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No me moverán

¿Prejubilados, funcionarios y jubilados anticipados?: ¡cuidado con el retraso de la edad de Jubilación!

Noviembre 8, 2010

Parece inevitable que la edad de jubilación se atrase dos años (de los 65 a los 67). Los economistas lo defienden por razones financieras, pero no dan cuenta de la complejidad jurídico-social que tiene la propuesta. Junto con ello quieren modificar el periodo de cómputo, el cálculo de la pensión según los años de cotización. Ambos temas modifican los derechos del futuro jubilado, pero el atraso de la edad introduce conflictos no aclarados aún.
Ahora un trabajador se puede jubilar voluntariamente a partir de los 65 años, salvo que se recoja en el convenio laboral como norma; en este caso, la empresa puede prescindir de los servicios del trabajador y obligarle a jubilarse a esa edad. Es decir, la propuesta supone que en los convenios en los que se recogen los 65 años como edad de jubilación pase a interpretarse que son los 67. Todo para evitar el colapso financiero del sistema público de pensiones.
Tabla de derechos de jubilación sobre la base reguladora actual según los años de cotización ¿Cómo quedará después de la reforma?

Pero la propuesta tiene ramificaciones jurídicas complicadas que los legisladores deberán estudiar. Entre ellas la forma de aplicación del atraso (¿de golpe o paulatinamente?). También los efectos: en el cálculo de la pensión; en las personas que tenían prejubilaciones, con o sin acuerdos con la Seguridad Social; en saber cuándo se puede pedir la jubilación anticipada y cómo funcionaría para aquellos que la han pedido ya; en la edad de jubilaciones tardías recogidas en determinados supuestos etc.

Cuándo pedir la jubilación anticipada

Primero habría que decidir si el atraso es de golpe o paulatino. Es decir, si entra en vigor la edad de 67 años una vez aprobada la norma o se va atrasando la edad; por ejemplo, seis meses cada dos años. Esto choca con las expectativas de personas que han planificado parte de su vida laboral cara a esa edad de jubilación. Además la edad oficial de jubilación en cada momento influye en los derechos del jubilado de manera diferente según se sea prejubilado, jubilado anticipado o tardío.

Por ejemplo en los funcionarios. La inmensa mayoría tienen el derecho de atrasar su jubilación a los 70 años, aunque puedan hacerlo voluntariamente a partir de los 65. La nueva propuesta: ¿supondría que pasarían a poder jubilarse correlativamente hasta los 72 años, o seguiría como fecha tope los 70 años?
También eso tendría efectos en este y otros colectivos, que pueden jubilarse más tarde, en el computo de la pensión (en mi Universidad los docentes pueden hacerlo hasta los 70). Como se sabe eso supone que, si tienen derecho al máximo de pensión, con 40 años de cotización, sumarían un 2% anual adicional por año de atraso voluntario a partir de los 65. Para los que se han acogido ya a este sistema: ¿qué fecha sería la que contaría como inicio para sumar esa cantidad? ¿los 65 antiguos o los 67 nuevos?
La jubilación anticipada se puede pedir, salvo en casos especiales como los mineros, a partir de los 60 años. Eso supone que se deduce un 8% por año de anticipación en el cálculo de la pensión. ¿Se retrasaría esa edad de acuerdo a la nueva edad de jubilación hasta llegar a los 72? ¿Cómo influiría eso en el cálculo de las deducciones en la pensión?

El dilema de los prejubilados

Pero donde puede haber un lío mayúsculo es en los prejubilados. A estos se les aseguró el cobro de un porcentaje de su sueldo (a veces el 100%) hasta la edad de jubilación. Si tienen acuerdos con la Seguridad Social ¿quién les pagaría durante el tiempo que media desde la edad en que debieron jubilarse, de acuerdo con el pacto de prejubilación, y la edad en que se jubilen debida al nuevo retraso?

Si la prejubilación ha sido un acuerdo entre el trabajador y la empresa, sin intervención de la Seguridad Social ¿De dónde saldrán esas cantidades? ¿La empresa tendrá que hacer una nueva provisión de fondos? Si la prejubilación se debe a un pacto en el que intervino la Seguridad Social, por ejemplo consecuencia de un ERE ¿Quién aportará los fondos en esos periodos? ¿La empresa, la Seguridad Social, los prejubilados?
Harán bien todos estos colectivos en seguir el debate político-económico de este tema; mucho les va en la solución que se de a todas estas cuestiones. Nosotros, desde Extraconfidencial, intentaremos ir aclarando este tema conforme adelante la discusión legislativa.


José Ramón Pin es Profesor del IESE. Titular de la Cátedra de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública