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Otras opiniones

Los testigos desprotegidos

Octubre 10, 2012

Comienzo mi paseo en la Calle Ballesta, tuerzo a la izquierda en Desengaño y continúo por Valverde.   De momento, las prostitutas con las que me topo constituyen un crisol de latinas y nigerianas mezcladas con veteranas españolas. Le pregunto a una de estas últimas si no prefiere Montera donde hay más turismo (como decía, es una veterana española que ejerce libremente y por tanto “puede” preferir). Me contesta que sí, pero tendría que pagar unos sesenta euros a la red que controla aquella zona y no está dispuesta.
A continuación, cruzo la Gran Vía y bajo por Montera: rumanas y mujeres del Este. Me acerco a una de ellas de apenas 20 años, entablo conversación y enseguida veo como se acerca un hombre vigilante que la saluda y se mantiene a escasos metros. Ella se pone nerviosa y yo me retiro por miedo a que sea “castigada”. Cada vez que salgo a pasear por los alrededores de la Gran vía de Madrid y observo la exacta ubicación de cada colectivo de mujeres pactada por las redes, me invade un sentimiento de ira contra un Estado que, incapaz de ocuparse de sus propios asuntos, “mendiga” la “ayuda” de indefensos seres humanos a sabiendas de convertirles en “dianas humanas”. 

El fin justifica los medios
La semana pasada, sin ir más lejos, se desarticuló en Barcelona una red –otra más-, de proxenetas de origen chino que entre el tráfico de seres humanos y el de drogas -en tan sólo un año-, habían explotado a un centenar de mujeres. Treinta y nueve detenidos que las autoridades querrán sentar en el banquillo y condenar, sea como sea y cueste lo que cueste, siguiendo la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios.
No en vano, a finales de diciembre de 1994, el Parlamento español, acaso reconociendo la ineficacia del Estado para luchar contra el crimen y poder meter entre rejas a los más peligrosos delincuentes sin la estimable colaboración de los ciudadanos, aprobó una Ley (LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales), que jamás supuso algo más que la materialización de lo acertadamente ideado para que incautos ciudadanos se decidieran a ayudar, en el más amplio sentido de la palabra, a los responsables de hacer frente a la criminalidad. Poco le importó entonces al Gobierno (jamás se llevó a cabo el anunciado desarrollo de la Ley para que la protección de estos testigos fuese efectiva), y menos le debe importar en la actualidad (si no se hizo entonces para qué se va a hacer ahora que estamos en crisis), que estos “ayudantes” de la Justicia se convirtiesen en verdaderas dianas humanas, poniendo en peligro sus vidas.

El día que decidieron colaborar
El deber constitucional de colaboración con la justicia de aquellos que hayan sido testigos de un hecho delictivo que, con indudable tino, se “deja caer” en la exposición de motivos de la meritada Ley, ha llevado a la mayoría, sino a todos, de los que se dejaron “engatusar” con promesas y más promesas , llegado el momento -y desde aquel todos y cada uno de los días de su vida-, maldecir aquel en que decidieron colaborar con esa Justicia que a posteriori se olvidó de ellos. Fueron testigos, ayudaron a detener y encarcelar a numerosos delincuentes, pero jamás fueron protegidos como se les prometió.
Desde los más célebres por antigüedad, de los cuales asombrosamente los que nos solemos mover por los tribunales de “injusticia” conocemos su vida y milagros, a pesar de estar “protegidos”, hasta la actual multitud de mujeres inmigrantes presas de redes que venden su vida por un permiso de residencia de una año (y nada más), pueden constatar no sólo la incapacidad del Estado de luchar, como apuntaba, contra la criminalidad organizada (y no tan organizada), sino -y sobre todo-, la completa ineficacia y desidia vertida a la hora de proteger la vida de estas personas. Dicho de otra manera: en cumplir la Ley de protección a testigos y peritos en causas criminales. Testigos que, en su mayoría, se juegan la vida ayudando a las autoridades a detener a aquellos individuos que infringen la Ley. Sin embargo ¿no incumplen la Ley estas autoridades a la hora de protegerlos?

Por muy opaca que sea la mampara
En primer lugar, el testigo al que se supone se le ha asignado un número para evitar utilizar su nombre se puede y se suele encontrar con el acusado en el pasillo del Juzgado o Tribunal (a pesar de tener que estar en Sala aparte), ya que muchos Juzgados ni siquiera cuentan con este apartado. En segundo lugar, y ya dentro de la Sala, si el acusado hubiese mantenido en alguna ocasión una conversación con el testigo que ha declarado contra él (lo más probable), lo va a identificar por la voz en el mismo instante en que comience a hablar, por muy opaca que sea la mampara (no existe o no se utiliza jamás artilugio alguno que distorsione la voz).
En tercer lugar, y sólo para el caso en que el Juez estime que el testigo se encuentra en una situación de riesgo grave y decrete medidas de protección fuera de las dependencias judiciales, estas han de ser coordinadas con Interior y la mayoría de las veces, sino todas, llegan muy tarde o no llegan nunca. En cuarto lugar, si hay cambio de identidad (casos muy extremos), éste conlleva múltiples perjuicios, sobre todo en lo referente a encontrar nuevo trabajo pues probablemente no se dota al nuevo ciudadano de una ficticia (también) trayectoria profesional (por supuesto, en casos de inmigrantes España no tiene potestad de cambio de identidad, por lo tanto el testigo extranjero se sigue llamando igual). Si se decretan ayudas económicas, suelen llegar muy tarde y, en cualquier caso, son insuficientes. En definitiva, el denominado testigo protegido se va a encontrar con una desprotección absoluta por parte de esas autoridades que prometieron protegerle si declaraba ayudando a la Justicia, indefenso, atemorizado y arrepintiéndose de haberlo hecho. Y ello, ni le beneficia a él ni beneficia a un país que cada vez va a contar con menos personas dispuesta a colaborar en la persecución de los delitos.

Ni tiempo de arrepentirse
Si el Estado no cuenta, hoy por hoy, con fondos con los que poder coordinar las actuaciones de protección contenidas en la LO 19/1994 convirtiéndola, de una vez por todas, en una realidad ¿no debería renunciar a esa colaboración y no incitar con promesas que, se sabe, van a ser incumplidas, realizadas a cada vez más ciudadanos que, caso de aceptar confiados en la Justicia, se están colocando, sin saberlo, en el punto de mira de aquellos a los que apuntan con el dedo? A unos no les dará tiempo ni a arrepentirse, otros aprenderán a convivir con el miedo y alguno, sencillamente, se perderá en los delirios persecutorios que algún psiquiatra diagnosticará desconociendo que, ciertamente, a la vuelta de la esquina de la consulta algún día un sicario estará aguardando a que el “paciente loco” baje para acabar con sus delirios.

Bárbara Royo