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Otras opiniones

La Ley beneficia al presunto abusador de menores del Samur Social

Marzo 3, 2013

He dudado a la hora de escribirle esta semana. Varios asuntos me rondaban la cabeza, el triple crimen de Sevilla, los líos de Bárcenas, el padre que se crispó escuchando los llantos de su bebé de 8 meses y la calló matándola de un golpe en Almería… De todos estos asuntos ya habrá recibido usted ecos, así que he decidido narrarle algo que escuché en un pasillo de los juzgados de Plaza de Castilla.

No le revelaré las circunstancias de cómo, cuándo y porqué estaba yo rondando cerca del juzgado de instrucción diecisiete de Madrid. Sí le contaré que mi oído, mi querida madre que en paz descanse siempre lo definió como tísico, pudo escuchar la siguiente frase: “Lo del abusador de menores del Samur Social no lo vamos a llevar nosotros. Nos vamos a inhibir”, se lo decía una mujer de mediana edad a un hombre más joven con evidente cara de satisfacción. Supongo que desde el punto de vista egoísta tras librase de una gran carga de trabajo. No repararon en mi presencia, porque si lo hubieran hecho no habría cazado el comentario al vuelo. Desde el punto de vista periodístico aquella frase era como la punta de un hilo. Me agarré con fuerza y decidí escalarlo hasta llegar al origen, hasta descubrir el hecho que justificaba el comentario que había resbalado en mis tímpanos.

Buceando en los hechos

Antes de nada le sitúo. Allá por el mes de noviembre de 2012, la esposa de Rafael Prado, trabajador del Samur Social, revisó su bolsa de deporte. Halló cuatro discos duros que le llamaron la atención. Así que ante la ausencia de su marido los enchufó a un ordenador sin saber que su iniciativa le iba a cambiar la vida para siempre. Encontró imágenes de su marido abusando de decenas de niños durante los campamentos en los que él ejercía de monitor en los veranos. Los pequeños de entre 6 y 12 años parecían no enterarse porque cometía sus aberraciones mientras ellos dormían en las tiendas de campaña. A pesar del brutal shock, la mujer supo guiar sus pasos hasta la Jefatura Superior de la Policía de Madrid y denunció a su esposo y padre de su hijo menor de edad.

No me quiero detener en los detalles, así que si le interesa el tema, un simple rastreo en la red le permitirá abundar en el caso. Sabe usted, todos los menores abusados son de Madrid, viven en la capital con sus padres, los abogados que han contratado también, al igual que los investigadores que han realizado todas las pesquisas y hasta ahora el juzgado que instruía la causa y donde se iban a juzgar los hechos era de Madrid. Pero hemos chocado una vez más con una Ley ingrata e insensible que dice que el juzgado competente para investigar los delitos es aquel del lugar donde se han producido. ¿Y dónde cometió los presuntos abusos sexuales el monitor depredador? Fue en Ponferrada durante un campamento de verano. Así que el juzgado de Madrid para cumplir la Ley se inhibe a favor del leonés.

¿Sabe usted que implica esto?

En esencia significa que habrá muchos padres que no llevarán a sus hijos tan lejos a declarar, lo que sin duda beneficia al abusador. Porque tener que acudir a Ponferrada, para los padres y para los hijos es una segunda victimación. Ya no solo es que fueran víctimas del delito es que ahora además deberán gastarse más dinero, porque cuando contrataron a sus abogados era para un juicio en Madrid. Ahora sus carteras deberán hacer frente a los gastos de desplazamiento de sus letrados, pero también de ellos mismos. Y si alguno quiere asistir al juicio completo para ver como cae todo el peso de la Ley sobre el “cerdo” que tocó a su hijo, además de la semana de vacaciones que deberá pedir, que vaya ahorrando para las comidas, las cenas, los desayunos, el hotel, la gasolina… Y todo porque lo dice la Ley.

A mí me parece bien que se proteja a las mujeres. La Ley de Violencia de Género estableció que el juzgado competente en casos de malos tratos es aquel en el que esté empadronada la víctima en el momento de comisión de los hechos. Es decir, que si vive en Barcelona, pero su marido le da una paliza en Valencia durante las vacaciones, será el juzgado catalán el que entienda del asunto. Es lógico, porque sino la víctima lo era por dos veces, por la paliza y por tener que irse lejos de su hogar a buscar justicia. Y si hemos introducido una modificación para ayudar a las féminas, ¿no es lógico hacerlo también con los niños?

Lo que me cabrea y me indigna no es que se esté cumpliendo escrupulosamente la Ley, sino que hay veces que el Supremo y el Constitucional se sacan de la manga interpretaciones contrarias a los que está escrito en la Ley y las convierte en válidas, a lo mejor por razón de oportunidad. ¿Y no se puede hacer lo mismo para defender los intereses de los niños?

Nacho Abad