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Atando cabos

Doctrina contra asesinos

Marzo 18, 2013

Sinceramente creo mucho más en el criterio jurídico de nuestro Tribunal Constitucional o de nuestro Tribunal Supremo, que en el que pueda tener el Tribunal de Estrasburgo en relación con la doctrina Parot. Es una doctrina legal y necesaria. Y no vale el que digan que los tribunales españoles tienen una “especial sensibilidad” sobre el fenómeno del terrorismo de ETA o que aplican con un interés político determinado una decisión que afecta al ámbito penitenciario. No me vale porque por esa misma regla de tres, Bildu no estaría legalizada en la actualidad, o el Tribunal Supremo no habría examinado con lupa cada vez que un partido de la izquierda abertzale pretendía presentarse a los comicios y finalmente lo conseguían. Y tampoco me vale ese argumento de la “especial sensibilidad” porque la doctrina Parot no sólo afecta a terroristas de ETA sino a otros tantos sanguinarios asesinos y violadores que han visto incrementadas sus penas.

El próximo miércoles, el derecho penal español tiene una cita crucial en Estrasburgo. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) celebra la vista para analizar el recurso del Gobierno contra la sentencia del pasado 10 de julio, que afecta en principio a la etarra Inés del Río y en la que el mismo tribunal consideró que la llamada doctrina Parot vulnera los derechos fundamentales. Al margen de la consideración moral que supone respetar los “derechos humanos” de una persona que ha asesinado a más de 20 personas y no respetar los derechos de sus víctimas, el argumento jurídico esgrimido por la Abogacía del Estado es impecable: la doctrina Parot no es una ley, sino una interpretación jurisprudencial sobre la ejecución de las sentencias, algo que corresponde al ámbito de decisión de cada Estado.

Los beneficios penitenciarios no forman parte de las condenas

La Abogacía del Estado hace hincapié en que desestimar el recurso de España supondrá apartarse de la doctrina del propio Tribunal Europeo, que hasta ahora había defendido que los beneficios penitenciarios no forman parte de las condenas y, por lo tanto, no están protegidos por el principio de “irretroactividad“.

Apela también a la “excepcional repercusión social” que tendría derogar esta doctrina, con la consiguiente “alarma social“, que provocaría que no solo más de medio centenar de presos etarras salieran de prisión, sino también la posible excarcelación de criminales como violadores o asesinos en serie. Y es que a pesar de que la sentencia hable sólo del caso de la etarra Inés del Río, condenada a 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos, una resolución favorable a la etarra supondría una cascada de recursos que provocaría una enorme alarma social.

En su misma situación estaría, por ejemplo, Domingo Troitiño, uno de los etarras que perpetró la matanza de Hipercor, con 21 muertos, o Juan José Zubieta, condenado por el atentado en la casa cuartel de Vic, en la que murieron once personas, entre ellas cinco niños. O Juan José Legorburu, alias “Txato“, condenado a 746 años por diversos atentados y ocho asesinatos, entre ellos el del jefe de la Policía Municipal de Amorebieta (Vizcaya) en 1979, o Juan Carlos Arruti, alias “Paterra“, que cumple una pena de más de 1.200 años por catorce asesinatos. Son algunos ejemplos de los 54 presos de ETA que saldrían en libertad de derogarse la doctrina Parot.

También saldrían en libertad violadores, asesinos en serie y miembros del Grapo

Pero no solo reclusos de ETA estarían afectados por la decisión. Los futuros recursos podrían afectar, y por tanto ser excarcelados, siete miembros de los GRAPO, entre ellos Guillermo Vázquez Bautista, condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles en Gijón en 1989. Lo mismo ocurriría con Ismael Miquel Gutiérrez, jefe del comando de los GAL que asesinó a un ciudadano francés en 1985, o con Josefa Rodríguez Porca, miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego (EGPG) y condenada a 84 años de prisión por el asesinato de un guardia civil en 1989.

Como la doctrina Parot se aplicó a delincuentes que acumulaban tres o más condenas cuya suma aritmética fuera mayor que la pena más grave, también podrían beneficiarse de su derogación criminales como Miguel Ricart, uno de los autores del asesinato de las tres niñas de Alcácer en 1992.

O Pablo Manuel García Ribado, condenado a más de 1.700 años de prisión por 74 violaciones entre 1990 y 1993, conocido junto a Antonio Barroso como los “violadores del portal” porque agredían a las mujeres cuando entraban en sus domicilios.

La Jurisprudencia española se la juega en Estrasburgo. Sinceramente, no creo que sea una vulneración de los derechos humanos el cumplimiento íntegro de las penas. Es una doctrina contra los asesinos avalada por nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional.

Juan de Dios Colmenero es Redactor Jefe de Nacional de Onda Cero Radio