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LA DEUDA DE LOS MUNICIPIOS (II)
Aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero

Sólo un 20% de los Ayuntamientos utilizaron el Real Decreto de medidas urgentes para el saneamiento de sus deudas

Enero 23, 2013

Errores en la redacción del mismo, indolencia en las entidades locales y fallos de los empresarios provocaron el fracaso del modelo
Se utilizó un 5% de la línea de avales de 3.000 millones ofrecida por el ICO y más de 1.000 entidades con cuentas negativas no pudieron acudir a esta figura que atendió las “necesidades” de otras 93 que presentaban remanentes de tesorería positivos

La carencia de dos años llevó a que muchos Consistorios cargasen el déficit a las corporaciones municipales surgidas tras las elecciones municipales de 2011: si seguía el mismo partido podría extender el pago de sus deudas durante cuatro años más, mientras que si otra formación llegara al poder, heredaría una situación económica precaria


Mañana viernes está previsto que se apruebe la Ley de Bases de Régimen Local que busca, entre otros aspectos, una contención del gasto de los Ayuntamientos -miles de ellos viven agobiados por las deudas-, que llevan a su vez a una reducción general de los servicios que prestan y multiplican, protestas y huelgas continuas. Y eso que desde hace años se llevan aprobando medidas para sanear las cuentas de los Consistorios. Una de las más importantes fue el Real Decreto Ley 5/2009 –de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con empresas y autónomos-, fue aprobado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el 24 de abril de aquel ejercicio, para enmendar la situación de insolvencia en la que se encontraban a finales de 2008 numerosas entidades locales. Cuatro años después, la fiscalización de las actuaciones desarrolladas por los organismos locales en relación a estas operaciones de endeudamiento deja tras de sí un surco de irregularidades e incumplimientos que afecta a las tres partes básicas del contrato.

El Gobierno, a través del Real Decreto, autorizó a las entidades que “hubieran liquidado sus presupuestos de 2008 con remanente de tesorería para gastos generales negativo y a los que tuvieran obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto, a concertar una operación extraordinaria de endeudamiento bancario, por un plazo no superior a seis años” con la condición de aplicar los recursos obtenidos a pagar las obligaciones pendientes con empresas y autónomos, objeto de la norma. Del mismo modo, se permitió al Instituto de Crédito Oficial (ICO), a gestionar una línea de avales que garantizase a los interesados el cobro de los servicios prestados a las entidades locales. Éstas debían abonar las deudas a sus acreedores en un plazo no superior a un mes desde la formalización del crédito.

Errores del Gobierno

El Gobierno encabezado en aquel tiempo por José Luis Rodríguez Zapatero -por imponer unos requisitos especialmente laxos para acogerse a la ayuda y que fueron violados-, las cúpulas dirigentes de las entidades locales -que enfrentaron competencias que sobrepasaban las posibilidades de los créditos y no fueron capaces de asumir-, y los empresarios quienes no justificaron los pagos de las deudas que contraían con las entidades locales-, parecen ser los principales causantes de que este decreto apenas fuera aprovechado por uno de cada cinco Ayuntamientos con deudas y sólo se hubiese echado mano del 5% de la línea de avales de 3.000 millones ofrecida por el Instituto de Crédito Oficial.       

La autorización del Gobierno a las entidades locales que cumpliesen los requisitos previos -remanente de tesorería de 2008 negativo-, para endeudarse por un plazo de seis años y dos de carencia provocó que éstas cargasen el déficit a las corporaciones municipales surgidas tras las elecciones municipales de mayo de 2011. Esto significa que, si el partido en el poder relevaba su propio mandato podría extender el pago de sus deudas durante cuatro años más; mientras que si otra formación llegara al poder, heredaría una situación económica precaria y el bagaje de pagos sin formalizar. De una forma u otra los recursos disponibles por amortización del préstamo e intereses se verían mermados. Esta situación contradice el artículo 193 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que establece que las operaciones para atender situaciones deficitarias deben quedar canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación.

Por otra fuga que dejaba abierta la aprobación del decreto de rescate, un total de 1.052 entidades con remanente de tesorería con un saldo negativo -en conjunto alcanzaba casi los 2.000 millones de euros-, no acudieron al fondo o no pudieron obtener financiación. Sin embargo, otras 93 entidades sí consiguieron acudir a esta figura a pesar de presentar signo positivo en sus remanentes de tesorería. A todas luces la eficiencia del Real Decreto fue nula para con el objeto para el que había sido designado.

Errores de las entidades locales

Deficiencias encontradas en el sistema desarrollado por la Dirección General de Coordinación Económica de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda (DGCFCAEL) imposibilitaron a alguna entidad local cumplir con su obligación de informar correctamente sus planes de saneamiento. Por otro lado, la picaresca de las entidades queda dibujada a través del mantenimiento de otras obligaciones no aplicadas al presupuesto -aparte de las comunicadas- como han reconocido el 33% de las mismas. Este factor y otros han provocado una merma en el aprovechamiento óptimo de los recursos a los que optaban las entidades, existiendo un 21% que apenas alcanzó el 50% de sus necesidades.

Con un afán organizativo y para ayudar al reequilibrio presupuestario de las entidades, el Gobierno exigió un plan de saneamiento que asegurase la capacidad de pago para la atención de los compromisos. Un gran número de entidades pecaron de ambición y redactaron su plan con objetivos de difícil cumplimiento, no respondiendo al criterio de prudencia, ni asumiendo en sus cálculos la objetividad, oportunidad y coherencia exigidas. Ante este panorama, el descalabro del proceso solo era cuestión de tiempo. La mayoría de las entidades locales acogidas a esta medida no cerraron el ejercicio de 2009 con remanentes de tesorería ajustado con signo cero o positivo, el cual constaba como dato referenciado para el cumplimiento del plan. Por otro lado, entre las 44 entidades analizadas que acudieron al endeudamiento, sólo 8 presentaron indicadores presupuestarios positivos en los ejercicios posteriores. Si esto fuera poco, de las 36 entidades que no cumplían el plan al cierre de 2010, 26 de ellas no tomaron medidas hasta la aprobación de los presupuestos de 2012.

Errores en los empresarios

Del análisis realizado a una serie de entidades se ha puesto de manifiesto que numerosos empresarios finalmente no cedieron sus créditos a las entidades financieras, en parte o en su totalidad, al conseguir cobrar la deuda durante el proceso de solicitud del aval o conocer que se incluirían entre las que se atenderían con el endeudamiento regulado. En esta anomalía descansa que tan sólo se haya utilizado el 5% de la línea de avales de 3.000 millones ofrecida por el ICO. Muchas anomalías, mala gestión y una única víctima, el ciudadano que ve como paga más y recibe mucho menos.