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Atando cabos

Transparencia

Marzo 25, 2012

Lo primero que muchos ciudadanos han hecho cuando el Ejecutivo ha presentado, por primera vez desde le inicio de la democracia, una Ley de Transparencia y buen Gobierno es preguntarse ¿Cómo es posible que no tuviéramos “transparencia” hasta ahora? ¿Ley de buen Gobierno? Pues no. Al menos no había Ley. Bienvenida sea, pero en realidad es algo anacrónico, por no decir lamentable, el tener que esperar a que el gobierno de turno decida dar a conocer el estado de las cuentas y la gestión que se ha realizado para poder tener, los ciudadanos, esa información a la que tienen derecho. De momento lo han puesto negro sobre blanco, y en eso siempre es positivo.

Pero el paso dado por el Gobierno va más allá, al menos en la teoría, estamos hablando de la extensión del derecho a la información. A la que debería tener acceso todo ciudadano, y lo que más importante, en la exigencia pública de que se administre bien el presupuesto y se cumplan los objetivos. Ocurre que en España ahora todos los asuntos los llevamos a esto, al cumplimiento, las facturas pendientes y las alfombras. Pero lo de la transparencia va más allá de saber si un Ministerio, o una Comunidad Autónoma, gasta sólo aquello que tiene previamente presupuestado, siendo esto también fundamental.

Lo importante de la “Transparencia” es hacer real lo que hoy es formal

A la “transparencia”, en el resto del mundo se le llama “acceso a la información”, y lo importante hacer real lo que hoy sólo es formal. Hoy, formalmente, todo lo que tiene que ver con la gestión del dinero de todos es, por definición, materia pública, no cabe esconder, ocultar, a quién contrata una administración o cuánto se gasta en material de oficina, o cuáles son las subvenciones que otorga y recibe cualquier administración. Hasta ahora todo debería ser público y transparente, pero en la realidad, se esconde y se oculta. ¿Cómo? Dificultando el acceso de los ciudadanos a esa información. Sí, yo tengo derecho a conocerla, claro, pero me exigen que la solicite formalmente, que rellene unos formularios, y que me quede esperando, meses, años, hasta que se animen a darme una respuesta. Una repuesta que luego, en la mayoría de los casos, no se corresponde con la demanda realizada hace tiempo.

Eso es lo que quiere evitar esta Ley. Tomar conciencia que el Gobierno, las Instituciones, las administraciones municipales o regionales no son propietarios de la información que, por definición, es pública. En otros tiempos, era un problema que quince personas quisieran ver un informe técnico de un Ministerio, porque no había quince copias y daba mucho trabajo hacerlas. Pero hoy, con que el original esté informatizado y almacenado en un servidor basta para que puedan consultarla no quince, sino miles de personas. Sólo hay que franquear el paso al ciudadano corriente, sólo hay que abrir la puerta para que lo público efectivamente lo sea.

La Ley está hecha. La teoría está aprobada. Faltan las herramientas que hagan posible que todo el que lo desee, la conozca. El Gobierno abierto” es uno de los mayores y mejores síntomas de la democracia. Falta convertir en real, lo que, de momento, es ideal.

Juan de Dios Colmenero es Redactor Jefe de Nacional de Onda Cero Radio