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Mientras, en el terreno deportivo, el equipo colchonero va líder en el campeonato y juega las semifinales de la Copa del Rey

Se extiende la corrupción en el fútbol español: la Justicia golpea a la familia Gil y declara nulos los acuerdos del Consejo de Administración del Atlético de Madrid desde el año 2003

Febrero 4, 2014

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El Tribunal Supremo considera, once años después, que los Gil y su socio, el productor Enrique Cerezo, no estaban legitimados para tomar las decisiones que adoptaron, como ampliar el capital social del Atlético

La estabilidad institucional y social del club rojiblanco queda en peligro, aunque la familia Gil, junto a Cerezo, intentará seguir controlando todo, como han hecho hasta la fecha, “donde si alguien se mueve es dilapidado”

En este procedimiento se han intentado todo tipo de maniobras orquestales en la oscuridad por parte de los Gil y Cerezo: como recusar al magistrado Alberto Arribas, por la circunstancia de que era aficionado al Atlético y que su hijo no simpatizaba con esa directiva. El Supremo ahora dice que “no son circunstancias que permitan deducir enemistad manifiesta con el club ni con su presidente”

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La justicia acaba de propiciar otro golpe duro la familia Gil y Gil y a su socio, el productor, Enrique Cerezo, por vulnerar hace once años las normas, no sólo éticas, sino procesales en la ampliación de capital que realizaron en el Atlético de Madrid, manu militare, el 27 de junio de 2003 saltándose todas las normas legales que imperaban. Ahora, tras muchos años de litigio emprendido por un pequeño grupo de aficionados atléticos, liderados por la Asociación Señales de Humo y el ingeniero de Telecomunicaciones, José Luis Sánchez, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de esa ampliación y, por ende, de todos los acuerdos del Consejo de administración del Atlético de Madrid desde el mes de junio de 2003, al determinar que el antiguo presidente del club, el ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, y el actual presidente, Enrique Cerezo, no estaban legitimados para participar en esa decisión tan trascendental para su devenir como sociedad.

En ese mes, la ya ilegal Junta General de accionistas del Atlético de Madrid aprobó en el Estadio Vicente Calderón la ampliación de capital del club rojiblanco por valor de 36 millones de euros “Con esta medida trascendental decisión del Tribunal Supremo queda anulada la ampliación de capital y todos los acuerdos, por tanto, tomados por ese consejo de administración ilegal y de todos los consejos de administración posteriores, ya que no son válidos desde esa fecha”, según fuentes jurídicas consultadas por Extraconfidencial.com

Se trata de un nuevo caso de corrupción en las deterioradas estructuras del fútbol español, bajo el control del sempiterno presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, y de una Liga de Fútbol Profesional que mira hacia otro lado, ahora dirigida por el controvertido abogado Javier Tebas, un hombre que casualmente trabajó codo con codo con la familia Ruiz Mateos, ahora encausada en varios procedimientos por presunta corrupción.

En este caso no hay indulto que valga

Ahora, los magistrados del Supremo han tomado otra decisión que hacen tambalear las estructuras cada vez más podridas del fútbol español, puesto ya bajo la lupa de la corrupción por la Unión Europea que le investiga por supuestos tratos de favor de las autoridades políticas, como publicó Extraconfidencial.com hace unos días. Y máxime tras la petición de indulto al condenado por malversación de fondos públicos, José María del Nido, ex presidente del equipo del Sevilla, apoyado desde casi todas las estructuras del balompié español, formando un grupo bajo sospecha al firmar esa petición a través de sus equipos respectivos, pero sin acudir a una autorización de sus socios o consejo de administración.

El Supremo da ahora la razón, desgraciadamente once años después, a varios pequeños accionistas del Atlético de Madrid, al entender que la composición del Consejo de Administración que convocó la Junta General Extraordinaria de Accionistas era en aquella época ilegal. Y desde entonces lo ha seguido siendo, sin que nadie desde la Real federación Española de Fútbol ni de la LFP hubiera dicho nada. La Audiencia Provincial de Madrid ya decreto en su día la nulidad del procedimiento mercantil, al entender que a dicha Junta no deberían haber asistido ni Jesús Gil y Gil ni Enrique Cerezo, y, por extensión, sus sociedades instrumentales. Tampoco se debieron computar sus acciones para la conformación del quórum, porque el importe de aquellas no estaba realmente desembolsado.

La estabilidad social del club, en peligro

El Tribunal Supremo en su sentencia, que obra en poder de este periódico y de la que es ponente el magistrado Sancho Gargallo, ratifica las tesis de la Audiencia Provincial (Sección 28ª, el 4 de marzo de 2011), que entendió que existió fraude de ley por cuanto el ingreso en su día realizado por Cerezo y Gil en las cuentas del club, que formalmente suponía el desembolso que les legitimaba para concurrir como socios a la Junta y votar los acuerdos de ampliación de capital, no fue sino un elemento más del entramado fraudulento diseñado para eludir las exigencias impuestas por la Ley del Deporte, pues estaba asegurado el reembolso inmediato de esas cantidades. Tras esta decisión judicial del Supremo, la estabilidad institucional y social del club rojiblanco queda en peligro, aunque la familia Gil, junto a Cerezo, intentará seguir controlando todo, como han hecho hasta la fecha, “donde si alguien se mueve es dilapidado”. A lo largo de todo este largo procedimiento, la familia Gil y Cerezo han intentado todo tipo de maniobras orquestales en la oscuridad: como recusar al magistrado de la Provincial de Madrid, Alberto Arribas, por la circunstancia de que era aficionado al Atlético y que su hijo no simpatizara con esa directiva, a raíz de unos comentarios que hizo en internet. El Supremo ahora dice que “no son circunstancias que permitan deducir enemistad manifiesta con el club ni con su presidente”.

Y mientras que las estructuras de los despachos en el Atlético de Madrid están bajo la permanente sospecha de corrupción, el equipo de fútbol colchonero lidera el campeonato de la Primera División española y juega las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Esa es la mejor y única defensa que tiene la familia Gil y Cerezo para echar balones fuera. Niegan la vulneración de la Justicia y se valen del opio del pueblo español: los resultados deportivos de sus equipos de fútbol. Si el Atlético de Madrid hubiera ido en puestos de descenso esta decisión del Supremo hubiera hecho temblar los cimientos del fútbol español, un deporte manipulado desde la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas en el año 1992, gracias al gobierno del socialista Felipe González y a un controvertido secretario de Estado, Javier Gómez Navarro, casualmente gran amigo de Jesús Gil y Gil.

Juan Luis Galiacho