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El 2009 puede ser un año muy duro para Villar y sus directivos

Señor Lissavetzky, ¿de verdad la Federación Española de Fútbol es un dechado de virtudes?

Diciembre 20, 2008

Pérdida de la sede federativa y negociación para seguir en precario durante cuatro años; a expensas de que el Juzgado 47 ordene la apertura del juicio oral por delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal y apropiación indebida; sancionados por la Inspección de Trabajo por menoscabar los derechos de sus trabajadores; y pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie sobre la impugnación de las últimas elecciones. Con este panorama iniciará la Federación Española de Fútbol (RFEF) el nuevo año que preside Angel María Villar. El reconocimiento de la quiebra técnica de la RFEF también pesa sobre el dirigente vasco, protegido injustificadamente por el Secretario de Estado para el Deporte.

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Decía el secretario de Estado para el Deporte –y me temo que ministro de Deportes a partir del próximo mes de junio- Jaime Lissavetzky, que la Federación Española de Fútbol había superado y subsanado todos los defectos habidos con la Administración, y que en consecuencia su presidente Angel María Villar contaba con su apoyo expreso para seguir al frente de la Federación. Añadió que las cuentas estaban en orden, auditadas y sin salvedades. Vamos, que el señor Villar y los suyos eran un ejemplo a seguir, poco más o menos. Claro, que basta con un simple recorrido por las hemerotecas, juzgados, inspecciones de Trabajo o Tribunal de Cuentas para comprobar que el señor Lissavetzky debía hablar de oídas –como casi siempre- o por no se sabe muy bien qué extrañas razones.
El caso es que ahora que acaba el año y en todos los medios se hace balance de lo vivido, no está de más recordar algunas de las situaciones en las que se encuentra la RFEF por la actuación directa, irresponsable y en bastantes ocasiones opuestas a la legalidad de forma consciente, por si el señor Lissavetzky quiere comenzar el nuevo año dando ejemplo. Aunque en su propio partido no esperen mucho de él.

¿De quién es la sede de Las Rozas?

Comenzando por la sede federativa de Las Rozas, conviene recordar que desde mayo dejó de ser propiedad federativa por sentencia firme e inapelable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La RFEF se encuentra en precario, con un convenio provisional que vence el 31 de diciembre y supuestamente negociando otro con el Ayuntamiento de Las Rozas por otros cuatro años improrrogables. Según la oposición de Las Rozas, ni el convenio provisional ni el futuro se ajustan a la legalidad y que recurrirán a la Justicia ordinaria.
En estos momentos se está a la espera de una nueva resolución del TSJM a petición del Grupo Socialista por el incumplimiento de la sentencia firme. Ya no ha de tardar mucho y nos podemos encontrar con una tremenda sorpresa. Desde la intervención de la Fiscalía por desacato y desobediencia a la Justicia a algo incluso peor.
Sea como sea, con o sin convenio, una cosa está clara: la RFEF está en quiebra técnica como consecuencia de la sentencia de expropiación. Y eso, señor Lissavetzky, es competencia suya. Como también lo es exigir la devolución del dinero público empleado en la construcción del recinto federativo. Y aunque no esté reflejado en las auditorías a las que se refiere el Secretario de Estado, es un hecho incontestable.

La impugnación de las elecciones

Otro tema abierto es el de las elecciones a la asamblea y la presidencia de la RFEF. La oposición no pudo acudir a los comicios por la falta de garantías democráticas en el proceso. Se recurrió a la Audiencia Nacional pero ésta se declaró incompetente y lo derivó al TSJM. Es pues el Tribunal Superior de Madrid quien debe pronunciarse sobre los recursos.
El reglamento electoral no se adaptaba a la orden ministerial, el voto secreto no estaba garantizado –ver lo sucedido por idéntico motivo en la Federación Tinerfeña– y hasta la composición de la asamblea no se ajustaba a la orden. Todo ello sin olvidar que el citado reglamento se cambió hasta en cuatro ocasiones, que las federaciones territoriales no fueron informadas en tiempo y que pese a esos cambios no se paralizó en ningún momento el proceso.
Señor Lissavetzky, otro tema para su lucimiento en su momento pero que ahora en manos de la Justicia veremos cómo termina. Según la oposición, en la celebración de las elecciones nuevamente.

Las imputaciones del Juzgado 47

Angel Villar, Padrón, Castillón, Borrás y Espino están imputados por el Juzgado 47 de Madrid de delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal y apropiación indebida. Tras cinco años de instrucción, el fiscal y el juez ya están en condiciones de dictaminar si se abre procedimiento o se archiva la causa. Tras el informe pericial en el que se dicen cosas como que hay sociedades creadas sólo para cobrar comisiones o que hay multitud de salidas de dinero de caja sin destino claro, o que hasta el propio presidente se alquila a sí mismo su propia casa para que la RFEF pague un alquiler, lo normal sería la apertura del juicio oral.
El propio Consejo Superior de Deportes, en tiempos del PP, abrió expediente administrativo por esta misma causa, pero al entrar la querella en la justicia ordinaria el expediente quedó paralizado hasta que se resolviera el proceso. Pese a ello el señor Lissavetzky insiste en que las cosas en la RFEF ya están solucionadas y que todo es miel sobre hojuelas. Debe ser que olvida de nuevo que lo que se juzga es sobre dinero público.

La inspección de Trabajo

Y no menos ilustrativo aunque tampoco tenga la trascendencia que se merece el asunto en los medios de comunicación es el caso de los fondos de pensiones de los trabajadores de la RFEF. Como ya publicamos antes del verano, la Inspección de Trabajo tiene abierto expediente sancionador a la Federación por incumplimiento de la ley. Lo que no sabíamos es que la propio RFEF lo reconoce pero se jacta de incumplirla a propósito, con chulería y descaro.
En la contestación de la denuncia interpuesta por algunos miembros del Comité de Empresa de la RFEF –algunos, porque la mayoría lo integran directivos de la propia empresa, inaudito-, con fecha 29 de septiembre pasado, se puede leer mano del inspector Juan Ignacio Moltó lo siguiente: “En comparecencia del 21 de julio de 2008 se ha comprobado la existencia una infracción muy grave por incumplimiento en los ejercicios económicos de 2006 y 2007, de la obligación de externalización de sus compromisos de pensiones de los trabajadores de la entidad. En el desarrollo de la comparecencia, la representación de la entidad aceptó el hecho del incumplimiento reiterado de las obligaciones de externalización del fondo de pensiones, reconociendo los antecedentes sancionadores obrantes en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la resolución de imposición de sanción por la Autoridad laboral por incumplimiento de esta obligación. La representación jurídica de la Entidad manifestó expresamente una negativa a asumir esta obligación, reiterada y conscientemente incumplida, subrayando que había recibido instrucciones expresas del presidente de la Entidad en este sentido y aduciendo como justificación un próximo proceso electoral a la presidencia de la Federación hasta cuya conclusión, la decisión de la Entidad era de no cumplir esta obligación legal”. Hala, incumplo la ley porque no me sale de…
Insiste el inspector en su escrito: “Con fecha 23 de septiembre de 2008 se realizó visita al centro de trabajo y sede de la Federación en Las Rozas en el que se comprobaron los hechos que se describen como fundamento fáctico de este incumplimiento, reiterando la representación de la Entidad la negativa a cumplir la obligación de externalización por haber recibido las instrucciones ya señaladas de la presidencia hasta que no se produjese la elección presidencial de la Federación. La explícita negativa de la representación de la entidad a cumplir esta obligación así como las de otros incumplimientos que se tramitan en procedimientos separados, se produjo en términos despectivos para la representación de los trabajadores compareciente a la que se le llegó a decir que “no dijese tonterías” sobre el fondo del asunto. Por ello, se dio por conclusa la comparecencia, extendiéndose una diligencia. Examinada la documentación aportada por ambas representaciones, con fecha 8 de septiembre de 2008, se han examinado, asimismo, los antecedentes sancionadores en esta materia que obran en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el la Consejería de Trabajo y Empleo de la Comunidad de Madrid, resultando que con fecha 23 de febrero de 2006 se extendió un Acta por incumplimiento de la obligación de externalización de los compromisos de pensiones de los trabajadores, calificando la infracción como muy grave con propuesta de sanción de 48.080,98 euros. Es decir, que el incumplimiento de las obligaciones de externalización no solo era conocido en la fecha del Acta de 23 de febrero de 2006, sino que se pretendida justificar el incumplimiento en un proceso inconcluso de externalización que, ejercicio presupuestario a ejercicio presupuestario, se ha venido incumpliendo reiterada y conscientemente. Así aparece de nuevo en las cuentas propias de la entidad de los ejercicios sucesivos en que aparecen provisionados en sus cuentas como “Provisiones para Fondos de Pensiones”, y con absoluto desprecio al Informe de la Auditoría de Cuentas de 21 de septiembre de 1998 en que ya se indicaba a la entidad la obligación de externalizar los compromisos de pensiones asumidos con anterioridad a 10-10-1995”. Señor Lissavetzky, ¿pero la RFEF no tenía ya sus cuentas en orden y superadas las auditorías?
Seguimos con el informe del inspector: “En consecuencia se encuentra probada la infracción a la Disposición adicional 1ª del Real Decreto legislativo 112002 de 29 de noviembre tipificada como infracción muy grave en el Art. 8.15 del citado Real Decreto legislativo 512000 de 4 de agosto. La graduación de la propuesta de sanción se adopta en grado máximo, por la intencionalidad del sujeto infractor que ha sido consciente de ese incumplimiento y al perjuicio causado a los trabajadores, así como la persistencia reiterada en el incumplimiento y la falta de atención a los requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. ¿Tendrá esto que ver con las manifestaciones de Villar e incluso con la modificación de los estatutos federativos en el sentido de no acatar la legislación española, señor Lissavetzky?
Leído todo ello resulta un insulto a la inteligencia decir que las cosas marchan de maravilla en la RFEF. Sobre todo después de escuchar al portavoz de la subcomisión del Congreso que va a estudiar la modificación de la ley del Deporte que una de las cosas que hay que hacer es “democratizar la Federación Española de Fútbol”. ¿Se entera usted de algo, futuro ministro de Deportes?