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Otras opiniones

Miguel Ángel Flores y Gao Pin en libertad, como debe ser

Noviembre 26, 2012

Hoy he escuchado que Miguel Ángel Flores, promotor de la fatídica fiesta de Halloween en el Madrid Arena, debería estar en prisión. No es la primera vez que lo escucho ni será la última. Si usted me lee asiduamente ya habrá adivinado que, en absoluto, estoy de acuerdo con esa opinión. En sentido contrario pero por otros motivos, sí apoyo la decisión de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional de revocar la prisión provisional de uno de los socios de Gao Pin, cabecilla de la famosa trama de blanqueo de capitales que se instruye en la Audiencia Nacional con el nombre de operación “Emperador”, lo que significa que pronto le tocará a él. Y se preguntará usted qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues nada. No tiene nada que ver. Ambos supuestos de hecho solo coinciden en lo siguiente:

1.- En ambos se reabre el debate acerca de la prisión provisional

2.- Mientras la mayoría opina que tanto el uno como el otro deberían estar en la cárcel yo opino que no.

Y no es por llevar la contraria ni por ir a contracorriente (le reconozco que a veces me callo porque empiezo a tener complejo de ello). Es, sencillamente, porque lo pienso de verdad. Y le voy a explicar el porqué. Pero antes de referirme a cada uno de los dos citados supuestos de hecho, todavía necesito perfilarle algún extremo procesal relevante.

Instrucción y medidas cautelares

Un proceso penal dura mucho porque hay que investigar lo sucedido y recabar toda clase de indicios antes de llegar a la celebración del juicio, donde finalmente, solo si dichos indicios son elevados a prueba, habrá sentencia condenatoria. Esta etapa de investigación se denomina instrucción y en ella, además de llevar a cabo los “actos de investigación” también se realizan otras actuaciones encaminadas a preservar la acción de la justicia, llamadas medidas cautelares. Entre ellas, se encuentran las civiles y las penales. Las primeras pretenden que el futuro condenado, si lo llega a ser, pueda indemnizar a sus víctimas mediante la consignación de una fianza o la ejecución de un embargo. Obviamente, son medidas preventivas no definitivas. Las segundas, las penales, tratan de evitar que el imputado huya, destruya pruebas o siga delinquiendo. Entre estas, las más conocidas son las comparecencias en el juzgado, la retención del pasaporte, la fianza o la famosa prisión provisional. Pero para poder dictarlas tienen que concurrir unos requisitos tasados en la Ley y cumplirse unas garantías que de no hacerlo se vulnerarían derechos fundamentales. Especialmente, en lo que atañe a la prisión provisional o preventiva, puesto que con ella se está privando a un todavía inocente, hasta que se demuestre lo contrario, de su libertad. Y la libertad es uno de los derechos fundamentales más importantes del ciudadano.

No vulnerar la Constitución

Por tanto, si no existe riesgo de reiteración delictiva o de fuga o peligro de obstrucción de pruebas, la prisión provisional no está avalada por la Ley. Y aun existiendo alguna de estas exigencias, si se puede decretar alguna otra medida menos gravosa que la prisión, en mi opinión, tampoco lo estaría, puesto que, según nuestro Tribunal Constitucional, la prisión provisional debe ser absolutamente necesaria, excepcional y subsidiaria. Por tanto, por mucho que haya sobrados indicios de que Miguel Ángel Flores y resto de imputados del caso “Madrid Arena” hayan cometido delitos, cosa de la que a mí personalmente no me cabe ninguna duda, ni hay peligro de reiteración delictiva, ni creo que lo haya de fuga o de destrucción de pruebas. Por tanto, si se dictase en este caso la prisión se estaría vulnerando el artículo 17 de la Constitución Española que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley”.

Operación Emperador

Y continúa este artículo 17 fijando el tiempo máximo de la detención (ojo, no confundir con la prisión provisional) en 72 horas, lo que me lleva directamente al segundo supuesto de hecho, el de la operación “Emperador”. Cuando la Policía o la Guardia Civil detiene a una persona, tiene un plazo máximo de 72 horas para dejarla en libertad o pasarla a disposición judicial, para que sea el juez quien decida si dicta alguna de las medidas cautelares penales, entre las que se encuentra, como ya le he mencionado, la prisión provisional. En este momento, la detención policial ha terminado. Sin embargo, el Juez cuenta también con un plazo de 72 horas si lo necesita. De esta manera, se podría ampliar la detención, pero ya no sería detención policial sino judicial.

Resumiendo, la Policía cuenta con 72 horas y el juez con otras 72 horas. ¡¡¡No transferibles!!! Y este es el quiz de cuestión. El Juez Fernando Andreu ordenó que se detuviera a Kai Yang, socio de Gao Ping, a este y a varios miembros más de la cúpula china, por lo que la detención, aún efectuada por la Policía, era judicial. Por tanto, no había 72 horas de la policía más 72 del juez. Siendo una detención judicial, puesto que, como digo, se ordenó por el juez, este contaba sólo con sus 72 horas para legalizar la situación personal de los detenidos. Pero no le dio tiempo a tomarles declaración a todos en ese plazo porque había más de un centenar de detenidos y cuando por fin lo hizo y dictó la prisión provisional había sobrepasado esas 72 horas. Conclusión: la no observancia de la Ley convierte el Auto de prisión, dictado fuera de plazo, en nulo. Gao Pin saldrá en las próximas horas, como ya lo ha hecho su socio. Se ha vulnerado su derecho a la libertad personal. Y yo estoy plenamente de acuerdo con su excarcelación, pero ya le dije: no es por llevar la contraria siempre.

Bárbara Royo