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Varios miembros del Comité de Transparencia y Buen Gobierno reclaman más recursos para poder cumplir las obligaciones que fija la Ley

Enero 16, 2017
arizmendi-transparencia

Varios y destacados miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno llevan meses clamando en desierto para que el Gobierno les conceda más recursos y poder cumplir con las obligaciones que fija la Ley de Transparencia. Pero sus peticiones han caído en saco roto, hasta la fecha. Y es que, como podrán comprobar, muchas peticiones de información acaban en los Tribunales porque algunas empresas estatales se niegan a entregarla.

 El citado organismo cumple este mes de enero dos años desde su puesta en funcionamiento bajo la presidencia de Esther Arizmendi Gutiérrez en enero de 2015. Nació con los principales objetivos de adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o que estén relacionados con su objeto y, por supuesto, hacer cumplir todo lo expuesto en esta Ley que en su artículo 8 señala que la obligación de informar por parte de los organismos públicos, incluyendo las sociedades anónimas estatales, de  “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos”.

Un objetivo qué, como ha ocurrido con la negativa a informar sobre los gastos incurridos por Correos en el acto de presentación del sello conmemorativo de Rocío Jurado tras la solicitud de Extraconfidencial.com, no parece conseguir en muchas ocasiones. En este caso, el citado Consejo decidió proteger a la sociedad estatal presidida por Juan Cuesta Nuin al no considerar el correo electrónico como medio de comunicación con el organismo público o porque, simplemente, este se niegue a cumplir sus resoluciones y tenga que recurrir a la Justicia.

Los gastos de la nueva moneda de un euro con la efigie del rey Felipe VI

El Consejo de Transparencia ha tenido que recurrir a los Tribunales en al menos en 31 ocasiones a 30 de noviembre de 2016 ante las negativas de organismos y entidades públicas de proporcionar la información solicitada a través del portal de transparencia y en la que el Consejo ya ha dado su conformidad a la solicitud y, en una menor medida, porque el solicitante haya recurrido una decisión en contra. De las 31 peticiones la inmensa mayoría están aún pendientes de resolución judicial y, en al menos dos, hay sentencia favorable al Consejo y al peticionario de la información. La primera, instó a RTVE a facilitar los gastos de su participación en el Festival de Eurovisión de 2015, un año después de que estos se produjeran, en mayo de 2016. La segunda, de hace apenas algo más de dos meses, obligó a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), la empresa pública presidida por Jaime Sánchez Revenga, a facilitar los costes de producción y distribución de la nueva moneda de un euro con la efigie de don Felipe VI, acuñada por su proclamación, al entender, la Justicia, que no supone una “revelación de secretos o estrategias empresariales”.

La FNMT desestimó en abril de 2015 la solicitud presentada por un ciudadano que pedía conocer el coste económico de la inversión realizada y asumida con fondos públicos, al entender que desvelar esta información “perjudicaría sus intereses económicos y comerciales”, que su posición competitiva se vería dañada, por ejemplo, en las posibilidades de resultar adjudicataria en licitaciones para la acuñación de moneda abiertas en otros países”. Por ello, esta misma persona presentó una reclamación al Consejo de Transparencia porque, a su juicio, respondía “plenamente a la finalidad última para la que fue aprobada la Ley de Transparencia, acceso a la información y Buen Gobierno“, es decir, la rendición de cuentas del dinero público. Por ello, esta solicitud fue estimada en julio de ese mismo año, pero ante la negativa de la FNMT de acatar lo dictado acabó en los tribunales. El resultado, aunque ha sido positivo para las demandas del ciudadano, en la práctica ha conllevado retrasar el conocimiento de esta información casi un año y medio.

Falta de medios ante objetivos más ambiciosos

La realidad es que en estos dos años de funcionamiento los objetivos han sido limitados.  Aunque las reclamaciones han pasado 517 en 2015 a 1.306 a finales del mes de noviembre de 2016, última fecha con datos conocidos. De hecho, de las 1.306 reclamaciones recibidas en el Consejo hasta noviembre, 1.023 (78 %) corresponden a la Administración General del Estado y tan sólo 283 (22 %) a las administraciones territoriales. Ante todas estas, las reclamaciones interpuestas por recursos contencioso-administrativos frente a resoluciones del Consejo de Transparencia, presentados por organismos públicos o ciudadanos se han multiplicado en tan sólo tres meses pasando de 15 a 31.

Con todo ello, la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, cree que las actas de las reuniones de los Consejos de Ministros deberían poder solicitarse por los ciudadanos y darse a conocer si han desaparecido las condiciones que motivan su reserva. Más competencias, aunque desde el Consejo de Transparencia reconocen que no tienen recursos suficientes para cumplir los objetivos actuales.