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"Conviene prever disposiciones que determinen explícitamente la institución para el pago de los créditos impagados de los asalariados", afirma la UE

Una directiva del Parlamento Europeo protege a los trabajadores ante la insolvencia del empresario

Noviembre 12, 2008

Así lo establece el punto 6 de la Directiva 2008/94/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008

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Increíble pero cierto. Es lo que reza el artículo número 6 de la Directiva 2008/94/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008:
 
“A fin de garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia de las empresas que ejerzan sus actividades en varios Estados miembros y de consolidar los derechos de los trabajadores asalariados en el sentido indicado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conviene prever disposiciones que determinen explícitamente la institución competente para el pago de los créditos impagados de dichos trabajadores en esos casos y que establezcan como objetivo de la cooperación entre las administraciones competentes de los Estados miembros la liquidación, en el plazo más breve posible, de los créditos impagados a dichos trabajadores. Es preciso, además, garantizar una correcta aplicación de las disposiciones en la materia, previendo, a tal fin, la colaboración entre las administraciones competentes de los Estados miembros”. Palabras textuales.
 
Y ¿dónde están los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores? ¿Por qué no han explotado al máximo estas “imposiciones” del Parlamento Europeo? ¿Qué dirán los trabajadores de Nissan, Renault o Astilleros Españoles?
 
Punto 3 de la mencionada directiva:
 
“Son necesarias normas para la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario y para garantizarles un mínimo de protección, especialmente para garantizar el pago de sus créditos impagados, teniendo en cuenta la necesidad de un desarrollo económico y social equilibrado en la Comunidad. A tal efecto, los Estados miembros deben crear una institución que garantice a los trabajadores asalariados afectados el pago de sus créditos impagados”.
 
Y por último el punto número 4.
 
“Con vistas a garantizar una protección equitativa de los trabajadores asalariados afectados, es oportuno definir el estado de insolvencia a la luz de las tendencias legislativas en la materia en los Estados miembros y abarcar igualmente, por medio de este concepto, los procedimientos de insolvencia distintos de la liquidación. En este contexto, los Estados miembros deben poder establecer, para determinar la obligación de pago de la institución de garantía, que cuando una situación de insolvencia dé lugar a varios procedimientos de insolvencia, dicha situación se trate como si constituyera un solo procedimiento de insolvencia”.