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Otras opiniones

El problema catalán

Octubre 6, 2013

En Cataluña, que forma parte de España desde la creación de esta en el siglo XV, existe desde antiguo un sentimiento de diferenciación respecto al resto de los territorios que la integran el cual dio lugar a la aprobación durante la segunda República de un Estatuto que creó la “Generalitat” y le otorgó un “modesto” (considerado desde la perspectiva actual) grado de autonomía respecto al resto del Estado Español.

Como ustedes saben, el franquismo derogó dicho régimen especial y, a la muerte de Franco y con la implantación de la democracia, Cataluña, como el País Vasco que también había gozado de un régimen semejante y donde se producían similares circunstancias, reclamó que el mismo fuera restaurado. Ello desencadenó un proceso que afectó al conjunto del Estado Español y que, visto con casi 40 años de perspectiva, en opinión de muchos no puede ser considerado sino aberrante.

La ficticia creación de las autonomías

Para frenar el autonomismo Catalán y Vasco, el Gobierno del, en mi opinión, sobrevalorado presidente Suarez, estableció un absolutamente artificial  régimen general de “preautonomías” en todo el territorio del Estado (se crearon 17); los esfuerzos del ministro Clavero Arévalo para convencer a los ciudadanos de todas las regiones de la necesidad de recuperar su “identidad histórica” (lo que a la mayor parte de ellos les sonaba a chino, llegando los de alguna provincia, como Almería, a votar en contra) y los concursos organizados para inventar himnos y banderas, resultarían risibles si no fuera por las consecuencias que desencadenaron y que actualmente padecemos.

 La idea inspiradora del modelo de organización territorial basado en el “café para todos”, que pasó a la Constitución y  desembocó en el sistema autonómico que actualmente “disfrutamos” era que, especulando con que todas las regiones españolas tenían tanto derecho a la “autonomía” como los catalanes y los Vascos, crear un régimen autonómico igualitario y, jugando con el catastrofismo y con la “imposibilidad” y el “absurdo” de que en toda España, paradigma hasta entonces del estado centralista, se duplicara la estructura del Estado y se estableciera un régimen de descentralización política y administrativa tan desarrollado como el que, para sus territorios, reclamaban los nacionalistas catalanes y vascos, atemperar las reivindicaciones de estos.

Resultados contrarios a lo esperado

Los resultados, para su desgracia, ya los conocen ustedes: los nacionalistas catalanes (y vascos), que lo único que en principio pretendían era que se les reconociera una identidad propia dentro del Estado Español plasmada en un régimen diferenciado del aplicable en el resto de este y que públicamente habían dicho (Presidente Tarradellas) que a lo que aspiraban era a la restauración de la “Generalitat” y al reconocimiento dentro de España de un régimen de autonomía que reconociera sus peculiaridades y su identidad similar al que tuvieron en los años 30 del siglo pasado, se vieron impelidos, para conseguir la diferenciación pretendida, a un proceso de progresivas reivindicaciones competenciales que creó una imparable espiral ya que, a medida que iban siendo concedidas, el sistema igualitario las extendía al resto de las regiones, lo cual generaba nuevas reivindicaciones en las que se repetía indefinidamente el proceso.

Las consecuencias están a la vista de todos: partiendo de que España sigue siendo formalmente un estado unitario y manteniendo e incluso incrementando las estructuras del poder central (basta ver la evolución de los organigramas de los Ministerios), hemos creado otros 17 miniestados a los que ya no quedan más competencias que atribuir; como, salvo pedir dinero, a los nacionalistas catalanes no se les ocurren más competencias que reivindicar, lo único que les queda, y es el proceso en el que están actualmente embarcados, es reclamar la independencia.

A los partidos nacionalistas catalanes, cuya lógica existencial está, como se ha dicho, en reivindicar una identidad catalana distinta de la del resto de España, una vez que están convencidos de que ya no quedan más competencias que asumir y que, además, si ello fuera posible, se extenderían al resto de la Comunidades impidiéndoles alcanzar el régimen diferenciado al que aspiran, no se les ha dejado otra salida que la de tratar de conseguir la independencia, y en ello están.

Teóricamente, y una vez diagnosticado el problema y sus causas, la solución estaría en dar marcha atrás, reformar la Constitución y establecer  un sistema general de mera descentralización administrativa compatible con el mantenimiento de un régimen diferenciado de mayor autonomía en Cataluña y el País Vasco. El problema es que, una vez hechas las cosas mal, la vuelta atrás resulta muy complicada:

Por una parte, el entramado de intereses que se han creado en todas las Comunidades autónomas para mantener el actual régimen es gigantesco, piénsese simplemente en los millones de funcionarios y políticos autonómicos que, junto con sus familias, viven de ello. Por otra, para los nacionalistas catalanes y vascos, cada posición conquistada, no solo es irrenunciable, sino que constituye el punto de partida para nuevas reivindicaciones posteriores.

Abordar el problema

Aunque, pese a las dificultades, habrá que abordar el problema y tratar de racionalizar el sistema modificando la Constitución en la línea señalada, lo más urgente en este momento respecto al “problema catalán”, dada la dimensión y el cariz que va adquiriendo, es adoptar decisiones en relación con la deriva independentista que, sin oposición de nadie y con complicidad de muchos, va engordando cada día como una bola de nieve y, para ello, resulta imprescindible dejar de contemporizar, dejar de negociar nuevas cesiones que solo sirven para  dejar claro a los nacionalistas lo rentable de  sus reivindicaciones, dejar de fomentar que el problema se vaya extendiendo y pudriendo y clarificar de una vez por todas la posición del Estado.

Y ¿qué significa lo anterior?: pues, en primer y fundamental lugar, fijar de una manera firme y definitiva la posición de España en relación con la independencia de Cataluña. La Constitución se aprobó hace cerca de 40 años en unas circunstancia muy especiales; teniendo en cuenta lo que ha llovido y lo que llueve, coincido con los nacionalistas catalanes en la necesidad de realizar un referendum sobre la independencia de Cataluña; la diferencia está en que el mismo se debería celebrar en toda España y versaría sobre si el conjunto de los españoles están o no de acuerdo con el pretendido derecho de autodeterminación y eventual independencia de Cataluña.

Referéndum nacional

 Si el resultado de dicho referéndum nacional fuera favorable a la autodeterminación reclamada por los partidos nacionalistas catalanes, no solo debería modificarse la Constitución para permitir la posible independencia de Cataluña y dejar de poner trabas al referéndum interno propuesto por aquellos, sino dejar claro que, si  el resultado de este fuera favorable a la independencia, España apoyaría al nuevo estado catalán en todos los ámbitos, incluido el de su integración en la Unión Europea.

Si, por el contrario, y como parece más probable, el conjunto de los españoles rechazase la posibilidad de que una parte del territorio español se independizase, quedaría despejada cualquier duda sobre lo que sobre dicha cuestión piensan los titulares de la soberanía nacional, y los poderes públicos quedarían mandatados para actuar en consecuencia prohibiendo los partidos que incluyesen en su programa la inconstitucional pretensión del separatismo y adoptándose las medidas, respaldadas por toda la fuerza del Estado, para dejar claro a los partidos nacionalistas que ni la independencia ni ninguna actuación dirigida a conseguirla serían jamás toleradas.

El descarte definitivo de la opción independentista, aparte de, previsiblemente, servir para frenar el progresivo avance de los partidarios de esta, tendría la ventaja de que propiciaría el abandono de la política de cesión ante los chantajes económicos y competenciales nacionalistas que, con gobiernos de todo signo, desde la aprobación de la Constitución se ha venido siguiendo y debería ir acompañado de la utilización de la citada fuerza del Estado para conseguir que en Cataluña y en el resto del territorio nacional se respeten todas las reglas constitucionales y legales en las que se plasma el carácter único del Estado español; aunque ello suponga dar algún susto a los incumplidores.

 El gasto en zanahorias ha arruinando y sigue arruinando a España y solo ha servido para fomentar el independentismo; probablemente es el momento de, una vez cargados de razón y con el apoyo explícito del conjunto del pueblo español, utilizar con mesura el palo contra los que sistemáticamente vulneran la legalidad; muchos catalanes y vascos, incluidos los que han visto y se están viendo obligados a emigrar a otras regiones y que, con razón, se sienten abandonados por España, lo agradecerían.

Adolfo Barrio