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DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CATÁSTROFE (I)
Generando un alto nivel de impagos

Salvamento y Seguridad Marítima fue incapaz de gestionar las reclamaciones de los gastos incurridos tras la tragedia del Prestige

Noviembre 19, 2012

La entidad sumó de 2002 a 2005 un gasto total de 243 millones de euros en operaciones relacionadas con la catástrofe que no han sido recuperados


Una década y un día después de que el buque ‘Prestige’ se partiera en dos a 250 kilómetros de la costa gallega, sus secuelas ambientales, políticas y económicas siguen agitando el día a día de la vida en Galicia. En pleno desarrollo del juicio del caso ‘Prestige’, la información que sale a la luz cada jornada abruma a un pueblo al que todavía le duele, y mucho, aquel 19 de noviembre de 2002. 

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) -entidad pública encargada de la prestación de servicios de control, salvamento, ayuda, remolque, lucha contra la contaminación y un largo etcétera de actividades relacionadas con la protección del ámbito marítimo- recibió la encomienda por parte del Gobierno de dirigir y coordinar las operaciones derivadas del accidente del petrolero monocasco. Diez años después, SASEMAR, según el informe del Tribunal de Cuentas acerca de la fiscalización para el periodo 2003-2005, no dispone de los medios suficientes “para llevar adecuadamente la gestión de las reclamaciones de los gastos incurridos en las operaciones de lucha contra la contaminación y en los servicios de salvamento” y es que como bien apunta el expediente respecto al salvamento de bienes: “todo acto de auxilio o salvamento que haya producido un resultado útil dará lugar a una remuneración equitativa”. Un montante de dinero adeudado que SASEMAR no es capaz de reunir. 

Cifras que no casan

Según el informe de fiscalización para el periodo 2003-2005, aprobado por el Tribunal de Cuentas, durante los ejercicios de 2003, 2004 y 2005 su balance económico se vio afectado por el accidente del buque ‘Prestige’. Los gastos realizados por SASEMAR derivados de esta catástrofe fueron para el conjunto de los años que van de 2002 a 2005 del total de 243 millones de euros. Una cifra harto mayor que los 196 millones de euros que SASEMAR recibió de 2003 a 2005 en concepto de subvenciones concedidas tanto por el Estado como por la Unión Europea. Es importante señalar que la mayor parte de los medios materiales y humanos utilizados por SASEMAR en sus operaciones son prestados por terceros a través de unos contratos que aumentaron considerablemente en 2004 y 2005 y cuyo importe no reintegra al 100%.

Unido a este baile de cifras aparece la pregunta de qué ingresos ha registrado SASEMAR a día de hoy para compensar tales dispendios. La operación deja un resultado claro y expuesto en las conclusiones del informe: “de las comprobaciones efectuadas se deduce que puede existir un alto nivel de impagados en las operaciones de salvamento, y posiblemente, un nivel aún más alto en el caso de las reclamaciones de costes por operaciones de lucha contra la contaminación marina”.

Abogados estadounidenses que no paga el Ministerio

En la página 29 del informe del Tribunal de Cuentas figura el párrafo más intrincado del mismo. En él se asegura que “otra partida importante” a la que tuvo que hacer frente SASEMAR “es la correspondiente a los gastos en concepto de asistencia jurídica contraídos con un despacho de abogados estadounidense que lleva la defensa de los intereses del Estado Español en el procedimiento judicial contra los armadores-fletadores del Prestige y la American Bureau of Shipping en los Estados Unidos de América”. Estos costes ascendían el 31 de diciembre de 2005 a 7.773 miles de euros.

En virtud de un Acuerdo celebrado en el año 2003 entre el Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas del Prestige, la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Dirección de SASEMAR y la Abogacía General del Estado se acordó que a la sociedad que vela por la seguridad marítima se le atribuiría la financiación del contrato para la asistencia jurídica en el extranjero del Estado, asignándosele el papel de órgano contratante. Con la aquiescencia de las partes del acuerdo firmantes, la contratación se ajustó a los requisitos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) pero dejó al descubierto un error de bulto. De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 1654/1980, “los honorarios así como los demás gastos que origine la defensa del Estado y sus Organismos Autónomos en el extranjero se satisfarán por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con cargo a sus presupuestos”. La negligencia, deliberada o no, era justificada en el convenio firmado alegando que SASEMAR sería “beneficiario directo de los eventuales resarcimientos que se obtuvieran” en el juicio, a pesar de que la entidad no sería -en un hipotético caso- la única beneficiaria, ya que no asumió todos los costes derivados del accidente. Para más inri, europapress publicaba en marzo de 2008 una nota de prensa en la que aseguraba que “en otoño 2007 el tribunal de Nueva York que estudiaba el caso lo desestimó por considerar que no era competente en la materia, aunque el Ministerio de Justicia anunció que recurriría esta decisión, por lo que deberá seguir costeando los servicios jurídicos estadounidenses”.

Una dilapidación monetaria que a buen seguro podría cicatrizar otras muchos brechas abiertas en el corazón del caso ‘Prestige’, el tercer accidente más costoso de la historia – la limpieza del fuel y el sellado del buque significaron una suma de 12.000 millones de dólares-. La Voz de Galicia publicaba ayer la situación precaria en la que se encuentran 10.000 toneladas de fuel del ‘Prestige’ mezcladas con otros materiales y que se encuentran “almacenadas desde hace siete años en una balsa del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia”. Supuestamente y según los responsables de la planta “todavía no se han tratado por falta de fondos”.