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No me moverán

El sistema de pensiones, ¿ en suspensión de pagos ?

Octubre 19, 2010

El debate de las pensiones está sustituyendo al debate político. En Francia, por ejemplo, llevan cinco huelgas generales en contra de las medidas del Gobierno Sarkozy que, entre otras cosas, quiere alargar dos años la edad de jubilación. En España los Sindicatos incluyen la defensa del actual ‘statu quo’ en las reivindicaciones que justifican la Huelga General y su alejamiento del Gobierno. Gobierno que ha anunciado que congela las pensiones para el 2011 y pretende alargar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Mi colega Nuria Más del IESE ha propuesto aumentarla hasta los 70 años. Los “cien economistas” han hecho también sus propuestas de reforma.
 
La racionalidad de estas políticas es económica. El reciente premio Nóbel de Economía, Peter Diamond ya dijo que habría que reformar el sistema porque en España “el coste de las pensiones de retiro crecerá mas rápido que la economía” (Issues in Social Security Reform with a Focus in Spain. 2001). Los estudiosos de las pirámides de población anuncian que van a dejar de ser pirámides y empezarán a tener forma de ‘pera invertida’. En el 2010 la Pirámide española ya es una pera invertida ¿Qué no pasará en el 2020 ó el 2030? Eso hace pensar que cada vez habrá menos cotizantes en edad de trabajar y más perceptores de prestaciones por jubilación. Con esas previsiones resulta racional lo propuesto por los diversos expertos y el Gobierno. Hay que reformar el sistema. Pero la racionalidad económica no es la única a tener en cuenta a la hora de decidir. Están también la racionalidad la jurídica,  la racionalidad ético-social y la política.
 
La racionalidad jurídica está relacionada con el cumplimiento del contrato realizado al cotizar. Entre el ciudadano y el Estado, en nuestro sistema de reparto, hay un contrato de contra-prestaciones. A cambio de las cotizaciones durante la época de trabajo el trabajador va adquiriendo unos derechos a percibir una serie de cantidades en su época de jubilación. La ruptura unilateral del contrato por parte del Estado puede ser jurídicamente impugnable, por vulnerar un derecho individual.
 
La racionalidad ético-social es diferente. Se puede argumentar que si no se corrige el contrato en el futuro algunas generaciones quedarán sin prestaciones de desempleo por quiebra del sistema. Se trata de defender el mayor bien para el mayor número de personas en un ejercicio de ética utilitarista a lo Stuart Mill. Los derechos individuales deben doblegarse a los de la mayoría.
 
La racionalidad política depende de la lógica democrática. En la medida que los votantes van envejeciendo el peso de los perceptores de pensiones aumenta electoralmente. Los gobernantes entonces procuran responder a sus intereses. Hasta ahora es lo que ha ocurrido. La actual situación se ha producido por no haber tomado posiciones con mayor racionalidad económica con anterioridad al haber primado la racionalidad política. Nos puede pasar con las pensiones lo que ocurre cuando una empresa, por mala gestión, ingresa menos de lo que paga; va directa a la quiebra.
 
Sin embargo, el derecho mercantil empresarial, cuando la quiebra es posible, reconoce la prioridad del bien común sobre el particular. Entonces se aplica la “suspensión de pagos” o “acuerdo de proveedores”. Eso sirve para evitar la quiebra provocada por una cascada de demandas incontroladas por parte de los acreedores que están dejando de cobrar su deuda en los vencimientos acordados. La suspensión de pagos supone alargar los plazos de pago y, casi siempre, una quita o reducción general de las deudas en mayor o menor porcentaje según la gravedad de la situación.
 
Algo similar se está proponiendo en el sistema de pensiones, alargar la edad de jubilación y luego reducir las cantidades a percibir ampliando los años de cotización a tener en cuenta. Por todo esto se puede afirmar que el sistema de pensiones español está entrando en ‘suspensión de pagos o acuerdo de proveedores’ para evitar la quiebra.


José Ramón Pin es Profesor del IESE. Titular de la Cátedra de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública