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Entre 2011 y 2013 no tuvo ni suficientes fondos para cubrir el pago de servicios tan básicos como la limpieza viaria

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, imputada en el caso Brugal, aprobó de modo ilegal expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 124 millones de euros

Abril 14, 2014

Este tipo de práctica vulnera la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y está sancionada con la nulidad de pleno derecho de todos los acuerdos.
En este periodo también cometió toda una serie de infracciones entre las que destacaba no remitir al Pleno de la Entidad la información sobre la ejecución presupuestaria y los movimientos de tesorería
Además de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica y el mecanismo de pago a proveedores que habilitó el Gobierno, también obtuvo préstamos especiales que alcanzaron casi 90 millones de euros


El nombre de Basuras Rurales Gestión Alicante parece no evocar contenido alguno. Sin embargo, el acrónimo Brugal golpea con fuerza en el campo del recuerdo de cualquier oyente, y no nos referimos a una conocida bebida espirituosa. En 2006 da comienzo una exhaustiva investigación acerca de la recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante. En 2007 se producen las primeras detenciones incluyendo, en tres casos, penas con cárcel. Ahora el caso está reabierto desde 2010 con nuevas imputaciones, porque como ya se sabe, en España la sombra de la corrupción es alargada.

Soborno, extorsión y tráfico de influencias componen la espada de Damocles del caso Brugal. Pocos responsables políticos se salvan de la quema, y entre ellos figura la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada por delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. Mientras la regidora alicantina defiende su honor aferrándose a su cargo, la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana ha publicado la auditoría de sistemas de información, control interno y gestión de la tesorería del Ayuntamiento de Alicante entre los años 2011 y 2013, así como  la fiscalización económico-financiera del mismo durante el ejercicio de 2011, demostrando que las faltas que señalan a la alcaldía alicantina en el caso Brugal no son pura coincidencia.  

Irregularidades financieras

Dentro del campo financiero destacan algunas irregularidades de bulto. La primera de ellas, una falta deliberada de crédito para hacer frente a las necesidades del Ayuntamiento. Así, los presupuestos prorrogados de 2010, 2011 y 2012 “no contemplaban los créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que como máximo se podían reconocer, infringiéndose el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL)”. El fallo de cobertura idel pago de deudas fue tal que dicha insuficiencia crediticia afectaba, entre otros, a “gastos para atender servicios esenciales, como limpieza viaria o recogida de residuos”. El Ayuntamiento de Alicante volvió a tropezar con la misma piedra en sucesivas ocasiones  con las rectificaciones del presupuesto ya que en estas  incluían los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones pendientes” y sí a otros “gastos de carácter voluntario” de diversa índole.

Todo ello llevó a que el remanente de tesorería proveniente de las liquidaciones , lo que queda tras restar ingresos y gastos, y que precisamente debe cubrir los gastos generales de los años 2011 y 2012 fue negativo ascendiendo hasta los -8.429.220 euros y -1.567.304 euros respectivamente.

Endeudamiento con proveedores y con el Estado

Esta situación de insostenibilidad financiera y déficit crediticio queda reflejada en las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto que se elevan a 35 millones de euros en 2010 (34.844.237 euros), 44 millones en 2011 (43.938.920 euros), y 22,5 millones en 2012 (22.624.578 euros). Unas cifras que no se añadieron al remanente de tesorería y que habrían provocado un resultado negativo mucho mayor que el finalmente presentado. De este modo, los acreedores del Ayuntamiento de Alicante esperan sine die a recuperar sus gastos y a recibir los pagos que suman un muchos millones y que lleva incluso a la ruina de muchas empresas.

La solución enarbolada por el consistorio alicantino se apoyó en el Gobierno central al utilizar los fondos de ayuda para el pago de deudas de los ayuntamientos creados por Ejecutivo de Mariano Rajoy para pagar las obligaciones de pago que asfixiaban al municipio. Los millones que entraron en el cabildo de Alicante no provenían tan solo del Fondo de Liquidez Autonómica o del mecanismo de pago a proveedores que habilitó el Gobierno para las Autonomías más endeudadas y que la Comunidad Valenciana traspasa al municipio, sino que el propio Ayuntamiento se acogió “a diferentes normas estatales destinadas al pago de las deudas con empresas y autónomos, lo que le ha permitido obtener entre los ejercicios 2009 y 2012, un endeudamiento especial a largo plazo”, por un importe de casi 90 millones de euros (88.135.768 euros). El resultado, un ayuntamiento alicantino endeudado hasta las cejas con sus proveedores y con el Gobierno central.

Al borde de la legalidad

En lo referente al cumplimiento de la legalidad muchos han sido los resbalones del Ayuntamiento alicantino que el informe de fiscalización destaca como “incumplimientos significativos de la normativa aplicable”. Entre ellos destaca el no haber respetado los plazos del ciclo presupuestario en lo que se refiere a la elaboración y aprobación de los presupuestos de 2011 y 2012; la infracción de la obligación de remitir al Pleno de la Entidad la información sobre la ejecución presupuestaria y los movimientos de tesorería; o la práctica de realizar gastos “prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, tanto presupuestario como de contratación”. De este modo fueron aprobados expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 24 millones de euros (24.285.450 euros) en 2011, 70 millones en 2012 (69.192.599 euros) y 30 millones hasta septiembre de 2013 (30.170.239 euros). Esta práctica, que vulnera el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales está sancionada con la nulidad de pleno derecho de estos acuerdos.

Como resultado de la Auditoría de Sistemas de Información Control interno y Gestión de la Tesorería del Ayuntamiento de Alicante entre los años 2011 y 2013, la Sindicatura de Comptes halló también “un conjunto de debilidades materiales y deficiencias significativas de control”.