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Mientras el Tribunal de Cuentas clama en una moción por una mayor colaboración de las Administraciones Públicas

Pedro Castro no presenta las cuentas del Ayuntamiento de Getafe desde 2009

Abril 3, 2011

Entre los organismos que no atienden a las peticiones del TC se encuentran Hacienda, la Seguridad Social y el Banco de España

El TC propone aumentar el límite máximo de las sanciones de los 900 euros actuales a los 9.000 euros


Aseguraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que era “un hecho escandaloso” la deuda de 240 millones de euros que dejó el secretario general del PSM y candidato a la Presidencia regional, Tomás Gómez, durante sus años de alcalde de la madrileña localidad de Parla. La secretaria general del PP de Madrid se puede dar por satisfecha porque por lo menos conocemos las cuentas de ese consistorio porque hay otros alcaldes de la CAM que ni tan siquiera las han presentado.

Según establece la Ley, las Cuentas Generales de las Entidades Locales del ejercicio 2009 “han de rendirse exclusivamente por vía telemática”, según acordó el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y en la que es obligatoria la estructura establecida en la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado. Pues ni por esas. El polémico Alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, no ha rendido las correspondientes al año referenciado. Ni lo hará, casi con toda seguridad, hasta la celebración de los próximos comicios del 22 de mayo.

No es de extrañar, pues, que recientemente el Tribunal de Cuentas que preside Manuel Núñez presentara una moción sobre el perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal en el ejercicio de su función fiscalizadora, con la finalidad de mejorar la eficacia del control de la gestión económico-financiera del sector público por parte del Tribunal”. Una forma dulcificada de clamar en el desierto que los organismos públicos faciliten el trabajo de fiscalización del TC, aunque éste carezca de capacidad sancionadora. Lo peor es que sino cumplen con sus obligaciones legales no pasa nada.

El Tribunal de Cuentas es, de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución española, el supremo órgano fiscalizadorde las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. En sus numerosos Informes, año tras año, se queja de esta situación de indefensión en la que se encuentra ante la indiferencia de los organismos fiscalizados. Y entre ellos destacamos algunos ejemplos:  

Ocultación de posibles irregularidades

 

En el “Informe de Fiscalización del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, en su Sección II, apartado “3. Limitaciones” se puede leer: “Durante la ejecución de los trabajos de fiscalización, el Tribunal de Cuentas tuvo conocimiento de la existencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) que realizaban trabajos de asistencia y colaboración para la entidad privada Asociación Española de Normalización y Certificación (en adelante, AENOR). Dicha colaboración del personal del INSHT, que se traducía en la asistencia a reuniones de Comités y Subcomités de normalización, así como en la representación de AENOR en comités en el extranjero, entre otras, no estaba amparada por ningún convenio de colaboración ni por ningún acuerdo celebrado entre el INSHT y AENOR. Por esta participación AENOR efectuó pagos directos al INSHT. Sin embargo, este Tribunal de Cuentas no ha podido verificar si existieron pagos directos de AENOR a favor de los funcionarios del INSHT por su colaboración en los distintos comités de esta Asociación, y por tanto, si se vulneró la normativa de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, lo que ha supuesto una limitación a los trabajos de fiscalización realizados por el Tribunal”.

En otras ocasiones, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no facilitó al TC la entrega de datos tributarios de terceros que estaban siendo fiscalizados, solicitados directamente a la Agencia por el Tribunal. Así sucedió en la “Fiscalización del Consorcio Salamanca 2002 y de las Inversiones del Programa Edificios 2002” y en la “Fiscalización del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, ejercicios 2004 y 2005”. La Agencia Estatal de Administración Tributaria tampoco entregó información tributaria de los sujetos fiscalizados, incluso cuando dicha información fue solicitada a la Agencia por los propios sujetos fiscalizados titulares de los datos tributarios previa petición a éstos por parte del Tribunal.

Con las mismas trabas descritas hasta ahora se topó el TC cuando requirió los datos obrantes en la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas y sus entidades dependientes, así como sobre los créditos concedidos a los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores para su funcionamiento ordinario y para gastos electorales.

Multas irrisorias

Los miembros del TC exponen en su escrito un total de 8 propuestas de modificaciones normativas “para que puedan ser tenidas en cuenta, si lo consideran oportuno, por quienes tienen constitucionalmente atribuida la iniciativa legislativa con el fin de perfeccionar y actualizar la regulación del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas”. Ý entre las más llamativas el aumento del importe de las sanciones. En la actualidad, el incumplimiento de los requerimientos efectuados por el Tribunal le faculta para imponer al responsable una multa de 10.000 a 150.000 pesetas, que podrá reiterarse hasta obtener el total cumplimiento de lo solicitado.

Como será la gravedad de la situación que la experiencia acumulada por el Tribunal de Cuentas en estos años, aconseja, al igual que se ha hecho en otras normas jurídicas (verbigracia en el caso de las multas de tráfico), una modificación de estos límites cuantitativos debiendo situarse éstos, a título orientativo, al menos entre los 600 € de límite mínimo y los 9.000 € de límite máximo, para prevenir eventuales incumplimientos del deber de colaboración”.

Pero resulta que el Presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, no es el Director General de Tráfico, Pera Navarro.