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Otras opiniones

Comisión de quejas de la FAPE: ¡aprende la lección que da una magistrada-jueza!

Junio 17, 2014

Éste es el cuarto artículo que escribo sobre la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). Los títulos de los anteriores son: «¡Mucho ojo con la Comisión de Quejas de la FAPE! (Parte I)», «Comisión de Quejas de la FAPE: ¡Mucho ojo! (II Parte)» y «Comisión de quejas de la FAPE: toda precaución es poca». Además, los he publicado también en inglés.

El diario digital universitario «Ibercampus» promovió una petición, a través de la Plataforma Change.org.  para que la Comisión pusiera su reloj jurídico a punto. En un tiempo récord, y en pleno mes de Agosto de 2013, 2.500 personas firmaron la petición. Y porque «Ibercampus» decidió fijar el límite en esa cantidad.

Los puntos de esa petición eran los siguientes:

La Comisión de Quejas no tiene reconocido recurso alguno. Es decir, quien pierde el caso, no tiene posibilidad alguna de refutar los argumentos de quien haya sido el/la ponente. Además, si alguien examina y contrasta algunas Resoluciones de esta Comisión, comprobará que hay una gran diferencia de calidad entre unas y otras. Esto significa que cada español que recibe una queja está al albur de la calidad de la propuesta de quien sea ponente de su caso. 

A continuación, ponía ejemplos de cómo tratan este asunto tan importante organizaciones similares en otros países europeos. (Y a continuación, aparecía cómo en el Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza y Rusia sí tienen reconocido el derecho al Recurso).

«Ibercampus.es» terminaba solicitando a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología : 

a) Que reconozca el derecho al Recurso a que los periodistas españoles tienen derecho, como los demás periodistas europeos, porque el pago de sus cuotas les da ese derecho; 
b) Que un periodista pueda recusar a un miembro de la citada Comisión por las mismas causas que en cualquier proceso. 
c) Que, siguiendo la tendencia internacional, y no sólo en el campo del Derecho, el periodista pueda conocer el nombre del/ de la ponente y de lo que haya votado cada miembro de la Comisión y del razonamiento en que haya basado su decisión. 

Es más segura la Justicia española que la Comisión de Quejas.

Esta Comisión no ha cambiado desde el pasado verano hasta hoy. Sigue con las mismas prácticas. Por eso, hay que insistir una y otra vez para que termine cambiando. Ahora, una Magistrada-Jueza del Juzgado 15 de lo Social de Madrid, Dña Ana Fernández Valentí, en Sentencia emitida el 19 de Mayo de 2014, ha demostrado que la Justicia española ofrece más garantías que esa Comisión.

Lo bueno de esta situación es que deja en claro que, si una Comisión, como en las citadas de otros países, reconoce el derecho al recurso, el desenlace de un caso puede ser muy distinto del que emana de la Comisión. El caso ha sido prácticamente el mismo: el Profesor José Luis Dader delata a un profesor de Universidad por dos artículos que éste ha escrito sobre él. La ponente del caso- María Dolores Masana Argüelles, de la que me he ocupado en los artículos antes citados- propone a la Comisión que el profesor sea acusado de violar algunos aspectos del Código Deontológico. La Comisión hace suya la propuesta y la publican en la Página Web de la Comisión. El profesor escribe a la Comisión, poniendo de manifiesto los grandes errores y faltas a la veracidad de la ponente, la poca calidad de la propuesta, etc. Y pide que su escrito sea considerado Recurso de Reposición.

A la vez, el profesor José Luis Dader delata al mismo profesor de Universidad ante la Inspección de Servicios de la Universidad Complutense de Madrid. Y no por dos artículos. Por cuatro. El instructor del caso, Víctor Manuel Fernández Martínez, profesor de Prehistoria, realizó un trabajo que parecía cortado por la misma tijera que el de Massana. A pesar de que el profesor puso negro sobre blanco las falsedades del Instructor, la Inspección de Servicios propuso al Rector José Carrillo, la sanción de un mes sin sueldo. Una cantidad de sólo 300 euros, pues es lo que el profesor ganaba en 2013, al mes. Como respuesta al favor que el profesor hace a la Directora de su Departamento, José Carrillo responde con una sanción. No es extraño que el periodista Juan Luis Galiacho esté escribiendo en  Extraconfidencial.com unos artículos tan bien fundados sobre Carrillo y la Casta Complutense. Y más en concreto, sobre la Inspección de Servicios.

El profesor recurrió la sanción y, como ya he adelantado, la Magistrada-Jueza ha fallado a favor del profesor. Entonces, ¿qué garantías ofrece la Comisión de Quejas si no ofrece el derecho al Recurso? Para mí, escasísimas. Y ya he escrito, en uno de mis artículos, que el funcionamiento de esa Comisión es igual que el del Politburó en tiempos de la Unión Soviética. Tenían que llegar a las decisiones por unanimidad. Es decir, la Comisión encargó a Massana que hiciera un caballo. Ella les entregó un camello. Y ellos lo dieron por bueno.

Sería excelente que la Comisión de Quejas se pusiera las pilas y aprendiera  qué es la censura.

En los “Hechos probados”, la Magistrada Jueza recoge, en el “Cuarto” los títulos de los cuatro artículos del profesor universitario..

Y en “Quinto” hace constar algo muy importante: El Profesor José Luis Dader no publicó réplica en el periódico digital antes citado.

La Magistrada Jueza demuestra que sabe muy bien el terreno que pisa. No se le pasó por alto la conducta de Dader: Además de delatar al profesor universitario ante la Comisión de Quejas y ante la Inspección de Servicios de la Complutense, acudió al director del digital donde el profesor había publicado los artículos y pidió la retirada de éstos. Es decir, Dader se comportó como un auténtico censor. No le dio resultado con el Director del digital. Pues bien, a Massana y a la Comisión de Quejas no le pareció que el asunto de la censura tenía importancia. A la jueza, sí.

De cómo una Magistrada Jueza sabe fundamentar una Sentencia, a diferencia de la Comisión de Quejas

También algunos miembros de la Comisión de Quejas podrían aprender a fundamentar sus dictámenes. Fijémonos en cómo lo hace la jueza:

« SEGUNDO: Conforme dispone el Artículo 114 de la Ley de Jurisdicción Social (LJS) la demandada (UCM, añado) ha de probar la realidad de los hechos imputados en su gravedad.

Sobre los hechos, la parte actora (el profesor universitario) no discute que publicó los artículos y con el contenido que se indica en la resolución sancionadora, limitándose a los términos del debate a decidir si dichas publicaciones son constitutivas del incumplimiento contractual imputado al demandante, es decir, si suponen una falta de consideración con los compañeros o subordinados.

El actor contrapone su derecho a la libertad de expresión, proclamado en el artículo 20.1. a) de la Constitución.

Se hace pues necesario comenzar indicando que como bien se indica en la resolución recurrida, el derecho a la libertad de expresión – que es más amplio que el derecho a comunicar información- tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, teniendo como límite la utilización de frases y expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas y gratuitas o sin relación con las ideas y opiniones, luego innecesarias a este propósito.

También la doctrina constitucional como jurisprudencia que con profusión se ocupan de esta materia, es decir, la naturaleza y límites del derecho a la libertad de expresión, viene ya enseñando que esa libertad de expresión incluye el derecho a la crítica aun cuando la misma sea desabrida o pueda molestar, inquietar o disgustar a quien la recibe. En definitiva, la libertad de expresión tiene como límite el insulto que, como ya es frase acuñada por esa doctrina no está reconocido en la Constitucional, al ser incompatible con la norma fundamental y con la dignidad de la persona.

Dicho lo anterior se hace preciso analizar los textos de los que es autor el demandante, para comprobar si en los mismos el derecho a la crítica ha excedido esos límites. Y lo cierto es, contra de lo que se afirma en la resolución recurrida, es que esos textos, aunque efectivamente traslucen una crítica a la labor profesional del profesor Dader y/o a unos determinados escritos de los que es autor, no traspasan los límites referidos pues no hay en los que ahora se enjuician expresiones ultrajantes, ofensivas, peyorativas o insultantes. Hay, si, una opinión crítica, mas ello encaja en ese derecho a la libertad in de expresión, no llegando a la ofensa personal o al insulto, único supuesto en el que hubiera resultado de aplicación la falta imputada.

Por lo tanto, y conforme al artículo 115.1.b) LSJ, esta sanción ha de ser revocada, con condena al demandado al pago de los salarios que no le hayan sido abonados al actor como consecuencia del cumplimiento de la sanción».

Conclusión: Una Magistrada Jueza defiende la libertad de expresión; la Comisión de Quejas, no.

Ah, por cierto, el profesor universitario soy yo. Y seguiré escribiendo sobre Dader.

Felicísimo Balbuena