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Otras opiniones

Las Comunidades Autónomas (II)

Junio 23, 2013

En estos días en los que no se habla otra cosa más que de los recortes hay que estar más cerca que nunca de la realidad. Si los políticos de los diferentes partidos no han sido capaces de meter mano a una duplicación tan clamorosa y tan comparativamente pequeña para sus intereses como las Diputaciones Provinciales para no perder las cuotas de poder político y económico que les proporcionan (el caso de Orense puede ser paradigmático) ¿cómo se van a meter con el enorme y complejo entramado de intereses en los que se han convertido las Comunidades Autónomas? Impensable; aunque esto se haya convertido en una locura, se trata de una locura irreversible: no es realista pensar que se puede luchar con alguna posibilidad de éxito contra los gigantescos intereses que se han creado los cuales, además, se ha procurado disfrazar imbuyendo a los ciudadanos una demagógica coartada emocional de emulación.

Número exponencial de políticos

La multiplicación exponencial de políticos, politiquillos y, en general, de personas que viven de esto merced a la creación y sobredimensionamiento desorbitado de órganos y entes públicos, en las Comunidades Autónomas, pero también en las entidades municipales y provinciales, implica un coste económico que se está demostrando que España es incapaz de asumir y la prueba es la insostenible situación económica de gran parte de estas entidades y la calificación de su deuda al nivel de los bonos basura; los déficit autonómicos y municipales, en empresas privadas, equivaldrían pura y simplemente a la quiebra y a la obligación de cerrar o, al menos, de reducir drásticamente los gastos; aquí, aparte de no pagar y hacer quebrar a los proveedores, los únicos gastos que se están reduciendo son los de inversión y los de prestación de servicios y los demás está claro que por la vía de cubrir sus déficit, simétricos o asimétricos, los seguiremos pagando todos los ciudadanos que sufrimos la injustificable actuación diferenciada sobre idénticas materias de una marabunta de órganos y entes, en buena parte, no sólo innecesarios, sino perjudiciales para nosotros.

Las Comunidades Autónomas, aparte de sus Parlamentos con sus Diputados y asesores y sus Gobiernos, con centenares de Ministerios (Consejerías) y miles de Direcciones y Subdirecciones Generales, han creado innumerables Agencias, organismos autónomos, entes públicos, empresas públicas y una pléyade de organismos con denominación variopinta que se escapan a los mecanismos ordinarios de control (que tampoco parecen precisamente exigentes) tanto para la captación de personal como para la adjudicación de contratos y realización de gastos y ese mismo esquema se repite en todos los Ayuntamientos significativos y en las Diputaciones Provinciales. Si a ello sumamos que el Estado sigue conservando, prácticamente intactas, su administración Central y periférica y, paradójicamente y pese al teórico proceso de descentralización autonómica, viene incrementando una multitud de entes y organismos con una regulación diferenciada para, asimismo, eludir los mecanismos ordinarios de control, a nadie le puede extrañar que la reducción y degradación generalizadas de los servicios, de las prestaciones sociales y de las pensiones no basten para cuadrar las cuentas. Cada vez que nos hablan de la “reforma” de la Administración y de las medidas de “racionalización” y “flexibilización” introducidas al efecto, después constatamos que lo que se ha hecho ha sido posibilitar que el desmadre sea mayor y, en todo caso, todo el mundo sabe que, en la práctica, los políticos del Estado y los de las Comunidades autónomas siguen el principio de no ingerencia: yo no me meto en lo que tu hagas y gastes mientras ello sea recíproco; respeto competencial e institucional que se llama.

El papel del Tribunal Constitucional

Por otra parte, la “política” del Tribunal Constitucional (no creo que a estas alturas nadie dude de que dicho Tribunal es un órgano político y no jurídico) también ha contribuido de forma importante al régimen aberrante del estado de las autonomías: se podrían citar bastantes cuestiones pero hay una, no demasiado conocida, que creo que en la práctica está teniendo decisiva importancia: la reiterada jurisprudencia de dicho tribunal, en mi opinión jurídicamente indefendible y palmariamente contraria a la Constitución, en el sentido de que el Estado debe abstenerse de legislar por vía supletoria en todas las materias de competencia autonómica (que son la mayoría), debiendo hacerlo de manera obligatoria, independiente y diferenciada cada una de las Comunidades autónomas.

A partir de la anulación por inconstitucionales de buena parte de los preceptos de la Ley del Suelo o de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres quedó claro que para el Tribunal Constitucional el último párrafo del artículo 149.3 de la Constitución, que establece que el Derecho estatal será supletorio del autonómico, no existe, lo que implica que aunque todas y cada una de las Comunidades Autónomas estuvieran plenamente de acuerdo en que una determinada materia incluida en sus Estatutos (prácticamente todas lo están) estuviera regulada por una única norma estatal que se aplicara en todas ellas uniformemente por vía supletoria, se vean obligadas a legislar sobre la misma debiendo existir forzosamente 17 legislaciones diferentes sobre la casi totalidad de las materias pensables; ¿demencial?: probablemente, pero es lo que hay y lo único que atempera la locura de un fárrago normativo, no ya imposible de conocer por nadie, sino casi de sistematizar correctamente en bases informáticas de datos, es su inevitable y generalizado incumplimiento.

Hemos visto que el Estado Autonómico ha dado lugar a una hipertrofia de órganos y entes públicos y a millones de políticos y funcionarios que cuesta carísimo mantener y que, además, todo este despliegue y derroche se traduce en un sistema de actuación cada vez más perjudicial para los ciudadanos pero, con todo, la disfuncionalidad práctica descrita  no es probablemente lo peor: lo peor es que, mientras no se reconozca un régimen diferenciado para Cataluña y el País Vasco, por intenso hasta el absurdo que sea el régimen de descentralización política y administrativa,  al ser para todos y no reflejar dicha diferenciación, no va a colmar sus aspiraciones y como prácticamente hemos llegado a un punto en que no resulta posible descentralizar más y a los partidos autonomistas y nacionalistas no se les ocurren más competencias que reivindicar, la única deriva posible es la de la independencia y la desintegración territorial de España; y en ella estamos.

¡Que fácil hubiera sido pactar con Tarradellas, e incluso con ese ayatollah en que después se convirtió Garaicoechea, un sistema general de descentralización puramente administrativa con un régimen diferenciado de moderada y razonable autonomía para Cataluña y el País Vasco!, pero no se hizo y las consecuencias parecen irreversibles. Modificar la Constitución y los Estatutos, recuperar competencias, sobre todo legislativas, para el Estado y reconocer un régimen diferenciado para Cataluña y el País Vasco teóricamente sería todavía posible, pero ya hemos explicado las razones por las que somos absolutamente pesimistas al respecto.

Adolfo Barrio