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Acaba su mandato sin capacidad de veto en el fondo de rescate de la UE

Zapatero gastó más de 42 millones de euros en eventos para publicitar su presidencia de la Unión Europea en 2010

Diciembre 13, 2011

Un informe del Tribunal de Cuentas establece que muchos de estos actos se adjudicaron a dedo, saltándose la Ley de Contratos del Sector Público

 E14 convenios,  no quedó acreditado la imperiosa urgencia para su adjudicación mediante el procedimiento negociado sin publicidad

Entre los gastos más llamativos, 94.000 euros en pins promocionales del evento


La Presidencia Española de la Unión Europea (PEUE), mandato de turno que José Luis Rodríguez Zapatero ocupó en el primer semestre de 2010, esconde asuntos oscuros que van saliendo a la luz. Un informe de fiscalización aclara que en aquel periodo, el Ministerio de Presidencia que entonces dirigía María Teresa Fernández de la Vega se dejó 42,1 millones de euros de los fondos públicos en reuniones organizadas por la Unidad de Apoyo al Comité Organizador de la Presidencia, en un intento, al parecer, de lavar la imagen del presidente del Gobierno, ya muy deteriorada en aquel tiempo.

En total, la PEUE realizó 368 eventos y reuniones para altos funcionarios, ministros y miembros de la Comisión Europea, así como actos informales y cumbres de la Unión Europea en España para jefes de Estado y de Gobierno, entre otras actividades.

Contratación a dedo

Asimismo, el 66% de los gastos (27,7 millones de euros) fueron derivados de la ejecución de los 44 contratos adjudicados con cargo a los presupuestos que estimó el Ministerio de Presidencia para la PEUE, de los cuales sólo dos se llevaron a cabo mediante procedimiento abierto, como establece la Ley de Contratos del Sector Público, mientras que los 42 restantes, al parecer, se hicieron a dedo. Según el Tribunal de Cuentas, “la utilización con carácter general del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación podría haber limitado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir en la contratación pública”.

Así en 14 convenios, “invocando la Ley de Contratos del Sector Público, no quedó acreditado que la imperiosa urgencia para su adjudicación mediante el procedimiento negociado sin publicidad fuera consecuencia de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, ya que una adecuada programación habría permitido conocer la fecha y el lugar de celebración de las reuniones con la antelación suficiente para adjudicar los expedientes por el procedimiento abierto”.

También destaca la deficiente planificación de las actividades, que se puso de manifiesto en el retraso con que se inició la tramitación de la mayoría de los expedientes. Por otro lado, en nueve casos se inició la ejecución del contrato antes de que el adjudicatario hubiera constituido la garantía correspondiente, y en un caso antes incluso de la adjudicación provisional del contrato, incumpliendo la ley.

El gasto de la PEUE en 2010 ascendió, según las estimaciones del Tribunal de Cuentas, a 57 millones de euros, importe que recoge los gastos de los tres departamentos con mayor implicación y desarrollo de la PEUE (Ministerio de Presidencia, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Ministerio de Interior), aunque esta cifra no representa los gastos totales ya que no incluye los realizados por el resto de departamentos ministeriales que organizaron eventos y reuniones ni los gastos financiados por las comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones. Tampoco recoge los gastos de patrocinadores y colaboradores.

Gastos de personal y pins promocionales

En lo que se refiere a gastos de personal, la PEUE invirtió más de 383.000 euros, que fueron abonados a los trabajadores de la Oficina del Alto Representante para la PEUE, a los adscritos a la Unidad de Apoyo y al personal del Ministerio de Presidencia y de otros organismos que colaboraron en la organización de la Presidencia Europea de Zapatero.

La organización también se dejó más de 94.000 euros en pins promocionales del evento. Para este fin, realizó seis contratos menores, en los que se detectó un fraccionamiento del gasto contrario a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

En sus conclusiones, se exige que se establezca una estructura presupuestaria que permita determinar los gastos derivados de las actuaciones, además de que se adopten las medidas necesarias para programar las actividades con la antelación suficiente para tramitar los expedientes de contratación respetando los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir la contratación pública.