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Otras opiniones

Las Comunidades Autónomas (I)

Junio 15, 2013

En el proceso de transformación política de España realizado en los años 70 y 80 del siglo pasado, comúnmente conocido como “la transición”, se hicieron muchas cosas bien y la fundamental fue el conseguir pasar pacíficamente de un régimen dictatorial sin reconocimiento ni garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos a otro democrático homologable a los más avanzados del mundo en cuanto a dichos derechos y su garantía.

Sin embargo, al menos en mi opinión, en dicho proceso se cometió un error garrafal: la creación, aplicando la fórmula del “café para todos”, del llamado Estado Autonómico.

En España existía un problema en dos territorios, Cataluña y el País Vasco, buena parte de cuyos ciudadanos, independientemente de que hubiera o no razones históricas para ello, reclamaban desde hacía tiempo un régimen diferenciado dentro del Estado español, lo que había dado lugar a que en la segunda República les fuera reconocido un moderado régimen de competencias que podían ejercer a través de sus propias instituciones.

Cuándo se inició el proceso de transición democrática, Cataluña y el País Vasco pidieron, como era de esperar, el restablecimiento del régimen diferenciado del que habían gozado anteriormente pero, en lugar de acceder a ello cómo hubiera sido lo lógico, ante la reticencia que dicha diferenciación levantaba en buena parte de los ciudadanos y de los políticos del resto de España la respuesta, paradójicamente, fue la generalización de las Autonomías y la creación del llamado Estado Autonómico (que se llamó así porque en absoluto se estaba pensando en el grado de descentralización que implica un estado federal, lo cual, visto con la perspectiva actual, resulta casi risible)

Viví aquellos años y no tengo la menor duda de que el Estado de las Autonomías no fue sino una fórmula para intentar frenar los autonomismos catalán y vasco mediante el siguiente silogismo:

Premisas:

 Primera: Una gran mayoría de los españoles va a estar de acuerdo en que Cataluña y el País Vasco no tienen por qué tener un régimen privilegiado respecto al resto de los territorios de España y en que estos tienen idéntico derecho a que se les reconozcan cualquier diferenciación que aquellas consigan.

Segunda: Es impensable y absurdo que España, que desde hace más de cuatro siglos ha sido el paradigma del estado unitario y centralista, pueda implantarse ni funcionar un régimen basado en la aplicación a todos sus territorios de un régimen cuasi federal aunque sea con competencias tan moderadas cómo las que entonces reclamaban Cataluña y el País Vasco.

Conclusión: Para frenar el autonomismo catalán y vasco parece adecuado postular el igualitarismo en la autonomía de todas las regiones creando el estado autonómico.

El falso mal menor

Mi percepción es que los promotores últimos del sistema no eran autonomistas, sino centralistas, y que especulaban con el catastrofismo confiando en que, dado que “era imposible” la implantación general en todas las regiones de un sistema de autonomía cómo el reclamado por Cataluña y el País Vasco, el sistema de autonomías igualitarias sería un mal menor que serviría para atemperar las reivindicaciones de aquellas y quedarnos en una moderada descentralización administrativa (también hubo apoyos interesados, tontos útiles y tontos sin más,- como el ministro Clavero Arévalo y probablemente, en este asunto, el presidente Suarez-).

Pese a que desde muy pronto se vio que los diseñadores del sistema habían creado un monstruo que se les iba a ir de las manos, la verdad es que, al principio, apoyado en el auge económico de la época que ayudó a sufragar el sobrecoste burocrático, el sistema no funcionó demasiado mal y, aunque nunca lo sabremos, probablemente el proceso de descentralización que inicialmente se realizó fue más beneficioso para el conjunto de España que si se hubiera mantenido el sistema centralista; pero eso fue al principio y mientras se mantuvo el clima de responsabilidad en el que se desarrolló la transición.

Una carrera sin fin

Después, tal y cómo a muchos nos parecía inevitable y debiera haberse previsto, el sistema se fue convirtiendo en una carrera sin fin de Cataluña y el País Vasco por diferenciarse del resto, reclamando, obteniendo y ejerciendo a su libre albedrío competencias ilimitadas sobre cada vez más materias lo cual, conforme a la lógica igualitaria del sistema, ha llevado a que dichas competencias y su libérrima forma de ejercicio se hayan ido extendiendo por igual, al grito de que toda descentralización es positiva, al resto de las Comunidades Autónomas, convirtiendo de facto nuestro sistema de organización territorial, independientemente de la semántica que se utilice, no ya en un estado federal, sino en uno mucho más descentralizado política y administrativamente que la mayor parte de los confederales.

Diversos factores han jugado conjunta y coordinadamente para que el estado de las autonomías se haya convertido, mediante una ampliación desproporcionada y muchas veces absurda de los entramados político-burocráticos y de los ámbitos de actuación ejecutiva y legislativa de las Comunidades autónomas, en un sistema absolutamente disfuncional para el conjunto de los españoles, pero probablemente el más importante ha sido la tendencia de la clase política a convertir la ampliación de sus competencias (y con ellas su poder) en un fin en sí mismo al margen de la racionalidad y de los intereses de los ciudadanos; tampoco es desdeñable el factor irracional que ha llevado a los ciudadanos a apoyar  ampliaciones competenciales absurdas de su Comunidad, que les perjudicaban, sobre la base exclusivamente emocional de “si otros lo hacen, nosotros no vamos a ser menos”.

Como al diseñar el sistema en lo que se confiaba era en límites racionales impuestos por la lógica económica e histórica, la Constitución se preocupó muy poco de establecer límites legales a la asunción de competencias por las “Autonomías” y, al fallar aquéllos, cómo la Constitución únicamente reserva al Estado unas competencias tasadas e inampliables y todas las demás, incluyendo todas las materias pensables e incluso las relativas a materias que ahora no existen pero que puedan surgir en el futuro, pueden ser asumidas de forma “exclusiva”, incluyendo la capacidad legislativa, por las Comunidades Autónomas, se ha producido una asunción generalizada en todas las regiones de prácticamente todas las competencias sobre todas las materias  que sus políticos han sido capaces de imaginar (y han discurrido mucho para ello), las cuales pueden ejercer casi sin control alguno, dando lugar a la creación de 17 mini estados con 17 aparatos burocrático-administrativos de unas dimensiones desproporcionadas cuya existencia los ciudadanos tenemos que pagar pero, lo que quizá es todavía peor,  cuya actividad siguiendo criterios diferenciados, dispersos e incontrolados, tenemos que padecer.

Tamaño de administración disparatado

Cuando todas las Comunidades Autónomas asumen competencias “exclusivas” en materias como  transportes o caza y, para ejercerlas, crean múltiples Consejerías, Direcciones Generales y Entes Públicos, quizá lo peor, con ser gravísimo, no es el coste económico del mantenimiento de estos órganos, sino que los mismos tienen que justificar su existencia creando regímenes propios y diferenciados sobre estas materias y exigiendo su cumplimiento, lo cual da lugar a que, para realizar transporte o para cazar, tengan que cumplirse 17 tipos de condiciones absolutamente diferentes según el territorio en que se realicen, y como ello, como se ha dicho, es extrapolable a casi la totalidad de las materias pensables (no se salvan ni las relaciones exteriores) y, adicionalmente, el Estado sigue conservando en base a sus propios títulos competenciales funciones en la mayor parte de las mismas y los municipios y las provincias, cuya autonomía está, asimismo, constitucionalmente reconocida, ejercen legalmente competencias sobre idénticas materias y la lógica de funcionamiento de las organizaciones es la que explicaba Max Weber, el caos que nos rodea responde absolutamente a lo esperable de las condiciones creadas.

 Ahora se habla mucho de racionalizar el sistema autonómico, pero la experiencia nos ha enseñado a los ciudadanos que cuanto más se promete simplificación, coordinación y racionalización más motivos tenemos para echarnos a temblar; es cómo cuando nos hablan de no tocar los impuestos o las pensiones; los políticos no conocen otros intereses que los suyos, con el agravante de que cuánto más reducido es su ámbito territorial de actuación más miserable y egoísta suele ser su comportamiento, y ya se ocuparán los políticos autonómicos de que nadie toque significativamente, si no es para agravarlo, el sistema en el que se basan sus privilegios, reivindicando, además, y posiblemente obteniendo, el apoyo de los ciudadanos sobre la base del “intolerable” atentado contra sus “derechos” y la “discriminación” que ello supondría; ¿vamos a ser los castellano-manchegos menos que los catalanes? ¿vamos a permitir que nos “quiten” nuestros “derechos”?

Adolfo Barrio