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Otras opiniones

Corporativismo y clientelismo

Mayo 26, 2015

¿Qué tienen en común, los estibadores portuarios, los estanqueros, los notarios, los ujieres de los centros públicos,  los bomberos, los farmacéuticos, los profesores de la enseñanza pública, los controladores aéreos, los taxistas, los registradores de la propiedad, los médicos de la seguridad social, los conductores de la EMT, los prácticos de los puertos, los maquinistas de RENFE y los que ejercen otras múltiples profesiones que ustedes podrán enseguida deducir?

Pues un régimen económico y laboral privilegiado respecto al general de los trabajadores de categorías equivalentes que para ellos es prioritario mantener y que depende de decisiones de los poderes públicos

Medidas que perjudican a la clase trabajadora

El sistema profesional y económico de nuestro país conserva todavía gran parte de las características acuñadas por el franquismo (mucho sector público ineficiente, mucho intervencionismo y muchos privilegios) que, a su vez, estaban en buena medida inspiradas en el sistema paternalista, corporativista y gremialista del fascismo y que, además, se han multiplicado como consecuencia de la proliferación de Administraciones inherentes al Estado Autonómico y ello constituye sin duda un pesado lastre para la economía y la justicia social contra el que ningún partido político parece estar dispuesto a hacer nada; todo lo contrario.

El Partido Popular, que presume de “liberalizador”, ha realizado desregulaciones en el  mercado de trabajo que han perjudicado gravemente de manera global a la clase trabajadora, pero no se ha atrevido, en cambio, a cuestionar privilegios corporativos que le enfrentarían con múltiples sectores concretos privándole de su apoyo electoral. Un ejemplo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que los privilegios de los estibadores portuarios, que hacen que algunos de ellos ganen más que el Presidente del Gobierno, contradicen la normativa comunitaria, pero las propuestas de los técnicos para modificar la situación han sido drásticamente frenadas y pospuestas “sine die” por la Ministra de Fomento sobre la exclusiva base del perjuicio electoral que ello implicaría para el partido que lo hiciera.

Demagogia de izquierdas

Peor todavía es lo de los partidos de “izquierdas”, con la demagogia de Podemos arrastrando a los demás, que, en lugar de tratar de encontrar los métodos más eficientes para conseguir la mayor justicia social y el mayor bienestar posibles para todos, centran su estrategia en el apriorismo de una gestión pública directa y generalizada de la economía (caracterizada intrínsecamente por la connivencia de políticos, directivos, sindicatos y trabajadores), no solo garantizando su estatus a la multitud que ya se alimenta en la teta presupuestaria, sino pretendiendo aumentar exponencialmente su número para crear así una sólida mayoría de estómagos agradecidos y dependientes (como la de Andalucía o Asturias, donde un análisis sociológico de la población constituye  la prueba irrefutable de la concepción materialista de la historia: dime de que vives y te diré como piensas y a quién votas).

De manera suciamente interesada y engañosa intentan hacer creer que el mantenimiento de los servicios públicos es inseparable de la gestión pública directa de los mismos, y parce claro que la razón no es otra que garantizarse la fidelidad de los millones de personas que trabajan en ellos en condiciones normalmente privilegiadas y de los muchos más que pretenden incorporar; no creo que Pablo Iglesias esté más a favor que yo de que el Estado garantice justicia social y servicios públicos universales y gratuitos (más bien al contrario), pero creo que deberíamos poder escoger entre los gestionados de forma pública directa y privada concertada y que ambos tipos de gestión deberían poder competir en condiciones de igualdad: gratuitos para los usuarios y con un coste similar para el erario público; y que la gente elija.

Desmantelar el sistema clientelista

Si la sanidad o la enseñanza  gestionadas directamente por el Estado no son más caras para este que las privadas concertadas y los usuarios, pudiendo elegir, las prefieren, estupendo, como las privadas no deben gozar de una financiación pública superior ni de ningún privilegio, desaparecerán por si solas sin necesidad de que Podemos las  prohíba. Pero la realidad parece demostrar exactamente lo contrario: las largas colas en los colegios privados concertados contrastan con la desertización de las aulas de los públicos que tienen un coste alumno/año para el Estado bastante superior y los funcionarios, que podemos elegir entre la atención sanitaria del régimen general de la Seguridad Social y el de las entidades privadas concertadas, elegimos en más de un 95% estas últimas, pese a su coste persona/año para el Estado es considerablemente menor que el de la Seguridad Social.

España necesitaría imperiosamente desmantelar el sistema corporativista y clientelista, profundamente arraigado y con múltiples manifestaciones, que nos impide dar el salto definitivo para incluirnos entre los países punteros del mundo, y para ello, aparte del arrojo de enfrentarse con quienes defienden sus privilegios, probablemente bastaría con dar una explicación clara de cuáles son los costes y resultados de las opciones alternativas pero, prometan lo que prometan y cualquiera que sea su partido y su teórica ideología, por razones clientelistas los políticos suelen hacer exactamente lo contrario.

Promesas incumplidas

Piénsese, por ejemplo, en la promesa del PP de adelgazar la Administración y su contraste con el mantenimiento de las Diputaciones Provinciales, de miles de pequeños ayuntamientos sin capacidad de prestar servicios, solo de pagar sueldos de concejales y enchufados y de miles de entes públicos, empresas y organismos en todos los niveles de la Administración que en múltiples casos, fuera de para colocar afines en condiciones privilegiadas, nadie sabe para qué sirven (el PSOE y otros partidos no han hecho nada distinto); o en que ningún partido, incluido el PP, nos haya dicho los costes económicos respectivos persona/año de los sistemas de gestión pública directa y de gestión privada concertada en los múltiples servicios públicos en los que dichos datos deberían estar disponibles (nadie está dispuesto a asumir los costes clientelistas y de poder del desmantelamiento de la gestión pública directa que dichos datos previsiblemente exigirían); o en que la respuesta a la manifiestamente ilegal decisión de no realizar en muchos colegios públicos las pruebas de evaluación promovidas por el ministro Wert, que permitirían, entre otras cosas, la realización de estimaciones comparativas, vaya a ser la destitución de dicho ministro, en todo caso esperable si se tiene en cuenta que, además, pretende que los profesores de la enseñanza pública dejen de elegir entre ellos los Directores y Jefes de Estudios que, teóricamente, controlan su trabajo.

Adolfo Barrio