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Otras opiniones

Dilema antijudicial

Noviembre 12, 2012

Esta mañana “haciendo pasillo” (como de costumbre, ya que los juzgados son como la consulta del médico en cuanto a la estimación en relación a la duración de cada juicio) me he encontrado con un conocido letrado con el que hacía tiempo que no coincidía. Desesperado y con la impotencia propia de quien se da de cabezazos contra un muro, me contaba algo que, antes o después o incluso constantemente, hemos sufrido todos y cada uno de los que nos dedicamos al Derecho Penal: El Tribunal Supremo le  estaba inadmitiendo de raíz todos los recursos de casación que interponía sin entrar, siquiera, a resolver sobre su estimación o desestimación.
 
Es cierto que un momento determinado de la conversación, entre crítica y crítica, han salido a relucir algunos recursos que sí nos fueron admitidos (unos estimados y otros desestimados), tanto suyos como míos, pero su indignación y, por contagio, la mía iban en aumento al recordar que se trataban de recursos que interpusimos en procesos muy mediáticos. En asuntos en los cuales se había hecho público que las partes habían interpuesto recurso de casación. Casos en los que los ciudadanos estaban pendientes de la resolución de dichos recursos por parte del Alto Tribunal. Inevitablemente, como no podía ser de otra manera, ambos al unísono hemos pronunciado la misma frase: “Pues en el tema de Marta del Castillo han sido admitidos y hasta han celebrado vista, fíjate tú, como marca la Ley”. 
 
La crítica no viene, obviamente, porque en el caso de Marta del Castillo o en cualquier otro caso mediático se haya admitido el recurso y señalado vista para su resolución, como debe ser puesto que así lo dispone el artículo 893 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino porque en los procesos no mediáticos (en el improbable caso de que el recurso sea admitido) casi nunca se señala vista para su resolución.
 
Inducción al suicidio
 
Todo ello me sumerge en esos quebraderos de cabeza que a veces me asaltan acerca de esta nuestra justicia y que no suelen ser comprendidos,  quizá por mi dificultad para trasladar al papel aquello que en mi cabeza fluye con normalidad, quizá también porque me resulta difícil traducir ciertas ideas del “jurídico” al “castellano”. Les voy a poner un ejemplo: varios conocidos me han preguntado (se corre la voz de algo y es imparable) que sí el artículo 143.1 del Código penal castiga a aquel que induzca al suicidio, ¿no tendrían que imputar a los banqueros y a los jueces por cuyas gestiones alguien se ha suicidado? Mi respuesta es simple: Eso no es inducción. La contra-réplica es simple también: ¿Cómo que no? Si no les hubieran desahuciado no se habrían suicidado. Cierto, pero jurídicamente eso no es inducción. Otro ejemplo de esa dificultad, ya que estábamos con  los recursos de casación interpuestos en el caso de Marta del Castillo, lo encontramos precisamente aquí. En mi opinión, el “asesinato” está forzado. Tarea ardua explicar las razones. Cuando lo he hecho he sido malinterpretada. Ya no lo intento más.
 
Los derechos de los ciudadanos
 
Pero volviendo a ese dilema sobre nuestra in-justicia (no crean que había perdido el hilo) que les decía que de vez en cuando me asalta y refiriéndome en concreto al de esta mañana, las preguntas son: ¿Qué está pasando en España con el derecho al recurso de casación penal, como uno de los contenidos del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por nuestra Constitución? ¿Por qué la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmite de raíz la gran mayoría de los recursos que son planteados? Recursos de casación de ciudadanos que, habiendo obtenido una sentencia condenatoria, acuden, con todo el derecho que nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución Española les confiere, al Tribunal Supremo, confiando en que éste, como órgano superior, va a revisar el fallo condenatorio y la pena impuesta, como debe ser.
 
Infringiendo derechos fundamentales
 
Compartiendo la opinión del Barón de Montesquieu, en cuanto a que “una injusticia hecha a un individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”, se me presenta, cuanto menos, cuestionable, en un Estado que pretende ser de Derecho, vetar el acceso al recurso de casación por una pretendida vía legal como es la indamisión de raíz, pues si bien es cierto que esta se encuentra contemplada, y en principio según reiterada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional mantiene garantizado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, también lo es que únicamente lo garantiza en los casos en que esta sea justificada, motivada y basada en una causa legal existente y razonable, así como cuando no sea consecuencia de un error imputable al órgano judicial. Pero sobre todo, ha de estar fundamentada en una causa real.
 
Y fuera de estos supuestos y a falta de estos requisitos, la inadmisión de un recurso legalmente establecido, como es el de casación penal, infringe el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque el Tribunal debe ser favorable, no ya a la estimación del recurso, pero sí a su admisión a trámite. ¿Cómo es posible, entonces, que el Tribunal Supremo esté inadmitiendo recursos de casación que cumplen escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos y límites casacionales, basándose en razonamientos que nada tienen que ver con lo expuesto y denunciado en esos recursos inadmitidos?
 
Es decir, si lo que se denuncia es la vulneración de algo muy concreto, susceptible de ser planteado en casación y el recurso ha sido suficientemente analizado, como por demás debiera ser obligado, ¿cómo se puede fundamentar la inadmisión en algo distinto a aquello que se planteaba? 

Explicaciones difícil de asumir

 
Personalmente, me resulta difícil asumir la explicación que me acude a la cabeza, pero concretando un poco más el debate que asola a los que, creyendo aún en nuestro Sistema Judicial, nos levantamos cada mañana intentando hacer nuestro trabajo de la manera más justa pero dándonos de bruces día tras día, estimo necesario poner de manifiesto, si quiera apuntar, la vulneración más flagrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que sufrió uno de esos ciudadanos que recurrió en casación por una manifiesta ausencia de efectiva contradicción en las manifestaciones que  sustentaron una condena de 18 años de prisión, en las que además no concurría ni uno sólo de los requisitos que han de ser tenidos en cuenta para que estas declaraciones (las de un arrepentido) puedan ser valoradas como prueba de cargo capaz de enervar la presunción de inocencia e, inexplicablemente, obtuvo un auto de inadmisión basado en la libre valoración de la prueba que ostenta el tribunal de instancia y, por tanto, vedada en casación.
 
Un auto, que habiendo sido dictado como consecuencia de ese evidente y patente error imputable al órgano judicial ha confundido, o eso prefiero creer, la libre valoración de la prueba, con la falta de racionalidad y de razonabilidad de la inferencia probatoria llevada a cabo por la sala de instancia, al dotar de validez a unas declaraciones que, creíbles o no creíbles, lo mismo da, no tenían virtualidad alguna para ser valoradas, ni en un sentido, ni en otro. Así de sencillo, pero así de claro.
 
Pues el principio de contradicción (igualdad de armas entre acusación y defensa, derecho que ostentan los abogados defensores a interrogar a aquel que acusa a su defendido) es uno de los pilares del sistema acusatorio como reflejo del auténtico proceso penal democrático,  en contraposición con el inquisitivo. Y cuando, como es el caso, durante la instrucción del procedimiento, las defensas no pudieron interrogar, por causas ajenas a su voluntad, al “acusador-coimputado-arrepentido o pentiti” (híbrida figura objeto de un constante y polémico debate político criminal que llena monografías, y que se remonta a tiempos de Beccaría y Benthan) y sus declaraciones no han podido ser reproducidas legalmente durante el juicio oral (único momento en que los indicios son elevados a verdaderas pruebas) y además éstas constituyen la única base para condenar, es evidente que la libre valoración de la prueba que ostenta el tribunal no puede operar, pues en este caso no hay prueba que valorar. Y esto es de una claridad meridiana.
 
Sigo sin asimilar las respuestas a las cuestiones planteadas más arriba, o quizá sea que prefiero no hacerlo, pero lo cierto es que esta mañana mi colega me ha introducido de nuevo en ese dilema antijudicial e inquisitivo que me asaltó por primera vez cuando mi cliente me preguntó en aquella ocasión: ¿Por qué me inadmiten el recurso, si tengo razón? Mi respuesta fue: “Las cosas han cambiado, hace unos años (muchos) hubiese sido admitido, y por tanto revisado, y en consecuencia estimado. Hoy el Tribunal Supremo está colapsado, tiene mucho trabajo. Y tú caso no es popular”.
 
Bárbara Royo