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El ministro Montoro deberá explicar esta semana el embrollo tributario que ha favorecido a la infanta Cristina, con su ya casi segura no imputación en el caso Nóos

Sospechas en Hacienda por las presuntas duplicidades de los DNI de la Familia Real española

Junio 23, 2013
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Ni una sola de las explicaciones ofrecidas hasta el día de hoy, a la espera de los resultados de la investigación oficial que se ofrecerán a lo largo de esta semana por parte del ministro Cristóbal Montoro, tiene lógica alguna, ni ha conseguido que resplandezca la verdad acerca del alza patrimonial del DNI nº 00000014Z de Cristina de Borbón. Pero todo este embrollo fiscal sí que ha conseguido un objetivo: descartar, otra vez, la imputación en el caso Nóos de la infanta como socia participe de su marido Iñaki Urdangarín en la patrimonial Aizoon. El pasado viernes otro informe paralelo de la Agencia Tributaria remitido al juez José Castro la volvía a exculpar. Y aunque el informe no mencionaba específicamente a Cristina de Borbón, sí que concluía indicando que “los únicos y verdaderos socios [del entramado] son, sin discusión, Torres y Urdangarin“.

Muchas son las irregularidades que sobrevuelan en torno a la información que la Agencia Tributaria ha facilitado al juez Castro, instructor del caso Nóos, acerca del patrimonio y declaraciones de la renta de la infanta Cristina de Borbón. Los investigadores no encuentran una explicación lógica a tantos desmanes y a tanta información contaminada, que le atribuían un incremento patrimonial de 1,4 millones de euros por la supuesta venta de 13 propiedades distintas en Arenys de Mar (Barcelona), Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), Pilar de la Horadada (Alicante) y en la propia capital alicantina. 

Fuentes de la Agencia Tributaria indican que “es muy difícil que un duplicado de un DNI no haga saltar las alarmas del temido ordenador central, en su “Fichero de Incidencias”, donde recalan todas las posibles operaciones irregulares”. Los inspectores indican que la única explicación posible es que el DNI de la infanta forme parte de una serie de identidades que gozan de especial protección en Hacienda, los llamados “agujeros negros”. La Familia Real tiene asignados los números del 10 al 99. Así, el 10 con la letra X corresponde al Rey Juan Carlos, el 11 a la Reina Sofía, el 12 a la infanta Elena, el 13 se eliminó por superstición, el 14 a Cristina, el 15 al príncipe Felipe, y los números 16 y 17 a las infantas Leonor y Sofía. Fue el general Francisco Franco quien se reservó el número 1, que se emitió en 1951. El 2 fue para su esposa, Carmen Polo, y el 3 para su hija, Carmen Franco Polo. No hay que olvidar que precisamente la familia Franco ha gozado de un trato fiscal muy favorable hasta hace pocos años, y muchos durante la transición socialista. La posible duplicidad en estos DNI privilegiados ha provocado la asignación de una veintena de nichos a la Familia Real en Portbou. Según el alcalde de esta localidad gerundense, José Luis Salas, “se trata de una estrategia burocrática, abandonada hace ya años, consistente en asignar un número falso a personas que no tenían o de quien se desconocía el DNI, para así poder cobrar las tasas que emitía el consistorio”.

El papel de Beatriz Viana

Pero la gravedad del caso radica en que si se producen cambios sustanciales en el alza patrimonial de estos DNI, el procedimiento debe activarse de una manera manual, con una clave concreta. Por lo que una posible manipulación llevaría aparejada un señalamiento de la persona que lo realiza. Estaría marcada. Por eso fuentes solventes de Hacienda no entienden como la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, la persona señalada como la máxima responsable de este embrollo, no facilitó al juez Castro los datos pedidos por éste de una manera contrastada y clara. Hay que recordar que durante varios meses el instructor del caso Nóos solicitó a la AEAT un informe exhaustivo sobre las cuentas y bienes de Cristina de Borbón, además del apoyo técnico de un funcionario de Vigilancia Aduanera, que le fue denegado por la propia Beatriz Viana. La misma que en vez de facilitar a Castro un informe firmado por un técnico, que hubiera medido con exigencia los errores cometidos y hubiera aclarado el por qué, entregó al juzgado de Mallorca un mero listado de propiedades y cuentas sin comprobación ni revisión alguna.

Tampoco entienden cómo es posible que los empleados de notarias y registros de provincias tan dispares como Alicante, Ciudad Real o Barcelona se equivocasen todos al transcribir el DNI de los distintos vendedores y compradores de las propiedades que se atribuyen a la infanta, cuando en la extensa documentación oficial remitida al juez Castro (más de 300 páginas) sólo dos DNI “se asemejan”, y muy poco, al de Cristina de Borbón: dos de los vendedores y compradores tienen un DNI que comienza por 14; uno por 74… y el resto no se parecen ni en pintura.

Muchas cuestiones sin resolver

Todo este “agujero negro” en torno al DNI de la infanta ha puesto que la Agencia Tributaria no hizo los deberes en su día. Hoy fuentes solventes de Hacienda aún se preguntan cómo es posible que si el organismo tuvo conocimiento que en los años 2005 y 2006 se produjeron 13 operaciones de venta de inmuebles a nombre de Cristina de Borbón que le supusieron un incremento patrimonial de 706.706 euros y 744.886 euros, respectivamente, no se levantará una declaración paralela a la infanta. Cómo es posible que no se dirigieran a ella para pedirle una explicación respecto de estas ganancias patrimoniales. Y en el hipotético caso de que lo hubieran hecho, cómo es posible que los asesores fiscales de la hija del Rey no se hubieran dirigido con premura al organismo tributario para rectificar los graves errores y rectificarlos.

Lo que sí parece más complicado es que detrás de este embrollo haya un presunto blanqueo de capitales, a pesar de lo señalado por el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, quien apuntó a que detrás de las presuntas operaciones inmobiliarias atribuidas a la infanta puede esconderse “unas ventas simuladas de parcelas”. Según fuentes solventes, “esto es muy difícil, ya que para estos procedimientos se utilizan DNI de personas indigentes o desarraigadas y nunca el de una infanta de España”. De todo este maremagnum fiscal la principal beneficiada ha sido Cristina de Borbón, con su ya casi segura no imputación en el caso Nóos.

Juan Luis Galiacho