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La adjudicataria, Trauma Assistance tiene como objeto social el "asesoramiento médico a diversos estamentos públicos y privados"

Wert privatiza el contrato para el servicio médico del personal del Instituto del Patrimonio Cultural de España por 30.000 euros

Febrero 12, 2014
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Para muestra un botón, mientras continúan los recortes, la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura adjudicaba (31 de enero de 2014) el contrato para el “servicio médico para el personal adscrito en la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España”. El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) es una Subdirección General adscrita a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de José Ignacio Wert. Su cometido es la investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural.

La adjudicataria, como no podía ser de otra forma, una compañía privada, en este caso una sociedad limitada: Trauma Assistance. La empresa, que presta Servicios Médicos y de Seguridad y Salud Laboral desde el año 1989 se describe en su página como “pioneros en el asesoramiento médico y asistencia sanitaria especializada a empresas, aseguradoras, mutuas de accidentes de trabajo y a diversos estamentos públicos y privados”. La cantidad asignada: casi 30.000 euros (29.600 euros) que beneficiarán a la compañía tras haber sido escogida “por ser la oferta económicamente más ventajosa para la Administración” pero a través de un procedimiento negociado sin publicidad.
 
Trabajadores públicos con servicios sanitarios privados
 
La empresa madrileña cerró el año 2012 con 28 trabajadores y una facturación de 956.559 euros con un beneficio de 35.853 euros, reduciéndose el número de empleados hasta 20 en el año 2013. Los activos de la empresa se elevaron hasta los 511.529 euros.
 
Lo más curioso en sí no es el servicio prestado por Trauma Assistance, pues es obligado que los empleados cuenten con un servicio médico asignado, ni tan siquiera el montante del convenio. Lo que más escuece quizás es el modo de proceder del Instituto asignado al Ministerio de Educación para otorgar el contrato: 30.000 euros que vuelan de las desnutridas arcas públicas para satisfacer al ente privado.