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No me moverán

Educación diferenciada e Igualdad de trato

Enero 17, 2011

El Gobierno no es partidario de la Educación Diferenciada. Del párrafo segundo del artículo 16 del Anteproyecto de Ley de Integral para la Igualdad de Trato y La No Discriminación se deduce que los colegios privados adscritos a esa corriente educativa, que separa las niñas y los niños, tendrán dificultades para acceder al concierto con la Administración Pública; es decir, a recibir ingresos públicos por su labor educativa, teniéndose que reconvertir en lo que conocemos como colegios privados de pago. Mientras que en el concertado los gastos básicos corren a cargo de subvenciones públicas.

Según este anteproyecto el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos está en contradicción con la igualdad de trato a todos los ciudadanos que debe proteger el Estado. No la prohíbe, pero puede ahogarla financieramente. Según sentencias del Tribunal Supremo es legal negar el concierto a un colegio diferenciado. Pero, igualmente, era legal dárselo. De hecho en unas Comunidades Autónomas se les ha quitado el concierto y en otras se les ha mantenido. A partir de la aprobación de la ley de igualdad de trato, si no se cambia el articulado del anteproyecto, será ilegal concederlo.

La discusión es: a) ¿es la educación diferenciada un ataque a la igualdad entre sexos?; b) ¿el derecho de los progenitores  a elegir es inferior, igual o superior al deber del Estado de defender la igualdad? Claro está que sí la respuesta a la primera pregunta es negativa la segunda cuestión sobra. Muerto el perro se acabó la rabia. Si no hay ataque a la igualdad tampoco el Estado tiene que defenderla.

La educación diferenciada consiste en separar niños y niñas durante su época escolar y el bachillerato; hay varias modalidades: la separación puede ser en las aulas, las instalaciones o incluso en instituciones distintas.

Los partidarios de la misma argumentan que, en términos generales, durante el desarrollo de la niñez y la pubertad la evolución cognitiva, física y afectiva de ambos sexos es diferente. Por tanto, en términos generales es adecuado tratarlos de manera distinta (de ahí el apellido de diferenciada). Así cada sexo lleva consigo una educación que se adecua a su proceso de maduración. Como la justicia consiste en tratar a cada uno según sus circunstancias es más justo tratar cada género de forma diferente. Si sus argumentos son correctos no sólo no hay ataque a la igualdad con la educación diferenciada, sino que, al contrario, ésta es la verdadera igualdad y para ello aportan estudios científicos y estudios estadísticos de éxito escolar. Aducen, por ejemplo, que en determinadas zonas de Estados Unidos, incluyendo New York, la separación de niñas y niños en escuelas públicas disminuye el fracaso escolar. Por tanto, el Estado debería respetarla e incluso apoyarla cómo hace la Administración Obama.

Los contrarios a este tipo de educación consideran que al haber separación de sexos no prepara para la convivencia en una sociedad en la que se desea que no haya discriminación de género. A ello contestan los partidarios de la educación diferenciada que pueden, igualmente, formar para la no discriminación que en la co-educación y que los niños y niñas conviven en otros ámbitos como es el tiempo extraescolar, la familia,… Los no partidarios contra-argumentan diciendo que la falta de convivencia en las tareas escolares con personas de otro género les aleja del entrenamiento necesario para su futura vida en sociedad.

Ambos argumentos parecen razonables a los ojos del ciudadano neutral, perplejo ante una discusión tan compleja y técnica. Al final su opinión, salvo que esté incluido en una u otra corriente, es que cada madre/padre haga lo que quiera, lo que crea mejor para sus hijos. A ello hay que añadir todos los padres/madres son contribuyentes y tienen el mismo derecho, salvo que inculquen las leyes justas. Si se tratase de familias con distintos niveles de ingresos, el principio de igualdad de oportunidades y solidaridad conduciría a concertar los colegios de niños de familias con menos ingresos. Pero, puede haber dos familias con los mismos ingresos y elecciones e ducativas distintas: diferenciada o co-educación ¿Por qué discriminarlas si una es partidaria de un tipo de educación para sus vástagos?

 

En conclusión hay argumentos para todos los gustos. Debería dejarse la solución a los expertos y, en todo caso, a la libertad de elección sin c ondicionarla. Pero, el tratamiento que le da el Anteproyecto es ideológico como nos tiene acostumbrada la política actual. Una discusión que, además, conviene a un gobierno experto en exacerbar las posturas de las dos Españas, para mantener en tensión a sus partidarios y diluir debates más profundos ¿No estará el Proto-Presidente Rubalcaba detrás de ello?

 

 

J.R. Pin Arboledas es Profesor del IESE. Director del Executive MBA en Madrid