es algo que nuestra sociedad parece considerar que forma parte del derecho natural y nadie, incluido el ministro Wert, osa discutirlo; lo que para escándalo general este pretende es que, para poder gozar de una beca que, además, sufrague las tasas, los libros y los gastos de alojamiento y manutención, sea necesario estar un poquito por encima del mínimo necesario para el aprobado que obtiene el 95% de los que se presentan.

El que en nuestro mercado haya sobresaturación de titulados universitarios y la degradación de la enseñanza que la masificación y la consiguiente escasez de recursos implican, no nos debe hacer olvidar que el ser universitario (o, al menos, haber pasado por las aulas universitarias), es un fin en sí mismo cuya consecución debe anteponerse a cualquier otro tipo de ayuda a las clases más necesitadas. No importa que millones de españoles no tengan ingresos, no tengan casa, no tengan cubiertas sus necesidades vitales y vivan en una situación de pobreza, lo que resulta prioritario, ya que obviamente los recursos no alcanzan para todo, es que a sus hijos no se les exija más de un aprobado raspado para concederles un beca universitaria que, pese a su alto coste para la sociedad, si son estudiantes mediocres (aunque puedan ser excelentes profesionales en otros ámbitos), parece claro que no es fácil que vaya a llevarles a ninguna parte, salvo al paro, a la frustración y a desaprovechar otras oportunidades de formación profesional en ámbitos que el mercado si demanda (exactamente igual que a los estudiantes universitarios mediocres pertenecientes a clases acomodadas que no necesitan becas y a los que “solo” les pagamos el coste de la enseñanza).

Desigualdades y protestas

El que  los asalariados paguen más del 80% de los ingresos fiscales y las empresas y los capitalistas menos del 20%, no genera ninguna protesta social, pero el tratar de poner algún límite a que esos impuestos se dediquen a financiar indiscriminadamente la formación universitaria es absolutamente inadmisible. Estamos acostumbrados a que nuestros “jóvenes”, administrando adecuadamente las convocatorias y cambiándose de carrera, sean estudiantes universitarios hasta pasados los 40 años y a que entre todos se lo paguemos (bueno, entre todos no, ya hemos visto que prácticamente solo los asalariados) y ¿quién es el ministro Wert para pretender cambiarlo?; si todos estamos conformes en no regatear nuestro esfuerzo económico para mantener la gigantesca fábrica de parados, frustrados y emigrantes en que se ha convertido la universidad el ministro Wert no debería ponernos traba alguna.

Tiempos pasados

Cuando los que ya tenemos cierta edad, para acceder a la universidad teníamos que hacer “preuniversitario”, aproximadamente la mitad de los que se presentaban, suspendían; la sociedad solo pagaba la universidad a los mejores estudiantes y el aprender un oficio, que era lo que hacía la mayoría, no se consideraba en absoluto degradante; estamos hablando de la generación que hizo la transición e incorporó España al primer mundo. Ahora, el porcentaje de aprobados en selectividad, pese al constatable descenso general de conocimientos que el informe PISA pone de manifiesto, ronda como hemos dicho el 95%, es decir, el nivel de exigencia para ingresar en la universidad es prácticamente ninguno, nuestros licenciados en magisterio, como sus respuestas en las oposiciones demuestran, no saben ubicar Zaragoza en el mapa y, pese a ello, constituye un escándalo mayúsculo el que para gozar de una beca universitaria pagada por todos  se pretenda exigir estar un poquito por encima del mínimo y, todo ello, mientras es prácticamente imposible encontrar un español que conozca adecuadamente un oficio; lógicamente, estamos hablando de la generación que no puede pagar nuestras pensiones aunque en muchas familias todos sus miembros vivan exclusivamente de ellas, que cifra la salida de la crisis en producir más barato que los chinos y galopa otra vez hacia el tercer mundo.

Los estigmas de la Formación Profesional

Claro que tenemos la enorme satisfacción, que nos compensa absolutamente de todo, de que la mayoría de nuestros hijos son universitarios o, al menos, pasan por la universidad porque ¿quién está dispuesto ahora a soportar el baldón de que sus hijos sigan la vía de la formación profesional?; hace pocos días, en un conocido y “prestigioso” programa radiofónico escuché como el presentador, refiriéndose a una actuación que demostraba la absoluta estulticia de determinadas personas, decía para reflejarlo: “parecían estudiantes de formación profesional”. Si eso no cambia y el estudiar en la universidad sigue considerándose el único camino “digno” es evidente que continuaremos siendo el país con más paro juvenil de Europa y casi del mundo medianamente desarrollado.

Nuestro mercado no necesita más titulados universitarios (de hecho, como el altísimo paro y la emigración demuestran, necesita muchos menos); lo que si necesitaría serían muchos jóvenes aventajados con una formación profesional adecuada. Pero, ya desde el principio, por razones sociológicas y sistémicas, la formación profesional queda en la práctica reservada para los jóvenes con muchas dificultades en el ámbito educativo de aprendizaje teórico (para acceder a los programas de PCPI se exige haber repetido al menos uno de los dos primeros cursos de ESO) y, en todo caso, la estructuración de la formación profesional, caracterizada por la falta de continuidad entre la de grado medio y la superior, la escasa atención al aprendizaje práctico y la prácticamente nula participación de las empresas, constituye un absoluto despropósito; claro que a nadie le importa, porque ello parece ser considerado como el justo castigo a los más incapaces para los estudios teóricos de la sacrosanta universidad, lo cual, de forma escandalosamente equivocada, socialmente se equipara con que no sirven para nada y no merece la pena malgastar ningún esfuerzo en ellos.

La formación profesional de grado medio, que por las razones sociológicas que hemos explicado siguen casi exclusivamente los alumnos con más dificultades, dura como máximo dos cursos, únicamente en el último trimestre del segundo se hacen prácticas en una empresa, capacita para muy poco o para nada y las empresas, que lo saben, prácticamente no la valoran. Por otra parte, como se ha dicho, no existe ninguna continuidad entre la formación profesional de grado medio y la de grado superior; quienes finalizan la de grado medio, si quieren acceder a la superior, deben realizar unos exámenes que acrediten unos conocimientos de materias generales (lengua, matemáticas, idioma, etc) similares a los exigidos para finalizar el bachillerato; como se tata de jóvenes que, como regla general, ya tenían dificultades iniciales para los estudios teóricos y, además, no han estudiado nada de ello, en muy pocos casos consiguen superarlos (la gran mayoría ni siquiera lo intenta) con lo que la formación profesional de grado superior queda mayoritariamente reservada para los bachilleres, los cuales no han estudiado absolutamente nada de las materias específicas de formación profesional de grado medio que deberían servirles de base. Kafkiano.

El ejemplo de Alemania

En Alemania, donde la formación profesional tiene un carácter eminentemente práctico, dura al menos tres años continuados, se realiza en estrecha colaboración con las empresas, no constituye ningún estigma social y es seguida por dos de cada tres estudiantes, el paro juvenil no llega al 8%. En España, donde las circunstancias respecto a la elección de la vía universitaria o la de formación profesional y la estructuración de esta son las que hemos descrito, a nadie puede extrañar que supere ampliamente el 50%.

Mientras los esfuerzos públicos estén centrados en que todos nuestros jóvenes accedan a la universidad, eso sea de forma abrumadoramente mayoritaria lo que preocupe a la sociedad y el tener que aprender “un oficio” se considere como un castigo para los muchas veces equivocadamente considerados más ineptos (las aptitudes tienen múltiples variantes) y a nadie le importe, por tanto, que la organización de la formación profesional resulte absolutamente disfuncional (sobre ello si estarían justificadas las críticas al ministro Wert, como a todos los que le han precedido) nuestro sistema educativo permanecerá de espaldas a lo requerido por el mercado y los resultados no podrán ser otros que el enorme despilfarro de recursos, la frustración y el paro de nuestros jóvenes y la progresiva degradación de nuestro país.

Adolfo Barrio