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El alcalde de Ciudadanos en Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, y su teniente de alcalde, Juan José González, investigados por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias

Noviembre 17, 2016
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El Juzgado de Instrucción nº 5 de Navalcarnero investiga los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos por el alcalde Ciudadanos en la localidad madrileña de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez Alonso, así como su primer teniente de alcalde y concejal de seguridad, Juan José González Arroyo. A ambos se las ha citado ya el próximo día 15 de diciembre para que se personen ante la Jueza María del Carmen Díaz Sierra como investigados -lo que anteriormente eran imputados-, en el Procedimiento Abreviado marcado con el número 642/2016. Este es el primer caso penal con fuerza que le estalla al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a sus fontaneros en la Comunidad de Madrid: Miguel Ángel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y el diputado autonómico, Cesar Zafra, involucrado en la trama de Ciudadanos en la capital de España que investiga otro Juzgado madrileño.

La denuncia contra este alcalde y alto cargo de Ciudadanos se presentó el pasado día 26 de julio por parte del Grupo Municipal del Partido Popular de Arroyomolinos, y que hoy ofrecemos en exclusiva. El alcalde Carlos Ruipérez llegó a Ciudadanos tras ser descabalgado del PP, donde fue alto cargo de confianza en el municipio de Arroyomolinos, como Jefe de Protección Civil. Tras “tontear” durante meses con el Partido Independiente de Arroyomolinos y con UPyD, aterrizó en Ciudadanos para montar el partido en esta localidad madrileña de unos 30.000 habitantes gracias al plácet del fontanero de Rivera, Cesar Zafra, uno de los principales controladores del partido naranja en la comunidad madrileña.

Con el apoyo de Zafra, Carlos Ruipérez se saltó a la torera las directrices emanadas desde la dirección del partido de que no se podía ser alcalde si no se conseguía la mayoría de los votos. Ruipérez obtuvo en las Elecciones de mayo de 2015 cinco concejales mientras el PP alcanzo siete. No obstante, Ruipérez pactó con los demás grupos municipales: PSOE (3), Partido Independiente de Arroyomolinos (PIARR, 3)  y Podemos (3) la alcaldía del municipio. De sus cinco concejales uno renunció por no estar de acuerdo con esta maniobra “ilegal” de Ruipérez de hacer caso omiso a la estrategia dictada, en la elección de alcalde, de que resultara elegido el candidato de la lista más votada. En este caso, la del Partido Popular, haciendo así caso omiso a las directrices de Albert Rivera. Y aunque el partido amagó con su expulsión, Zafra consiguió que se parara la investigación y que estos ediles siguieran como miembros de Ciudadanos.

Una historia singular

La historia de este alcalde de Ciudadanos en Arroyomolinos, hoy investigado, es muy singular, ya que su llegada al partido de Rivera se produjo después de que en febrero de 2014 el equipo de gobierno del PP, con Juan Velarde al frente, tomara la decisión de destituirle como jefe de la Agrupación local de Protección Civil tras seis años en el cargo. Desde el Ayuntamiento argumentaron que todo se debía a una pérdida de confianza tras negarse el Consistorio a convertir su puesto de eventual a funcionario, como él quería. Ruipérez, por su parte, se retrotrajo a lo sucedido en 2011 para explicar las razones de su destitución, relacionadas con los desencuentros permanentes con las autoridades locales.

Ahora, la Justicia investiga si las actuaciones de alcalde de Ciudadanos, Carlos Ruipérez, y de su fiel concejal de Seguridad, Juan José González, han sido realizadas “de forma dolosa, concurriendo en ellas premeditación y conocimiento de la finalidad pretendida, generando un claro perjuicio, no solo a terceros, sino a la totalidad del municipio de Arroyomolinos”.

El jefe de la Policía Local puesto irregularmente

Estos supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias derivan del nombramiento como jefe de la Policía Local de Arroyomolinos de Guillermo García Jiménez, un sargento de la Policía Local de Mostotes amigo del alcalde. Esta designación se produjo, según la denuncia, “sin ceñirse sensu stricto a los procedimientos legales establecidos a tal efecto”. Tanto que a la oposición del Grupo del Partido Popular no se le ha entregado, pese a la reiterada petición, entrega alguna de la documentación de tal nombramiento, “obviamente con la única intención de que no fueran descubiertas las maniobras no ajustadas a derecho llevadas acabo por dicho gobierno”.

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Denuncia al Juzgado de Instrucción de Navalcarnero

En la citada denuncia, que obra en poder de Extraconfidencial.com, se indica textualmente como se desarrollaron los hechos hoy investigados:

-“Con anterioridad a ser designado como alcalde el Sr. Carlos Ruipérez Alonso, y concejal de Personal y Seguridad, Juan José González Arroyo, ya se conocía la pretensión de favorecer a Guillermo García de nombrarle Jefe de la Policía Local de Arroyomolinos, y de este último de aceptar dicho nombramiento por resultar el mismo beneficioso para ambos, ya que es pública y notoria la enemistad de los Sres. Carlos Ruipérez y Juan José González con el anterior Jefe de Policía Local, al que querían quitarse de en medio. Del mismo modo se extrapola dicha desafección al Sr. Guillermo, además de por el mismo motivo, porque iba a ver mejorado su sueldo de forma considerable, tal y además, como él ha manifestado a terceros, que en su momento citaremos como testigos, con ello se aseguraba una mayor pensión dado el tiempo que le resta para jubilarse. Por ende, entendemos que por parte del Sr. Guillermo García dicha situación le beneficiaba de forma sustancial al existir una ventaja económica y salarial considerable con su nuevo puesto laboral.

Para poder llevar a cabo los hechos que se han referido se les plateaban una serie de obstáculos administrativos, que han sido resueltos de manera arbitraria tanto por el Sr. Carlos Ruipérez como por el Sr. Juan José González, mediante la adopción de resoluciones administrativas inicuas que sabían que eran injustas y no ajustadas a derecho, pero sin las cuales no podían alcanzar el objetivo final, consistente en la retirada de la comisión de servicio en la categoría de Suboficial que ostentaba el anterior Jefe de la Policía Local, tras haber superado la fase de concurso oposición del correspondiente proceso selectivo, y hasta que realizase el curso de ascenso al que obliga la Ley, y su posterior separación del servicio con motivo de una causa penal en la que se encuentra  en calidad de investigado, pero que todavía a día de hoy se encuentra en fase de instrucción, violando la tan valorable presunción de inocencia que predica nuestra Carta Magna en su art. 24.2 como derecho fundamental.

Como se podrá apreciar, el único motivo para retirar la comisión de servicio era el de eliminar la categoría de Suboficial del que era Jefe de la Policía Local de Arroyomolinos, ya que de no hacerlo así, la Ley no permitía acceder al puesto de Jefe a quién hoy ocupa ese cargo, por pertenecer a una categoría inferior, la de sargento.

Y la posterior separación del servicio de tres funcionarios tan solo conllevaba la intención de poder argumentar la necesidad de cubrir la plaza de Jefe de la Policía Local ante la ausencia de miembros en el Cuerpo de Arroyomolinos, con experiencia en la dirección de grupos, lo que era falso, ya que en el mismo existen varios funcionarios con capacidad suficiente para haber desempeñado tal función hasta la reincorporación del Jefe de la Policía Local”.

También llamada la secretaria municipal por su vinculación

A su vez, se ha solicitado el interrogatorio de la secretaria del Ayuntamiento de Arroyomolinos, Inmaculada Azorín Juan, ya que su declaración puede tener especial relevancia, “ya que tiene pleno conocimiento de estas circunstancias, sin que en principio conste por su parte actuación alguna para evitar dichas actuaciones del todo arbitrarias, contrarias a derecho y que constituyen en si mismas vulneración de derechos fundamentales”.

Ahora, esta investigación judicial abre una importante duda sobre que decidirá el partido de Albert Rivera, ya que sus altos cargos están investigados (imputados), y según el parámetro establecido con otros grupos políticos deberán ser expulsados de Ciudadanos de manera inmediata. Un escándalo que salpica directamente a C´s en la Comunidad de Madrid, donde su líder autonómico Ignacio Aguado es muy duro con los alcaldes imputados del PP, como recientemente el de Colmenar Viejo, que han sido apartados precisamente por eso.

Ya no hay duda, los ediles del municipio de Arroyomolinos están siendo objeto de seguimiento judicial por su actuación legislativa y Rivera debe tomar una decisión: la expulsión sí o no.

Juan Luis Galiacho

juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

@jlgaliacho