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Otras opiniones

La gestión de los servicios públicos

Septiembre 30, 2013

Una vez que los calamitosos resultados en los ámbitos, económico, social y de libertades obtenidos en los países inapropiadamente denominados “comunistas” han destruido los sueños marxistas de nuestra juventud, a mí, como a tantas otras personas de izquierdas, solo nos queda apostar y apoyar resueltamente el llamado “estado social” que, manteniendo una estructura de producción capitalista (desgraciadamente no se ha encontrado alternativa) trata de que todos los ciudadanos, pero especialmente los menos favorecidos, gocen de las mayores prestaciones posibles por parte del Estado.

Me parece por tanto irrenunciable e innegociable el mantenimiento de los servicios públicos que, encabezados, por los relativos a la salud y a la educación, constituyen las señas de identidad del moderno estado social de derecho y creo que debemos centrar todos nuestros esfuerzos en que dichos servicios, de cuya prestación el Estado debe ser garante y responsable, no solo se mantengan, sino que se vayan extendiendo, sean cada vez mejores y más eficientes y la sociedad los aproveche en mayor medida.

Privatizaciones

No comparto, en cambio, la tesis que muchos, en general interesadamente sostienen, de que el mantenimiento de los servicios públicos pasa necesariamente por la gestión pública de los mismos. Haciendo un uso espurio del lenguaje, los defensores de estas tesis tratan de hacer creer que la llamada “privatización” de la educación, de la sanidad o de cualquier otro servicio público implica que el Estado se desentienda de su prestación y que dichos servicios públicos desaparezcan como tales debiendo los ciudadanos pagarlos de su bolsillo a las empresas privadas que los presten.

Aunque se trate de algo extraordinariamente burdo, es frecuentísimo el ver las pancartas y los eslóganes en los que se dice algo semejante a “¡no permitas que se suprima tu derecho a la sanidad (o a cualquier otro servicio público), no permitas su privatización!” e, increíblemente, muchas personas creen que, efectivamente, la llamada “privatización” de los servicios públicos, que no es sino la gestión de los mismos por empresas privadas en lugar de por funcionarios, implica que el Estado deje de garantizar su prestación y de pagar su coste.

Multitud de administraciones

Aclarado que la Administración, tanto si realiza directamente la prestación de los servicios públicos como si se la encomienda a entidades privadas, no puede jamás dejar de ser garante de su adecuado disfrute por todos los ciudadanos, el debate debe centrarse en lo que es: no en si se mantienen los servicios públicos para todos financiados con impuestos (ya hemos dicho que ello es irrenunciable), sino en si es más eficiente y beneficioso para la sociedad que su gestión sea pública o privada.

En España existen seis niveles generales de Administración (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Administración Central y Periférica del Estado y Administración Central y Periférica de las Comunidades Autónomas) y, adicionalmente, miles de entes de categorización variopinta (Organismos Autónomos, Entes Públicos, Empresas Públicas, Agencias, etc.) que al grito de racionalizar y simplificar la Administración se han ido creando, en los cuales tienen su puesto de trabajo una amplia diversidad de empleados públicos (funcionarios de carrera, interinos, eventuales, contratados laborales, contratados administrativos, personal de confianza política, trabajadores de empresas subcontratistas, etc.) cuyo número, según los administrativistas han denunciado reiteradamente, nadie conoce, pero que es indudable que debe cuantificarse en bastantes millones de personas; a ellos deben añadirse también las decenas de miles de políticos que ocupan los puestos directivos.

Pues bien, la justificación de la pléyade de Administraciones que hemos relacionado y de los millones de personas que, progresivamente y a través de métodos diversos (los funcionarios por oposición libre y competitiva son una minoría) encuentran en ellas su modo de subsistencia y el de sus familias, no es y no puede ser otro que la prestación de servicios públicos a la sociedad; el grueso de la Administración carecería de cualquier sentido y justificación si dejara de prestar directamente los servicios públicos; por tanto, el conglomerado de interesados en que dicha prestación  no se privatice es enorme y ello, me temo, está falseando el debate sobre su gestión que, en lugar de ser exclusivamente técnico y de eficiencia, cómo debería ocurrir, se ha convertido en esencialmente político y de intereses.

Lobby de la Administración

Existe un gigantesco lobby integrado en torno a los muchos millones de personas que se amamantan en las ubres de la imparablemente creciente vaca administrativa (cada plan de racionalización, simplificación y adelgazamiento acaba complejizándola y engordándola -espero poder en otro artículo explicarles cuales están siendo las consecuencias prácticas de la actual congelación de oposiciones y “amortización” de puestos de funcionarios-)  que considera que las comparaciones son odiosas y que todos los que no defienden, por principio y sin analizarla, la gestión pública -incluidos quienes  luchan, no solo por el mantenimiento de las actuales prestaciones y servicios sino por su ampliación y extensión a nuevos ámbitos y  sectores pero piensan que el Estado es un mal gestor- son peligrosos ultraderechistas liberales, enemigos de la clase trabajadora y del progreso social que pretenden la desaparición de los servicios públicos.

En mi opinión, no existe ninguna contradicción en ser socialmente progresista y estar a favor de la mayor redistribución posible de la riqueza y de la ampliación de los servicios públicos y creer que la Administración, al menos en España, es una mala gestora y que es preferible que los servicios públicos sean gestionados por las empresas privadas que, a través de concursos transparentes, ofrezcan hacerlo en las condiciones más ventajosas para la sociedad.

Creo que todas las personas progresistas estamos de acuerdo en que, en principio, los servicios públicos no deberían servir como fuente de negocio de las empresas privadas y que resultaría preferible una gestión pública que evitara dichos beneficios; el problema es que, quizá en países con una cultura y una ética distintas a las nuestras ello pueda funcionar, pero España, desgraciadamente, no es Alemania ni Suecia y nuestra cultura y nuestra ética es mucho más parecida a la de los países africanos y sudamericanos que encabezan los ránquines internacionales de corrupción. En España el ojo del amo engorda al caballo y, si no hay amo, la experiencia demuestra que el caballo inexorablemente enflaquece; en un país  en el que defraudar e infringir sin que te cojan son méritos a emular, las urnas “absuelven” a los políticos corruptos, el ser honrado levanta sospechas y conduce al ostracismo y el “aprovecharse” no suscita condena sino comprensión y envidia, es evidente que lo público no es sino un abonado campo de rapiña en cuya gestión vale todo.

Sector sobredimensionado

Los ejemplos pueden ser infinitos, pero no vamos a hablar de corrupción política y administrativa, ni de las Cajas de Ahorro, ni de televisiones autonómicas sin audiencia pero con más “trabajadores” que todas las cadenas privadas juntas, ni de las innumerables ineficiencias que en la Administración del “eso es competencia de otro”, “vuelva usted mañana” y “espere a que le contesten” están en la mente de todos, sino de servicios públicos aparentemente tan valorados como la educación y  la sanidad.

En educación,  en los colegios e institutos públicos imparten clase los profesores más brillantes y mejor preparados -son los que han sacado las oposiciones- que ganan casi un 50% más que los de los privados concertados y, además, tienen a su disposición muchos más medios, por lo que su coste por alumno y año es, según diversas estimaciones, al menos un 30% superior al de aquellos. No obstante, asombrosamente, los padres, de forma abrumadoramente mayoritaria, prefieren que sus hijos vayan a los centros privados concertados que a los públicos; mientras en estos se produce una progresiva desertización de sus aulas, aquellos tienen largas listas de espera. Claro que en los centros privados, a diferencia de los públicos, a los Directores y Jefes de Estudios no los eligen sus compañeros-subordinados y no dependen de estos para mantener su puesto y retribuciones y los profesores no tienen asegurado su puesto de forma vitalicia sino que  tienen que mantenerlo día a día en base a  los resultados que obtengan sus alumnos.

Privilegios de funcionarios

Por lo que se refiere a la sanidad, los cientos de miles de funcionarios del Estado que pertenecen a la MUFACE, pueden elegir todos los años entre que su asistencia sanitaria sea cubierta por el régimen general de la Seguridad Social o por la entidad privada concertada con la MUFACE (ASISA, ADESLAS, etc.) que elijan; pues bien, aproximadamente el 95% de los funcionarios eligen para ellos y sus familias las entidades sanitarias privadas y su “privilegiado ” régimen se mantiene, exclusivamente, porque el coste para el Estado es sustancialmente menor que si se acogieran al régimen general. Se ha estimado en al menos un 25% el ahorro persona-año que las entidades sanitarias privadas proporcionan a la MUFACE en relación con el de la Seguridad Social, es decir, lo que prefieren el 95% de los que pueden elegir es bastante más barato que lo que rechazan; y que ello ocurra en un ámbito aparentemente tan valorado socialmente como la sanidad pública donde, como en la educación, están sin duda los técnicamente mejores profesionales, parece bastante esclarecedor, tanto de los niveles de ineficiencia que la gestión pública estructuralmente implica cómo del falseamiento de la realidad de la opinión pública, que prefiere lo público…..para los demás; en este sentido el citado dato del 95%, absolutamente constatable, resulta abrumador.

En todo caso, lo que resulta evidente es que el debate precisa menos demagogia y falsedades y más rigor técnico. La coexistencia y competencia de la gestión pública y la privada, sin apriorismos ni descalificaciones previas, debería permitir realizar comparaciones objetivas que permitieran tomar decisiones y, además, tendría la ventaja, al menos potencial, de que podría ayudar a despertar a nuestro adormecido y elefantiásico sector público; aunque hay quien, después de trabajar 40 años en diferentes ámbitos de la Administración y del sector público y de haberlas visto de todos los colores, piensa que la frase “gestión pública eficiente” implica una contradicción en los términos y que solo los intereses mantienen una polémica que únicamente tendría sentido en una sociedad con unos valores morales totalmente distintos a los actuales de nuestro país; por ejemplo, yo mismo.

Adolfo Barrio