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El contrato beneficiará a “los empleados públicos, becarios y personal en formación de los Servicios Centrales y Periféricos del MAGRAMA, incluyendo individuales, colectivos, ginecológicas y urológicos”. La SEPI se dejaba en mayo 600.000 euros en un seguro colectivo de asistencia sanitaria concedido a ASISA. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinó entre mayo y julio casi 240.000 euros para cubrir seguros de accidentes privados para empleados públicos

Tejerina insiste en la preferencia de lo privado ante lo público del Gobierno: 282.200 euros para la vigilancia de la salud de los empleados del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Septiembre 15, 2015
tejerina agricultura

Los ganaderos no confían en Isabel García Tejerina. El pasado miércoles, la reunión mantenida en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entre representantes de la producción, distribución y la industria del sector lácteo terminaba con un principio de acuerdo que parecía ser el principio del fin a meses de manifestaciones, tractoradas y bloqueos que los vaqueros realizan para protestar por el exiguo precio con el que la industria paga el litro de leche de sus vacas: unos 22 céntimos que, dicen, no llegan ni para cubrir costes.

Pero esto no es suficiente para los ganaderos. Con crisis y cismas entre ellos, el documento al que se llegó esta semana parece no ser del agrado de todos. Unos piden más compromiso, otros solicitan sanciones para los incumplidores y otros quieren más precio para el litro de leche vacuna. Mientras tanto, las manifestaciones, bloqueos y tractoradas seguirán. Al menos hasta que se llegue a un acuerdo aceptado por todos.

Un contrato extraño

El ministerio dirigido por Tejerina sigue, al mismo tiempo, con su funcionamiento ordinario. Una actividad que vuelve a depositar confianza en el sector privado en detrimento del público, como parece que también ocurre en sector lácteo: las grandes cooperativas y organizaciones agrarias, esas grandes marcas que representan el poderío en lo rural, se comen al pequeño ganadero con la ayuda de las políticas públicas.

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se gasta 282.200 euros como valor estimado del contrato que regirá un servicio de prevención ajeno “para llevar a cabo la Vigilancia de la Salud de los empleados públicos, becarios y personal en formación de los Servicios Centrales y Periféricos del MAGRAMA, incluyendo individuales, colectivos, ginecológicas y urológicos”.   

Unos 282.200 euros que podrían ser el empujón que necesitan muchas de las explotaciones ganaderas que están perdiendo dinero a marchas forzadas. ¿Cómo se podría ahorrar tal importe? Pues en lugar de abrir un proceso de licitación, conseguir la intervención de la Sanidad Pública en este proceso de vigilancia de la salud.

Un proceso que no es accidental

Como viene informando Extraconfidencial.com en los últimos meses el Gobierno central sigue gastando miles de euros en servicios privados en beneficio del personal público. Como ejemplo, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro, se dejaba en mayo 605.872,8 euros en un seguro colectivo de asistencia sanitaria para sus trabajadores durante los próximos dos años concedido a ASISA.

En este ámbito, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez destaca por su mala praxis. Por un lado, en mayo destinaba 56.000 euros a una empresa extranjera para cubrir el “seguro de accidentes para el personal adscrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social”. Además, en julio, la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de la Unidad de Contratación de la Secretaría General, otorgaba a la trasnacional francesa –AXA– la contratación de un “seguro  colectivo que ampare los accidentes que puedan sufrir todo el personal adscrito a la Tesorería General de la Seguridad Social durante las 24 horas del día, en cualquier país del mundo, tanto en su vida profesional como en su vida privada, durante 12 meses” por 181.500 euros.

Doinel Castro