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Atando cabos

El último favor de Almunia

Julio 21, 2013

A Joaquín Almunia le quedan pocos meses de mandato como comisario europeo. A esto se le llama, o se le va a llamar, terminar con buen pie. Podrá haber hecho muchas cosas, contribuir como haya podido a la recuperación económica de la zona euro, o defender la moneda única y las políticas de ayuda, pero desde luego será recordado por su última gran obra: obligar a España a devolver un dinero cuando antes a otros países como Francia en las mismas circunstancias no se le ha obligado a lo mismo. Almunia quedará marcado por su última obra. Desde luego tendrá que pasar mucho tiempo para que pueda pasear tranquilamente por su Vizcaya natal sin que nadie le recuerde el gran y último “favor” a sus paisanos.

El Tax Lease es una fórmula que se pensó en 2002 para estimular la actividad en los astilleros y que se llama así porque es un leasing de barcos con beneficios en el “Tax”, o sea, fiscales. El objetivo final es que al armador que encarga la construcción de un barco le salga el pago más apañado y, sobre todo, más cómodo, sin necesidad de un gran desembolso previo. ¿Cómo se hace? Introduciendo en esta relación de dos –el armador que necesita un buque y el astillero que se lo construye– a un tercer actor, el que pone el dinero para que se construya el barco no porque le interese dedicarse a la mar sino porque eso le permite deducirse cantidades muy importantes en los impuestos que tiene que pagar (bonificaciones) por sus otras actividades. Bancos y grandes compañías, cuyo objetivo es poder rebajar lo que les toca pagar en impuestos, se unen para pagar la construcción del barco (a esto se llama AIE, Agrupación de Interés Económico) y, una vez terminado, se lo alquilan a quien, en realidad, lo va a utilizar y se lo va a quedar, el armador, abona un alquiler durante cuatro años y, terminado ese plazo, termina de pagarlo y se lo queda. Él consigue una fórmula de pago accesible, los astilleros consiguen que les encarguen barcos y los inversores consiguen rebajas fiscales. Todos contentos. 

No habrá banco ni empresa que quiera financiar la construcción de barcos

No habría pasado nada si no existiera una pugna comercial muy intensa entre los astilleros de los distintos países por ofrecer a los clientes potenciales condiciones de pago más interesantes que las que puedan ofrecer los demás. Todos los países con factorías dedicadas a la construcción de buques han ideado sus propias fórmulas para atraer inversión, muy a menudo basadas en incentivos de este tipo. No habría pasado nada si Holanda no hubiera denunciado a España por competencia desleal, denuncia a la que se sumaron Noruega, Francia, Finlandia y Portugal. La comisión europea tenía que dar respuesta a esa denuncia, pero la respuesta que ha dado Almunia ha sido muy distinta a la que dio cuando el mismo problema lo tuvo Francia. Los afectados lo que han venido explicando –y el gobierno y los gobiernos autonómicos han hecho suyo ese argumento– es que obligar a devolver las ayudas equivale a darle a la puntilla al sector de la construcción naval, porque no habrá ni banco ni empresa que quiera financiar ya la construcción de ningún barco.

Aunque los días iban pasando, desde el gobierno se han venido emitiendo mensajes esperanzadores. Extraoficialmente se mencionaba, primero, el frente común alcanzado entre el gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de las regiones afectadas; segundo, que el comisario de la competencia, después de todo, es español, y de Bilbao, no hay que explicarle a Almunia lo que fue Euskalduna o la grúa Carola; tercero, que el comisario de Industria, Tajani, es un gran amigo de España, algo podrá hacer para echar una mano; y cuarto que Rajoy tiene línea directa con Durao Barroso, cierto, que los dos se llevan estupendamente bien, muy cierto también, y que gracias a eso podrá persuadirle de que es descabellado clavarle ahora el arpón al sector de la construcción de buques que da trabajo a casi cien mil personas en España. Una, dos, tres y cuatro razones para confiar en que la exigencia comunitaria quedara en nada. Una, dos, tres y cuatro razones que no han servido para nada. La comisión ha emitido veredicto y toca pagar, devolver las bonificaciones concedidas desde 2007.

Sentencia de muerte a la espera del recurso

Y Almunia, que se sabe el malo de esta película, ha insistido en que la devolución no habrán de hacerla ni los astilleros ni los armadores, sino las empresas de las AIE, el tercero en la relación, los financieros. Lo que viene sugiriendo el comisario bilbaíno es que bajo la apariencia de una defensa de constructores y armadores lo que está haciendo la administración es defender a los bancos y las grandes compañías que encontraron en la financiación de buques una forma eficaz de reducir su factura fiscal, que es verdad que la encontraron, pero porque de eso se trataba, de atraerles a invertir en un sector que se desinflaba. Almunia dice no está en peligro la supervivencia de los astilleros, mientras la patronal del sector proclama que se ha dictado la sentencia de muerte del naval. El comisario recuerda que ahora está en vigor un nuevo régimen de ayudas fiscales bendecido por Bruselas y la industria responde que nos está tratando como a un país de tercera.

Lo próximo es el recurso que, contra la decisión, presentará el gobierno de España. Si, al final, tiene que ejecutar la instrucción de Bruselas, tendrá que llamar a la puerta de los inversores que financiaron los barcos para que devuelvan sus beneficios fiscales.

 Al comisario Almunia no le van a exigir que devuelva la nacionalidad española porque los comisarios, al realizar su labor (al menos en teoría) no tienen patria. Eso sí, cuando termine su mandato en la comisión el año que viene, Almunia igual decide empadronarse en Helsinki, y Rajoy celebrará una fiesta por perderle de vista y por el hueco que quedará en Bruselas para recolocar allí a alguno de los suyos.

Juan de Dios Colmenero es Redactor Jefe de Nacional de Onda Cero Radio