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No me moverán

Jueces

Abril 26, 2010

Todo el mundo habla de la independencia del poder judicial, pero nadie espera que la ejerza. Para reducirla, unos intentan presionar en la calle y otros denuncian ese intento. Ambos defienden sus posturas aludiendo a la democracia. Los manifestantes defienden su derecho a discrepar de las decisiones de cualquiera de los tres poderes del estado. Los que les critican opinan que sus manifestaciones presionan al poder judicial. En el primer grupo están dirigentes de izquierda, incluidos los líderes sindicales. En el segundo grupo los portavoces del PP.

Las dos posturas son contradictorias. En nuestra estructura jurídica el juez tiene que aplicar la ley. Su papel es interpretar si los hechos juzgados son contrarios o no a la norma. Las expresiones públicas externas no deben influir en su veredicto, por muy numerosas que sean. Los manifestantes no deben esperar influir en sus decisiones; tampoco los contrarios a sus manifestaciones deben esperar que influyan. Enzarzarse en esta discusión es desconfiar precisamente de la independencia de los jueces y distraer a la opinión pública de problemas como el paro. Es curioso que cuando el porcentaje de desempleo se acerca al 20%, los dirigentes sindicales estén más interesados en aparecer en una manifestación pro-Garzón, que en estudiar soluciones imaginativas para ayudar a la creación de trabajo.

Personalmente no me gustan las manifestaciones en la democracia, pero creo en el derecho a hacerlas. Desde las elecciones de junio de 1977 solo fui a una: la posterior al intento de golpe de estado del 23 F como diputado que era de la UCD. Defenderé siempre que otros se manifiesten; pero creo que el trabajo riguroso en la preparación de proyectos y el esfuerzo en la negociación es la clave de un buen servicio público en la democracia.

Los políticos y todos los que tienen cualquier función referida al bien público deberían tener como norma resolver problemas y no crear otros nuevos a los ciudadanos; que bastantes tienen. En ese sentido los propios jueces harían bien en evitar decisiones que creen problemas artificiales.

Para pertenecer al poder legislativo y el ejecutivo no se exige una preparación específica. Ha habido excelentes parlamentarios y buenos gobernantes sin una preparación reglada; también ha ocurrido lo contrario. En el poder judicial se requiere, como mínimo, una preparación universitaria; es, por tanto, esperable que su autorregulación sea eficaz.

Alfonso Guerra anuncio la muerte de Montesquieu, el teórico de la división de poderes. Se refería a que, en su concepción, los jueces responderían al color político del parlamento y su independencia sería limitada. Esperemos que no ocurra, que los órganos de gobierno de los jueces actúen con sensatez, porque muchas veces el mayor enemigo de una institución suelen ser sus propios componentes. El Consejo del Poder Judicial haría bien en no ser el principal obstáculo de su independencia. Para ello debe adelantarse a los conflictos, prevenirlos, resolverlos con eficacia y, sobre todo, evitar problemas artificiales.


José Ramón Pin Arboledas es Profesor del IESE y Director del Executive MBA Madrid