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Otras opiniones

La ratonera municipal

Noviembre 5, 2012

La Ley 9/2001del Suelo, La Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, El RDL 393/2007 que aprueba la Norma Básica de Autoprotección, etc, etc… Uf!!!!! Una maraña de preceptos legales para determinar si el Madrid Arena necesitaba o no necesitaba licencia de apertura y funcionamiento, cuando lo cierto es que da igual, pues se llame licencia o se llame informe técnico, lo que en principio parece es que el pabellón carecía de los requisitos mínimos de seguridad tanto para la obtención de un licencia como para la obtención de un informe técnico favorable. Es decir, si no necesitaba licencia (según  alega el Ayuntamiento apoyándose en la Ley del Suelo),  sí necesitaba un informe técnico con el subinforme de los servicios municipales de obra (Urbanismo), del arquitecto municipal, del ingeniero técnico industrial y de los servicios jurídicos y firmado por la concejalía competente. En este caso, la pregunta es: ¿por qué se dio el visto bueno por el técnico municipal competente a ese informe técnico si, al parecer, el pabellón no cumplía si quiera con el Código Técnico de Edificación?

Pues bien, sea como fuere, el Madrid Arena se inauguró y empezó a funcionar. Cada evento que allí se celebraba suponía un grave peligro para la seguridad de los asistentes.  Y así  llegamos al año 2006 en que se denunció que no cumplía con las previsiones mínimas de seguridad además de que carecía de licencia. Lo segundo, ya les he dicho, poco importa si perdiéndonos en preceptos legales la misma puede ser sustituida por el informe técnico en caso de edificios municipales. Lo primero, sin embargo, es de una importancia vital: se seguían poniendo en peligro vidas humanas lo que, a todas luces, anularía las conclusiones de aquel supuesto informe técnico. Nada se resolvió entonces. Así llegamos a marzo de 2010, cuando Urbanismo dictamina que el recinto no se ajusta a lo exigido por la Ordenanza de licencias ya que el edificio incumplía el Código Técnico de Edificación, entre otras muchas cosas porque los camiones de bomberos no podían acceder al recinto, porque había fallos en la ventilación, porque los sistemas  de detección de fuego eran  insuficientes, etc… Pero lo más sangrante, dadas las circunstancias, es que los recorridos de evacuación de la pista (vomitorios) eran insuficientes. Recuerden que la tragedia del “Thriller Music Park” tuvo lugar en uno de estos recorridos de evacuación.

Responsabilidades directas

Todo ello en cuanto al pabellón municipal. La desgracia podía haber ocurrido en cualquier evento de los cientos y cientos celebrados desde su Inauguración en 2001. Pero vayamos ahora con el evento en cuestión, el “Thriller Music Park”, organizado por una empresa privada “DivierTT” que alquila el Arena (un pabellón, ya hemos visto, peligroso) a la empresa municipal “Madrid Espacios y Congresos”. Y se lo alquila a pesar de las deudas que esta empresa tiene con la Seguridad Social. A pesar de contar, según Registro Mercantil, con “51 expedientes judiciales y administrativos, 41 notificaciones de impagos y 6 embargos”, obviando el Ayuntamiento de Madrid las prohibiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público RDL 3/2011.

Con todo ello les quiero decir que aunque sea obvio que la empresa promotora y organizadora, propiedad de Miguel Ángel Flores, tiene directa responsabilidad en los hechos pues cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que se duplicó el aforo del recinto, de que carecía de un plan de autoprotección específico para ese evento y de que la seguridad interior, responsabilidad de la empresa de Flores, era insuficiente y defectuosa (al margen de otras irregularidades tales como que se permitió la entrada de menores o que no se registraron mochilas), el Ayuntamiento de Madrid tiene, como mínimo, la misma responsabilidad por haberlo permitido. Así que, por mucho que se empeñe en desviarla, va a tener que dar explicaciones y responder junto con “DivierTT” a muchas preguntas, pues además de sus responsabilidades políticas, contexto en el que ya se reclaman dimisiones, se barajan, sobre todo, responsabilidades penales, Y para depurar estas últimas, una vez las familias de las víctimas se sientan con fuerzas, deberán personarse como acusación particular en el Juzgado 51 de Madrid. Es cierto que el homicidio imprudente y las lesiones imprudentes son delitos perseguibles de oficio por lo que el Ministerio Fiscal, órgano jerárquico dependiente en última instancia del Ministerio de Justicia, va a ejercer la acusación pública, pero….. Sí, reconozco que a mí también me ha asaltado la misma inquietud que a usted, por eso es tan importante que la acusación particular ejerza sus derechos: Por Katia, por Rocío, por Cristina, por Belén y por Teresa. Y por todos los jóvenes que podían haber muerto en esa ratonera municipal. Para que no mueran en un futuro.  

Bárbara Royo