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Otras opiniones

La Ley Wert: la carrera sin fin del “todo vale”

Mayo 19, 2013

Lo que está ocurriendo con el Ministro de educación, José Ignacio Wert, y con la Ley por él promovida cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros del pasado viernes me parece un ejemplo paradigmático de los males que aquejan a España. No es ninguna novedad que los distintos Ministerios, en lugar de ser garantes de los intereses usuarios del sector de actividad que les corresponde tutelar, lo son de los de las empresas, sindicatos y trabajadores de dicho sector cuyo apoyo les hace buenos y cuya crítica malos: el Ministro de Industria trata de favorecer a los industriales, el de Agricultura a los agricultores, el de Transporte a los transportistas, el de Cultura a los autores, el de Turismo a los tour operadores y hoteleros, etc; naturalmente, todo ello se hace al grito de adoptar medidas para defender los intereses de los usuarios de dichas actividades, que son los principales damnificados por las mismas.

Y ¿qué ha ocurrido con el Ministerio de Educación hasta la llegada de ese extraterrestre apellidado Wert que parece no querer enterarse de cómo funciona esto? Pues que cada Ministro hacía una Ley que competía con la anterior en tratar de complacer en mayor medida al “sector” (fundamentalmente, profesores, alumnos, sindicatos y Comunidades Autónomas), al que –teóricamente-, dicha Ley debía disciplinar. Las consecuencias están a la vista de todos y el informe PISA las refleja meridianamente: el nivel educativo en España ha ido descendiendo vertiginosamente y estamos a la cola de Europa y casi del mundo medianamente civilizado.

“Comamos mierda; cien mil millones de moscas, no pueden estar equivocadas”

El Ministro Wert ha propuesto una Ley para cambiar las bases del sistema y tratar de invertir la tendencia que, como era de esperar (no hay buena acción que no tenga su castigo), ha desencadenado la mayor ola de protestas que se recuerda en el campo de la Educación, lo cual, según leía en un editorial de El País, demuestra lo perverso de su reforma (el argumento me recordaba lo de “comamos mierda; cien mil millones de moscas, no pueden estar equivocadas”). Las protestas contra la Ley Wert que, como todo el mundo sabe (es el miembro del gobierno con menor valoración, lo que ya es decir), es un demonio peor que los afrancesados que con el pretexto del progreso se oponían a Fernando VII y traicionaban a España, se pueden resumir en tres grupos:

 Primero.- Una de las protestas fundamentales de la “Plataforma contra la Ley Wert” es que, con ésta, el equipo directivo de los colegios e institutos públicos (directores, jefes de estudios y secretarios) dejará de ser elegido por el Claustro, es decir, básicamente por el resto de sus compañeros y otra el que se suprima la preeminencia legal de los centros públicos y los padres puedan elegir libremente entre estos y los concertados.

¿Se imaginan cómo funcionaría cualquier empresa en la que los jefes y capataces, que tienen como misión fundamental conseguir que el resto de los trabajadores cumplan sus obligaciones, fueran elegidos por estos entre ellos mismos y únicamente se mantuvieran en su puesto (que implica mejores retribuciones, categoría y condiciones), mientras sus subordinados-compañeros los reeligiesen y que, adicionalmente, el rendimiento y comportamiento de los trabajadores no tuviera la menor repercusión en sus ingresos ni en sus condiciones? Pues eso es exactamente lo que conforme a la legislación vigente pasa ahora en los colegios e institutos públicos.

Trasvase de la pública a la concertada

A nadie le puede por tanto extrañar que, pese a que en dichos colegios e institutos públicos imparten las clases los mejores profesores de sus respectivas especialidades (que son los que han conseguido sacar las oposiciones), que ganan aproximadamente un 50% más que los que desarrollan exactamente la misma función en los centros concertados y que disponen de muchos más medios que en estos, los padres traten por todos los medios de evitar la enseñanza pública y traten de llevar a sus hijos a la concertada; el vaciamiento de las aulas de los centros públicos y las largas colas de espera en los concertados, teniendo en cuenta adicionalmente la diferencia de medios entre unos y otros, constituye un escándalo de primera magnitud agravado por el “ejemplo” con sus hijos de muchos de los defensores de la enseñanza pública.

 Los centros públicos tratan por todos los medios de evitar la competencia con los concertados y temen -con razón-, que la eliminación de su preferencia y la libertad de elección de centro puedan agudizar la debacle de desertización de sus aulas, y el que la protesta se centre en la eliminación de sus privilegios, en lugar de en acabar con los abusos de los concertados, que les sirven de coartada, resulta significativo.

Ello no es, por otra parte, sino una manifestación más de porqué el sistema capitalista, mucho más injusto pero mucho más eficiente, ha prevalecido sobre el comunista: el ojo del amo engorda al caballo, dice nuestro refranero y, si no hay amo, el caballo, aunque se trate de un purasangre, inexorablemente enflaquece y es preterido por los pencos.

¿Traumatizar a los jóvenes?

Segundo.- La Ley Wert trata de establecer criterios medibles para evaluar el rendimiento de los alumnos e, indirectamente, de los profesores (los odiados y denostados “exámenes”) y, lo que es peor, estableciendo reválidas con evaluación externa y previendo que, quienes no las superen, tengan que optar por la formación profesional, es decir, por aprender un oficio o una profesión que les permita integrarse en el mercado laboral.

 Al parecer ello constituye una agresión intolerable (la primera de las 30 “razones” de la “plataforma para decir NO a la ley Wert” dice textualmente, como primera y principal crítica a dicha Ley, que “La LOMCE tiene como propósito crear ciudadanos empleables y capaces de competir en el libre mercado” – no puede haber algo más espantoso, opinan los de la plataforma-, y a nadie parece importarle el despilfarro de los recursos que se destinan a la “formación” de bachilleres y universitarios sin la capacidad o la disposición de esfuerzo para el estudio necesarias, a los que, adicionalmente, se condena a una vida de frustración y paro.

La protesta contra los exámenes y, sobre todo, contra las reválidas con evaluación externa con las que se quiere martirizar a alumnos y profesores, es máxima, y los afectados y sus representantes opinan que las comparaciones son odiosas y que nadie tiene por qué condicionar a los resultados que obtengan los alumnos su itinerario educativo y que el mero hecho de medir aquellos y comparar los de los alumnos, los de los profesores y los de los centros resulta un agravio intolerable. Además, la educación es un fin es sí misma y no tiene nada que ver con el mercado laboral así que ¿quién tiene derecho a traumatizar a nuestros jóvenes negándose, en función de sus resultados, a costearles estudios universitarios ofreciéndoles a cambio algo tan degradante como la formación profesional?

Eso de valorar el esfuerzo y la capacidad y medirlos mediante exámenes son antiguallas involucionistas con las que se quiere acabar con “el logro” de la educación “democrática” de “evaluación continua” que nos ha llevado a que, no ya los alumnos, sino quienes pretenden ser sus profesores, no sepan situar Zaragoza en el mapa.

Cada Ministro con su Ley de Educación

Tercero.- En España existen 17 Comunidades Autónomas cuya razón de ser está en establecer regímenes distintos; cada una, no es que aspire, sino que considera su obligación establecer diferencias y decidir si la enseñanza se debe impartir sólo en su propio idioma, si debe ser más importante el conocimiento del medio que las matemáticas o el inglés y, en definitiva, qué y cómo deben aprender sus alumnos.

Así que no es de extrañar que la Ley Wert, que intenta que los alumnos de toda España tengan unos conocimientos homogéneos sobre las materias fundamentales y que, si sus padres así lo desean, puedan adquirir los mismos en español, haya desatado también una oleada de furibundas protestas entre las Comunidades Autónomas.

La mayor parte de lo anterior los medios más críticos con la Ley Wert lo silencian y ponen el acento el espantoso hecho de que, si sus padres quieren, los alumnos puedan estudiar religión como una asignatura optativa más.

Es evidente que no comparto la gran mayoría de las críticas a la Ley Wert, pero me parece importante señalar que no todo en ella me parece bien: echo en falta una decidida apuesta por acabar con los abusos que se producen en los centros privados concertados, principalmente, en cuanto a la admisión e inadmisión de alumnos y en cuanto a cobro de actividades complementarias.

Estos abusos constituyen, además, la gran coartada de los centros públicos, cuyo fracaso es atribuido por sus profesores a la mayor proporción de inmigrantes que tienen en sus aulas, aunque hay quien piensa que, sin ellos, la desertización sería aún mayor (la disminución de los inmigrantes como consecuencia de la crisis no ha aumentado la matrícula de los centros públicos, todo lo contrario) y que por eso los de la “Plataforma” ponen el acento en lo perversa que resulta la libertad de elección de centro y no en acabar con los abusos de los concertados.

Ya hemos dicho que el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Wert, que probablemente se descafeinará en la tramitación parlamentaria pero, si a pesar de ello, se consigue mejorar algo, que nadie se preocupe, en las siguientes elecciones alguien prometerá a los “damnificados” que hayan perdido alguno de sus privilegios el volver a reintegrárselos a cambio de sus votos y de su apoyo; así funciona nuestra democracia. Y así nos va.

Creo que no descubro nada diciendo que el que cada Ministro continúe haciendo su Ley de Educación y que coexistan diversos planes de enseñanza es una auténtica locura y que resulta fundamental para nuestro país lograr un pacto educativo entre los dos grandes partidos. La situación de España no es casual, la educación es un ejemplo más de la carrera sin fin del “todo vale” para ganar apoyos y votos y nuestra clase política ha demostrado sobradamente lo que se puede esperar de ella: con la excepción, pobrecillo, del cándido Ministro Wert, el peor valorado de nuestros políticos, al que muchos en su partido miran con malos ojos porque piensan que les va a hacer perder apoyo electoral.

Adolfo Barrio