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Al igual que los partidos políticos y organizaciones empresariales

Una Ley aprobada por José María Aznar permite que los sindicatos no paguen ni un solo euro a Hacienda por su actividad económica

Noviembre 13, 2012

La Ley 49/2002 establece que puedan realizar actividades económicas no exentas como asesoramientos y ventas de productos siempre que  no excedan del 40% de los ingresos totales de la entidad
Las cuentas de resultados de las organizaciones sindicales incluyen ingresos financieros como intereses de cuentas y rentas de participación en capital de empresas
La futura Ley de Transparencia también les excluye de toda obligación de información

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Este martes 13, víspera de la Huelga General de hoy, los ciudadanos hemos recibido un nuevo susto en la advertencia de Luis de Guindos de que puede que continúe la subida del IRPF después del 2013 ya que para el máximo responsable de Economía, la prioridad es el control del déficit. Mala noticia para los ciudadanos que han visto como se ha disparado su presión fiscal en los últimos meses y parece esfumarse la esperanza de que parte de estas subidas sean temporales. Pero no sólo ellos, los autónomos y especialmente las pequeñas empresas también han visto como la presión fiscal les ahoga, sin que hayamos visto que Cándido Méndez o Ignacio Fernández Toxo se manifestaran por ello, quizá una de las razones es que los sindicatos están libres no sólo de estas subidas si no de cualquier impuesto.

Los sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales, al considerarlas como entidades sin ánimo de lucro, gozan de numerosos prerrogativas fiscales que los mantienen lejos de estas subidas. Este trato de privilegio hacia las entidades sin fin de lucro está regulado en la Ley 49/2002, aprobada durante el segundo mandato de José María Aznar. Esta Ley establece que las organizaciones de carácter civil reconocidas como tales por el Gobierno quedan exentas de liquidar los impuestos que gravan la actividad económica, y ello a pesar de que sindicatos y patronal, manejan importantísimas cantidades de dinero público procedente del bolsillo de todos los contribuyentes, sin que ningún sólo euro revierta a Hacienda.

Requisitos muy generosos para los sindicatos

La Ley 49/2002 establece una serie de requisitos para que las entidades sin fin de lucro declaradas de utilidad púbica como son los sindicatos puedan evitar el pago de impuestos, unos límites muy generosos que permite que puedan acogerse sin problema.  Así mientras impide “el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria“, ya que si no deberían liquidar impuestos, si permite realizar estas actividades  ajenas “si no excede del 40% de los ingresos totales de la entidad”. Es decir puede prestar servicios de asesoría, vender productos o realizar cualquier otra actividad económica sin pagar impuestos, a condición de que el importe total de lo ingresado por tales actividades no exceda del 40% de sus ingresos totales. Si el Estado le inyecta aproximadamente un 50% de sus ingresos vía subvenciones, el negocio está servido, ya que por el resto de actividades estarán exentos.

Aunque también están exentos de hacer públicos sus resultados, Comisiones Obreras informaba de sus números de hace tres ejercicios, reconociendo unos ingresos de 445 millones de euros, de los cuales 168 millones procedían de sus afiliados pero 62 millones a operaciones internas entre las que están labores de asesoramiento pero también ingresos financieros como intereses de cuentas y rentas de participación en capital de empresas, los 215 millones restantes subvenciones entre las que destacan los programas de formación.

La no transparencia de los sindicatos

Además de no tributar por su actividad económica, sus privilegios van mucho más allá. Los ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles no son considerados como una explotación económica y por tanto escapan al control del fisco. De hecho, no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dado que las haciendas locales también los han declarado exentos del pago de ese impuesto. Aunque en muchos casos, ni siquiera sería necesario ya que como informó extraconfidencial.com hasta la sede principal de UGT es propiedad del Estado y cedida para su uso. Las cuotas de los afiliados, las donaciones recibidas (incluso las patrimoniales) o las subvenciones concedidas por organismos públicos también quedan expresamente fuera del impuesto de sociedades e incluso las rentas procedentes del patrimonio mobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses y cánones.

Por si fuera poco la futura Ley de Transparencia les excluye de cualquier obligación de informar, un caso extraordinario si tenemos en cuenta lo que ocurre en países de nuestro entorno (Francia, Italia, Reino Unido…) que si suelen excluir a los partidos políticos de sus normativas de transparencia pero no a los sindicatos, y lo peor es que los partidos mayoritarios apoyan que sea así. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentó el 11 de octubre una enmienda de totalidad a la Ley de Transparencia por dejar fuera a partidos, sindicatos, patronales, la Casa del Rey, los organismos constitucionales y, en general las entidades que reciben ayudas públicas, una enmienda que no tiene ningún viso de éxito, y que demuestra que al menos en el futuro más cercano, los sindicatos seguirán con sus privilegios.