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Otras opiniones

Regreso al Estado bananero con la reforma del Código Penal

Septiembre 16, 2012

El pasado viernes  nuestro Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentaba en Consejo de Ministros las líneas básicas del proyecto de reforma de nuestro Código Penal. Inmediatamente,  se originó el consabido debate popular que, durante toda la tarde, llegó a polarizarse marcando dos tendencias meridianas. Los que, con verdadero júbilo, aplaudían la iniciativa creyendo que se había descubierto la panacea que acabaría con las cifras de criminalidad, entre los que también encontrábamos algunos en cuyo discurso sólo se percibía la venganza, y los que, asustados, nos embarcamos en un terrorífico viaje en el tiempo para aterrizar en épocas pretéritas.

Pues bien, aprovechando el trayecto y haciendo una parada relámpago en “no hace demasiados años” (teniendo en cuenta que mis pensamientos andaban ya por el siglo XVIII), me gustaría comenzar estas líneas trayendo a colación algo que dijo George Bush cuando todavía era gobernador del estado de Texas: “No dedico más de 15 minutos a leer los informes que se me entregan sobre el preso que solicita se le conceda un indulto”. El indulto, en este caso, era para perdonarle la pena capital. Por supuesto, jamás concedió ninguno. Ni un simple cuarto de hora dedicaba este hombre a barajar la posibilidad de poder salvar una vida humana, estudiando cuáles eran las circunstancias del delito cometido o analizando las causas que  podían haber conducido a su autor a convertirse en un criminal.

Bush y su alegato electoral

No es esto, ni mucho menos, un artículo sobre la pena de muerte. Tampoco pretendo analizar exhaustivamente las tendencias político criminales actuales, discurso recurrente, continuo y vociferado por unos y por otros sin que el mismo llegue a penetrar en la conciencia ciudadana, a pesar de que criminólogos -incluso muchos, que no todos-, penalistas y resto de operarios jurídicos traten de demostrar la nula eficacia en la prevención de la criminalidad que estas nuevas tendencias ponen de manifiesto.

De hecho, vean ustedes como después de este memorable alegato, Bush fue elegido presidente de los Estados Unidos, la nación más importante del mundo, la más influyente, la tierra de las libertades. Pero sobre todo, la nación a la que Occidente imita en cuanto a políticas criminales restrictivas, incapacitadoras e incluso inhumanas. Pero sobre todo, ineficaces. La nación que se ha convertido en el gran Leviatán mundial. Y fue elegido por la ciudadanía, unos ciudadanos a los que, sin duda, no les había pasado desapercibido el alegato.

Seguridad, aunque sea a costa de la inseguridad del contrario

Lo que quiero transmitirles con este simple ejemplo es que los ciudadanos reclaman para sí una seguridad aunque sea a costa de la inseguridad del contrario, produciéndose una dicotomía entre los buenos ciudadanos, los que deben ser protegidos, y los enemigos, los que ni siquiera son ciudadanos, los que no deben ser protegidos, pues ni siquiera son personas, según la tesis jacobina que luego perfilaré.

Sin duda, un ejemplo más cercano en cuanto a tiempo y lugar lo tenemos en el éxito que ha obtenido la exigencia social de cadena perpetua (revisable), que se ha plasmado en el mencionado anteproyecto de reforma del Código Penal, en el que se recoge lo solicitado por los ciudadanos. Este requerimiento social sustentado en un sentimiento generalizado de miedo y peligro (y en ocasiones, también de venganza), que  nada tiene que ver con las cifras de criminalidad, que se mantienen estables, es acogido con gran entusiasmo por los gobernantes que ven en él una vía recaudatoria de votos, diseñando políticas criminales represivas, políticas criminales de tolerancia cero, políticas criminales necesarias porque así lo reclama el pueblo, pueblo que, al mismo tiempo, esta validando y legitimando dichas políticas.

La pescadilla que se muerde la cola

Es, y perdónenme por el ejemplo, como la pescadilla que se muerde la cola: a los ciudadanos se les transmite ese sentimiento de inseguridad, estos reclaman acción contra el enemigo, los políticos, entonces, les trasmiten ahora lo que ellos quieren oír: “No os preocupéis, que con los malos, con vuestros enemigos, con los que no son iguales que vosotros, vamos a actuar con mano dura, dándoles su merecido”. Pero no se les transmite a estos ciudadanos, sin embargo, que el verdadero éxito, lo que de verdad quiere la ciudadanía, ignorante de la efectividad de las medidas de prevención de la criminalidad, esto es, la reducción razonable de esta, no se consigue con el “todos a la cárcel y para siempre”.

Nadie les ha explicado a estos ciudadanos que la mejor manera de prevenir el crimen es con políticas criminales primarias; es decir, interviniendo en la etiología de la criminalidad, pero que deben tener paciencia porque los resultados los verán los políticos que les sustituirán, porque esas medidas efectivas, reales, no son a corto plazo. Nadie les ha explicado que, aunque estas medidas efectivas sean a medio plazo, no deben preocuparse, pues el sentimiento de inseguridad que marca sus exigencias es subjetivo, que no es real, que los delincuentes sexuales, por ejemplo, sólo representan un 5 % de los reclusos españoles y los pederastas mucho menos de la mitad de ellos. Que lo que sale en la tele, sale precisamente porque es excepcional. Nadie les ha explicado que en España el índice de delitos contra las personas está por debajo de la media europea. Nadie les ha explicado que el Derecho Penal del enemigo perjudica a todos, que la inseguridad jurídica les afecta a ellos, que la mano dura no sirve más que para crear terror en una sociedad en la que el Estado, en ocasiones, se puede llegar a convertir en delincuente.

La tesis de Jakobs

Ciudadanos que deberían saber que en España hace tiempo ya que se enterró a Montesquieu, y no me refiero sólo a aquella teoría de la que alguna vez hemos oído hablar pero que cada vez menos caracteriza nuestro Estado, si es que alguna vez lo caracterizó: aquello llamado separación de poderes, eso que prohíbe a los jueces legislar y al ejecutivo juzgar. Pero no, como decía, no me refiero a ello, sino a la tiranía de aquellos castigos que no derivan de la absoluta necesidad, sino de ese reclamo social de ciudadanos a los que nadie les ha explicado que el componente garantístico del Derecho Penal democrático se concreta en el principio de intervención mínima, debiendo evocar de nuevo a Montesquieu cuando afirmamos que todo lo que exceda de esa intervención mínima “es abuso y no justicia” o lo que es lo mismo “es hecho y no derecho”.

Volviendo a la sociedad americana, hay quien ha definido ese neoliberalismo que la caracteriza y que es irradiado a nuestro entorno europeo como un sin sentido de liberalismo económico pero intervencionismo político-criminal que, precisamente, sirve de protección y apoyo a esa parte de la sociedad que representa ese liberalismo económico: los buenos, los ciudadanos de bien, los no delincuentes. En este contexto se actualiza continuamente lo que en su día Jakobs expuso respecto de la contraposición entre persona/ ciudadano e individuo/enemigo, lo que se ha venido denominando “Derecho Penal del enemigo”, según el cual se ha de privar del estatus de ciudadano a todo aquel que muestre una tendencia a persistir en el delito. Jakobs sostiene que el Derecho Penal va dirigido a ciudadanos en los cuales la pena tiene la función de reafirmar la vigencia de la norma infringida ocasionalmente. Sin embargo, existen individuos que muestran de manera reiterada su disposición a delinquir, a los que no se les puede considerar personas ni ciudadanos sino enemigos de la sociedad que deben ser excluidos de la misma y neutralizados o inocuizados.

Para evitar los delitos, perfeccionar la educación

Como buen penalista que es, pero deficiente criminólogo, asume Jakobs la equipotencialidad del hombre racional (como ya hicieran los clásicos), que pondera costes y beneficios defendiendo ese libre albedrío en su concepción más absoluta. Pero se olvidó de Beccaria, que aún siendo clásico y debiendo por tanto guardar una coherencia contextual con la política criminal que le tocó vivir, reconoció que “finalmente, el más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación, objeto muy basto y que excede de los límites que me he señalado”

Y mientras los criminólogos siguen intentando, desde hace más de dos siglos, descifrar ese “quién” para saber ese “por qué”, unos integrando teorías y otros desintegrándolas y buscando la parsimonia (o lo que es lo mismo: explicar las causas de la criminalidad con el menor número de factores posibles), nuestros políticos se siguen empeñando en obviar la génesis del hecho criminal olvidando la prevención primaria y en machacar la terciaria (resocialización), y ello porque las políticas criminales actuales buscan la efectividad a corto plazo, matando moscas a cañonazos y acercándose peligrosamente a lo que siempre se han denominado políticas totalitarias, de las que siempre, por otro lado, se ha tratado de huir. No se reconoce que, por un lado, el crimen no puede ser erradicado sino controlado con racionalidad, siendo su exterminio una utopía como ya insinuó Tomás Moro y, por otro, que detrás de un delincuente hay toda una historia que hay que descifrar. Y se tarda más de 15 minutos en hacerlo.

Me despido deseando que durante la lectura de estas líneas, y en esto sí que me uno a las más que probables y “presuntas” intenciones del Ministro Gallardón en la decisión de presentar la mencionada iniciativa el pasado viernes, hayan olvidado, por unos minutos, tanto la más que legítima excarcelación del sanguinario asesino Bolinaga, como las “chapuzas” en cadena (nunca mejor dicho), que se han ido cometiendo hasta el día de hoy en el llamado caso Bretón. Por ejemplo.

Bárbara Royo García. Abogada y Criminóloga.