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Según el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento atravesaba una "situación deficitaria especialmente significativa" en 2010

Un remanente negativo de 6 millones de euros y deudas con proveedores por más de 15 millones es el bagaje contable del Ayuntamiento de Elche en 2011

Abril 12, 2013

Esta situación desembocó en “varias operaciones de crédito por un importe de 15.620.000 euros a 10 años, y un plan de ajuste para los años 2012 a 2022”

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En el mes de enero extraconfidencial.com sacaba a la palestra el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que habla de la situación financiera actual de las entidades locales respecto al Real Decreto Ley 5/2009 de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Según el documento, “tras el análisis realizado a una serie de entidades locales, debe señalarse que, por lo general, la situación financiera real era más deficitaria que la que se deducía de sus cuentas y en la mayoría el déficit financiero era mayor en 2010 que en 2009”. En palabras del propio extracto, la situación deficitaria “era especialmente significativa en Alcorcón, Aranjuez, Córdoba, Elche, Jerez de la Frontera, Madrid, Parla y Telde”. Ahora, tres años más tarde, el Consell de la Sindicatura de Comptes emite el informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Elche relativo al año 2011 para demostrar que las cosas por el barrio que baña el Vinalopó, siguen igual. Parece ser que el nuevo rumbo de la corporación municipal comandada por Mercedes Alonso García (PP) desde 2011 continúa siendo tan errático como el de su predecesora Soler Mur (PSOE).  

A pesar de que los campos examinados van desde el área de gestión administrativa hasta la intervención y el entorno tecnológico, los errores más abultados se presentan en el régimen económico y financiero de la entidad. La contabilidad del cabildo ilicitano flojea al no ser llevada “en todos los casos de acuerdo con los principios que le son de aplicación, como sucede con las transferencias de capital que se contabilizan sin tener en cuenta lo establecido por la IGAE”. Los problemas del consistorio de Elche no son novedad -como demuestra su situación deficitaria tras la aplicación del Real Decreto para el saneamiento de deudas-, es más tanto en el ejercicio de 2009, como en 2010, como en 2011, “la entidad no cumplió en plazo con los trámites relativos al ciclo presupuestario”. Heredera de esta situación, la liquidación del presupuesto de 2011 arrojó un remanente de tesorería para gastos generales negativo de más de 6 millones de euros (6.141.969 euros). La situación irregular se extiende al pago a los proveedores de las entidades locales, a 31 de diciembre de 2011 existían “obligaciones pendientes de pago, en el ámbito de la citada norma, por un total de 15.405.892 euros de las que estaban sin aplicar al presupuesto 2.073.851 euros”.

Como lo ocurrido en 2010, el Ayuntamiento sacaba el pie de un charco para meterlo en otro, de este modo aprobó “concertar varias operaciones de crédito por un importe de 15.620.000 euros a 10 años, y un plan de ajuste para los años 2012 a 2022 aprobado por el Pleno el 30 de marzo de 2012”. Así, en el año 2011 “se aprobaron 2 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por 4.020.432 euros”. Con el ejercicio acabado, más deudas salían de los cajones del Ayuntamiento, “el informe de liquidación del presupuesto de 2011 indicaba que a 31 de diciembre de ese año, existían gastos pendientes de aplicar al presupuesto por importe de 3.649.969 euros”. La mala gestión de los administradores locales hipotecaba al municipio alicantino a 10 años de penurias y a una realidad que exigía seguir un curso trastabillado ya desde su punto de origen.

Transparencia inexistente

Respecto a la organización administrativa y grado de transparencia, el Ayuntamiento ilicitano parece no llegar a la nota de corte. En primer lugar, “la entidad, no cuenta con un reglamento orgánico ni con un organigrama general”. No obstante el desacierto no termina aquí, las asignaciones que reciben los grupos políticos están cubiertas de un halo de secretismo que provoca que no se lleve la contabilidad de las mismas, “ni que se hayan puesto a disposición del Pleno, no sabiendo, por tanto, si se cumple con lo establecido en las normas legales”. La misma desaprensión afecta a las peticiones de información, respecto a las cuales “el Ayuntamiento ha señalado que desconoce cuáles han sido atendidas porque no lleva un seguimiento de éstas”.

A pesar de todas las negligencias expuestas anteriormente, los administradores del Ayuntamiento de Elche parecen cubrir sus ojos ante la realidad que vive el municipio ya que “no se realizan el control financiero ni el de eficacia y la Entidad no ha fijado los objetivos de los programas, ni determinado el coste de los servicios”. Una indolencia que convive con la irresponsabilidad del gobierno local.