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Otras opiniones

Nuestro pleno derecho a la insurgencia

Febrero 12, 2013

Tarde de lluvia sobre Madrid. Tarde de ausencia y lluvia que enmarca un perfecto escenario para reiniciar mi columna en Extraconfidencial. Escribir desde mi tronera en esta vieja España deshecha, triste y agotada. Una España que, bajo la lluvia, acaso esté escribiendo los versos iniciales de un nuevo poema de insumisión y de lucha ciudadana. Gotas de rebeldía sobre el dolor de nuestra gente.

No son rectas las intenciones de nuestros responsables políticos. Hace ya muchos años, yo creía en la buena fe del Gobierno de España. En aquellos años candorosos, yo también creía en que, con independencia de considerar erróneas la práctica totalidad de sus decisiones, se regían estas actuaciones por ciertos criterios generales de probidad, servicio público y deseo de transformar la realidad conforme a un determinado esquema de valores. Esta concepción de la acción gubernamental ha terminado. Ni haciendo gala de nuestra mejor voluntad podemos presuponer buenas intenciones en la casta política que rige los destinos de España. No sólo gobiernan de espaldas a nuestro pueblo: lo hacen también en su contra.

Gobernando para los que tienen más

El Gobierno de España no nos dirige teniendo como meta nuestro bien común o la defensa de intereses positivos e incuestionables. No gobierna, ni tan siquiera, para los españoles. Gobierna para un conglomerado confuso –o tal vez no tanto- de entidades financieras transnacionales, de intereses capitalistas extranjeros, de líneas políticas fijadas por colectivos económicos en todo ajenos a la ciudadanía española y de intereses absolutamente contrarios a nuestras necesidades básicas. El Gobierno de España gobierna para los menos que tienen más en perjuicio de los más que tienen menos. El Gobierno de España ha dejado de servir a los ciudadanos españoles, y lejos de solucionar los graves problemas que nos afectan, los agrava en beneficio de una minoría privilegiada.

Cuando uno se da cuenta de esto, duerme mejor. Porque entonces puede ejercitar –sin duda ni reserva moral alguna- nuestro legítimo derecho a la resistencia frente a un poder injusto. El inalienable derecho a la insurgencia frente a la tiranía, y a la desobediencia frente a los dictados de autoridades ilegítimas. Supremo recurso de la rebelión contra la tiranía, lo llama el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1.948. Ese derecho a la insurrección tan hermosamente declarado en la prosa revolucionaria de los ilustrados del Siglo XVIII. Dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1.793 que cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.  

El concepto de gobierno ilegítimo

Podríamos discutir extensamente sobre el concepto de autoridades ilegítimas. Podríamos debatir bien y mucho sobre la legitimidad de origen o sobre la legitimidad de ejercicio, o sobre la potestas y la auctoritas, pero no nos queda demasiado tiempo para ello. Esta cuestión puede servir también de excusa fácil para implantar dictaduras férreas y modelos escasamente democráticos. Por eso, se hace necesario determinar con claridad –antes de nada- si el Gobierno que padecemos es ilegítimo o no. Y este lo es. 

Yo entiendo por gobierno ilegítimo a aquel que –cediendo conscientemente cada vez más amplias parcelas de nuestra soberanía nacional- deja de ocuparse de las verdaderas necesidades del pueblo gobernando en beneficio de intereses ajenos a las mismas. Será ilegítimo, por tanto, el Gobierno que no se ocupa de nuestros intereses generales, y ejerce su actuación en exclusivo beneficio de un conjunto de entidades privadas que apuntalan un armazón económico injusto. Un Gobierno que nos empobrece al tiempo que enriquece a unos pocos. Un Gobierno que viola, de forma metódica y constante, los derechos del pueblo y que no tiene la más mínima intención de solucionar estos gravísimos problemas.

Nuestro inalienable derecho a resistir. Una vía posible de dignidad ante el desastre.

 
Ignacio Toledano Martínez. Abogado