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Atando cabos

Matar al mensajero

Noviembre 21, 2012

Lo de matar al mensajero, ya sea policía o periodista es un ejercicio nacional, por desgracia abundante, demagógico y en la mayoría de los casos tremendamente injusto.  Esta ocurrido con la investigación del “caso Palau”, y con las desviaciones de ese caso que investiga la presunta corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), la del presidente actual de la Generalitat, Artur Mas y la de la familia Pujol. Se niega lo evidente. Se niega hasta la existencia de un informe-borrador que todo el mundo ha visto con sus propios ojos. Cosa distinta es que se investigue la filtración, pero el informe existe y la evidencia es bien distinta:

En primer lugar, todos los informes policiales son borradores, así es como siempre ha trabajado y trabaja la policía. Un borrador que luego se convierte en informe cuando se da traslado al juez.

En segundo lugar, lo de que el juez no lo ordene es algo normal. El juez no hace labores policiales, el juez recibe el trabajo de la policía, examina pruebas y toma decisiones

En tercer lugar, lo de que el ministro no lo conociera. Pues afortunadamente. Un ministro no tiene ni porque dirigir ni ordenar ni supervisar una investigación policial, ni judicial… ¿O es que estábamos acostumbrados a que así fuera en otros casos y asuntos relevantes? La brigada de delincuencia económica y blanqueo de capitales es la misma que estuvo  investigando el “caso gürtel”. Por cierto donde también se filtraron continuamente informes y borradores a la prensa. Pero es que además, en este informe- borrador concreto, el de las cuentas en suiza, está basado en otros cuatro informes que ya tiene el juez y los complementarios del Ministerio de Hacienda.

Fianza y embargo de sus bienes por presunta corrupción  

Entre ellos, los que hablan de los indicios de financiación irregular de CDC y donde acusa a determinadas empresas de haber pagado comisiones por obras públicas al Gobierno de CIU de Jordi Pujol. El Palau de Félix Millet hacía de intermediario entre las empresas y el Gobierno catalán llevándose el 4% de la adjudicación. De ese 4%, el 2,5% era para el partido y el 1,5% restante para personas particulares. La policía considera que entre esas personas se encontraba la familia Mas, la familia Pujol y otros. 

A raíz de estos informes, el juez declaró a Convergencia Democrática de Cataluña como responsable civil a “título lucrativo”. Y le exigió que presentara un fianza de 3,2 millones de euros bajo la advertencia del embargo de todos sus bienes.

Hay indicios suficientes y la investigación, aunque lenta continúa avanzado. Pero no. Sigamos matando al mensajero, aunque al final, como casi siempre, se impondrá la verdad.

Juan de Dios Colmenero es Redactor Jefe de Nacional de Onda Cero Radio