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Otras opiniones

A propósito del jurado cordobés

Septiembre 24, 2012

Durante los últimos días, con ocasión de que Rodriguez Lainz, el juez instructor del llamado “caso Bretón”, acordase en su penúltima incongruencia, pues la última, de momento, me la guardo, que sería un Jurado popular y no un Tribunal profesional quien juzgase al también llamado “Monstruo de las Quemadillas”, se ha reactivado el debate acerca del Jurado popular. Pues bien, lejos de entrar en la procedencia o no de la institución en general, lo cierto es que en este caso en particular no procede, como a continuación verán, no sin antes permitirme que contextualice brevemente la exigencia constitucional de que sea “el pueblo quien juzgue al pueblo”.

La Institución del Jurado rige en España en virtud de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo del Tribunal del Jurado (pues desde 1936, la institución estaba suspendida).

La necesidad de introducir a la ciudadanía en la administración de justicia la establece el art. 125 de la Constitución Española, que establece que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia, mediante la Institución del Jurado, en la forma y con respeto a aquellos procesos penales que la Ley determine”. “Procesos penales” que son “determinados” en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, entre los cuales se recogen  aquellos en los que se investigan y juzgan los delitos de asesinato.

Se pretende de esta forma que sea el pueblo quien juzgue al pueblo, ya que desde la época de la Ilustración, la figura del Juez ha sido duramente criticada. Éste se había constituido como el señor todopoderoso que regía de forma absoluta el proceso penal y el destino de todos los que intervenían en el mismo resolviendo los asuntos penales con total arbitrariedad. Por ello, el pensamiento ilustrado ahondó en la necesidad de que los jueces fuesen legos, procedentes de la ciudadanía y no de una casta de burócratas técnicos. A partir de ahí, en España la institución ha sido instaurada y suspendida en numerosas ocasiones, estando vigente en estos momentos desde el año 95, como les decía.

Amparándose en ello, el Juez Rodriguez Laínz pretende que unos ciudadanos cordobeses (ya que uno de los requisitos para ser jurado es pertencer a la provincia donde el jucio se vaya a celebrar) absolutamente contaminados, intoxicados y con su veredicto debajo del brazo, acudan a la Audiencia Provincial de Córdoba a poder plasmar en papel lo que llevan tiempo gritando a las puertas del juzgado: “Asesino”.

Y se basa el Juez en la Ley, en su Ley, en la que él ha escogido, pues si bien es cierto que el art. 125 de la CE prevé el Jurado y la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado perfila la competencia, o dicho de otra manera, aquellos delitos que pueden ser juzgados por el Tribunal del Jurado, también lo es que el Art. 24 de la CE lo prohíbe. Y lo prohíbe sencillamente porque en este precepto se dice que todos los ciudadanos tienen derecho a un proceso con todas las garantías y con un juez imparcial. Obvia, por tanto, el instructor en su Auto el hecho de que las leyes penales deben ser elaboradas, aplicadas e interpretadas según la Constitución. Pero es que a Rodriguez Lainz, en este caso, no se le está dando nada bien ni la redacción de los autos que dicta ni el momento en que los dicta. Y se me viene a la cabeza ese auto de procesamiento que legalmente da por concluido el periodo de instrucción en que, asombrosamente, solicitaba “más pruebas” a la vez que nos contaba que la hoguera era un pista flasa.

Pero volviendo a lo que quería trasmitirles, a estas alturas ya habrán entendido Ustedes algo tan sencillo pero tan claro como que una norma procesal que fija la competencia del Jurado en el delito de asesinato jamás de los jamáses podrá ir contra un derecho fundamental proclamado en nuestra CE (derecho humano en términos europeos) como es la exigencia del juez imparcial, no habiendo ni un solo ciudadano cordobés que no haya condenado ya a José Bretón. De la misma manera que no había en Málaga un solo ciudadao que no pensara que Dolores Vázquez mató a Rocío Wanninkhof. Consecuentemente fue condenada y encarcelada tras el veredicto de ciudadanos malagueños que llevaban meses oyendo y leyendo que ella era la asesina. Finalmente fue liberada por un Tribunal Profesional. Y mientras el psicóptata que mató a Rocío cumple prisión, ella todavía sufre las consecuencias de haber sido juzgada por un Jurado popular que llegó al juicio con el veredicto en el bolsillo. Por ejemplo.

Bárbara Royo