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La dirección de la empresa pública acaba de anunciar un ERE para mediados de octubre

Tragsa destina 12 millones de euros para renovar un servicio de vales de comida que beneficiará a más de 3.000 empleados cuando la sombra del despido colectivo se cierne sobre la empresa

Octubre 6, 2013

El mismo sistema en 2012 benefició al 30,64% de toda la plantilla. Con el anuncio del ERE, se desconoce si podrá volver a hacerlo en 2013
Para esta licitación, Tragsa se escuda en el artículo 1 de la Orden Ministerial de 30 de junio de 1938 que establece la constitución de los Comedores laborales
La sociedad dependiente de la SEPI cerró en 2012 con una facturación de 732 millones de euros, 214 millones menos que en 2011

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Tragsa se rompe. La cúpula directiva de la empresa pública de servicios e ingeniería medioambiental ha tirado la toalla y ha anunciado a sus trabajadores que en el plazo de 15 días -mediados de octubre- presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) que, a pesar de no haber concretado cifras concretas, afectará a una plantilla conformada por unos 10.000 trabajadores a 31 de diciembre de 2012.  Todo ello sazonado con el desplome de su negocio: la mayoría de sus licitaciones se centra en trabajos que para nada son proyectos de ingeniería avanzada como es el asfaltado de rotondas, carreteras o caminos, al tiempo que su facturación se resiente. Si en 2011 ésta alcanzaba los 946 millones de euros, en 2012 se desplomó en 214 millones de euros, bajando hasta los 732 millones. Como dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “no hay dinero”, y los principales clientes de Tragsa, los organismos públicos encabezados por el Ministerio de Fomento de Ana Pastor, ven cómo su presupuesto en obras públicas se reduce todavía más. Esta situación anticipa años muy negros para la sociedad pública propiedad de la SEPI, organismo precisamente adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Con todo ello, a pesar de los esfuerzos de la empresa, la comisión interministerial y medidas de flexibilidad laboral, los trabajadores de empresa se enfrentan a un despido colectivo que dejará a su plantilla en cuadro. Algo que desgraciadamente puede considerarse normal dada las malas perspectivas de la sociedad, pero que choca con la continuación de otras prácticas como la emisión de vales para comida. Del total de la plantilla, el 30,64% (3.064 trabajadores que representan poco menos de un tercio de los empleados) fueron los beneficiarios en 2012 del “servicio de emisión de vales para el personal del grupo Tragsa”. Sin saber todavía que porcentaje de operarios se verá enajenado de su puesto de trabajo por el recorte de plantilla, la Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) renovará este contrato como muestra el anuncio de licitación encontrado en la Plataforma de Contratación del Estado con fecha 30 de septiembre de 2013.

En detalle será un contrato armado con un valor estimado de 12 millones de euros para los próximos dos años que se adjudicará a través de un proceso abierto de tramitación ordinaria. 

Peculiaridades de un contrato precipitado

El contrato, que ya en 2012 benefició a 3.064 trabajadores como vimos líneas arriba -482 empleados de TRAGSA y 2.582 de TRAGSATEC-, supone una gran duda al respecto del número de empleados a los que podrá asistir en este años 2013, con la sombra del ERE acechando a la empresa en menos de 10 días.

De todos modos, Tragsa licitará los tickets de comida para sus empleados que tendrán un valor unitario de 7,71 euros al día. Los vales se emitirán en talonarios personalizados y estarán numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos debe figurar su importe nominal y la empresa emisora.

Para esta licitación, Tragsa se escuda en el artículo 1 de la Orden Ministerial de 30 de junio de 1938 que establece la constitución de los Comedores laborales. En ella se expone que “deben establecerse comedores en las empresas en que el régimen de trabajo no conceda al personal, al menos, dos horas para el almuerzo”. Del mismo modo, la reglamentación apunta que “en las empresas establecidas en locales permanentes y con más de 50 trabajadores, además de la instalación de un local habilitado como comedor, la empresa ha de procurar comidas para los trabajadores a precios módicos”.

No cabe duda que una empresa, máxime cuando es de condición pública, deberá realizar todos los esfuerzos que estén en su mano para asegurar la continuidad y el bienestar de sus trabajadores. Tragsa, en lugar de firmar un contrato precipitado y que puede que le venga grande a la empresa, podría haber optado por plantear un sistema de copago en la comida tan en boga en los últimos tiempos en las empresas públicas. De este modo podría haber dedicado más recursos a salvar una situación crítica que a día de hoy parece irrevocable.