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LAS IRREGULARIDADES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (II)
No se informó al Senado de forma sistemática

Tan sólo en tres convenios firmados con Comunidades Autónomas se crearon órganos mixtos de seguimiento y control

Julio 23, 2010

En los financiados con cargo a créditos de transferencias presentan problemas de planificación de las actuaciones, lo que ha derivado en la imposibilidad de ejecutarlos en el plazo establecido

En la mayoría existen incidencias en la justificación de los gastos


En pleno recorte de gastos que hasta afecta a infraestructuras básicas como carreteras y ferrocarriles ya contratados afloran como en los últimos años se han firmado millones de euros en convenios, como los de Medio Ambiente con diferentes Comunidades Autónomas con un completo descontrol e irregularidades como ya adelantamos en la edición anterior, y no sólo por su cuantía, por ejemplo Andalucía firmó un convenio por 419 millones de euros, si no en su control y seguimiento.

Errores en la imputación de gastos

Así, algunos convenios cuyos gastos han sido imputados al capítulo 6, deberían haber sido financiados con cargo a créditos de transferencias. Entre ellos, hay tres (MMA 39, 40 y 41) que, al tener por objeto la realización de inversiones para su entrega a un tercero sin contraprestación, deberían haber sido imputados a estos créditos. En sentido inverso, los gastos generados por otro convenio fueron imputados a créditos de transferencias, cuando lo correcto hubiera sido su imputación a créditos de inversiones, ya que la titularidad de las competencias y de los resultados correspondía a Medio Ambiente.

De los demás convenios, presentan problemas algunos cuyos gastos fueron imputados a créditos nominativos, pese a lo cual el plazo de vigencia y los compromisos financieros se extendían más allá del ejercicio presupuestario, lo que debe ser considerado como una anomalía, ya que tal condicionamiento es más formal que real, a la vista del contenido de los convenios y del problema que se derivaría de dejar sin terminar competencias iniciadas, lo que es más grave si tenemos en cuenta que el ordenamiento presupuestario no contempla la posibilidad de que sean contraídos compromisos de gasto condicionados al otorgamiento de crédito en el futuro.

Por otro lado, en el plano de la ejecución presupuestaria, se observa que, en ocasiones, las exigencias de la temporalidad del presupuesto, unidas al incumplimiento de los plazos de ejecución, desembocan en ajustes contables a través de un proceso informático masivo para imputar los gastos al nuevo presupuesto, sin la paralela modificación del plazo convenido para armonizarlo con la ejecución real y la gestión presupuestaria.

Deficiencia en la tramitación de expedientes

En cuanto a la tramitación de los expedientes, se ha comprobado que, como regla general, se cumplen los trámites preceptivos, si bien se han detectado frecuentes deficiencias tales como, la omisión del acuerdo de iniciación del expediente, la utilización para ello de modelos propios de la contratación administrativa, que no se acomodan a las características de los convenios de colaboración, la inexistencia del preceptivo informe justificativo o la omisión de la fecha del mismo, la emisión del informe del servicio jurídico con anterioridad a la del informe justificativo, la omisión, en uno de los expedientes  de la autorización de la Comisión Delegada de Política Autonómica, el importante desfase temporal, en otros supuestos, entre la autorización del Consejo de Ministros y la firma del convenio; la emisión de tres certificaciones de existencia de crédito en las que se aseveraba que no se rebasaban los límites establecidos en el art. 47 de la Ley 4/2003, cuando sí se sobrepasaban, la fiscalización con anterioridad a la fecha de la propuesta de gasto, así como su realización innecesaria en los expedientes de convenios que canalizaban subvenciones nominativas y la alteración de la distribución de anualidades fijada en el acto de autorización del Consejo de Ministros sin someterla de nuevo a dicha autorización.

Falta de la información

Todos los convenios, salvo una excepción, han sido publicados en el BOE, pero se observa que, en ocasiones, ha existido un importante desfase temporal entre la firma del instrumento de formalización y su publicación, llegándose al caso extremo de que ésta se produzca después de que el convenio se haya extinguido por el transcurso de su plazo de vigencia. Este desfase es contradictorio con los fines que se persiguen con la publicación, de ello se desprende el incumplimiento del deber de comunicar al Senado los convenios que se suscriben.

Pero el incumplimiento va mucho más allá, dos convenios no han sido inscritos en el registro existente a la sazón en el Ministerio de Administraciones Públicas y solo tres contempla la creación de órganos mixtos de seguimiento y control.

Convenios financiados con créditos

Entre las incidencias detectadas en la ejecución de los convenios financiados con cargo a créditos de inversiones reales, distintos de los mencionados en la conclusión precedente, destacan los retrasos en la iniciación por deficiencias en la planificación de las actuaciones o por problemas surgidos en su tramitación, con lo que se limita el plazo efectivo de ejecución de los trabajos, que a veces resulta manifiestamente insuficiente.

También los convenios financiados con cargo a créditos de transferencias presentan problemas de planificación de las actuaciones, lo que ha derivado en la imposibilidad de ejecutarlos en el plazo establecido, con los consiguientes efectos sobre la gestión presupuestaria. Las deficiencias tienen diferentes causas, desde la falta de consideración de las dificultades que presenta el proceso de elaboración y aprobación de los proyectos, hasta un supuesto (MMA 93) en el que existe un desconocimiento de las actuaciones a ejecutar, ya que, pese a haberse iniciado alguna de ellas con anterioridad a la suscripción del convenio, no se conocía el grado de ejecución y los compromisos que generaría su terminación. Esta situación ha desembocado, en el mejor de los casos, en un proceso permanente de reajustes de las anualidades inicialmente previstas, incumpliéndose incluso el principio de anualidad en algunas subvenciones nominativas, o provocándose, en otros, la imposibilidad de ejecutar alguno de los proyectos inicialmente programados. También se han detectado incidencias en la justificación de las actuaciones realizadas, bien por presentarse aquélla con retraso o por incumplirse la periodicidad establecida en el convenio; por existir discordancias entre distintos documentos incorporados al expediente; por la falta de acreditación de la ejecución de algunas actuaciones; y por la realización de actuaciones cuya ejecución había descartado previamente la comisión mixta de seguimiento. Finalmente, en algunos casos, no consta la acreditación de la entrega de las obras ejecutadas a la correspondiente Comunidad Autónoma.

Todas estas irregularidades con convenios que manejan cifras equivalentes al último recorte del Ministerio de Fomento.