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Patrimonio Nacional, dependiente de Soraya Sáenz de Santamaría, se encomienda a la iniciativa privada para resolver su pésima gestión de ingresos con un contrato que costará más de 1,6 millones de euros

Marzo 22, 2017

A finales de 2016, el Tribunal de Cuentas alertaba de la “ausencia o insuficiencia de información o documentación fiable” respecto a los ingresos. Los alcaldes de Madrid, Burgos y el Real Sitio de San Ildefonso, Manuela Carmena, Francisco Javier Lacalle y José Luis Vázquez Fernández, han sido propuestos como vocales del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que cada vez más incorpora en su plantilla a representantes políticos nacionales.

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Patrimonio Nacional es la denominación que recibe en España una parte importante del Patrimonio histórico-artístico, precisamente el vinculado a la Monarquía Española. Los últimos acontecimientos hacen que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia de Soraya Sáenz de Santamaría, también se relacione íntimamente con la clase política. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, los presidentes de los Patronatos del Real y del Prado, Gregorio Marañón, y José Pedro Pérez-Llorca, el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, el subsecretario de Presidencia, José María Jover, el secretario general de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo, el presidente de la Real Academia de Bellas Artes, Francisco de Terán y los alcaldes de Madrid, Burgos y el Real Sitio de San Ildefonso, Manuela Carmena, Francisco Javier Lacalle y José Luis Vázquez Fernández, respectivamente, han sido propuestos como vocales del susodicho Consejo, que cada vez más incorpora en su plantilla a representantes políticos nacionales.

Y es que parece que Patrimonio Nacional gobierna más para sus propios intereses y para los cargos que conforman su plantilla que para mantener aquellos bienes de titularidad del Estado español a disposición del rey Felipe VI y el resto de la familia real para su uso como residencia o para actos de Estado y ceremonias oficiales, y por lo tanto, estando al servicio de toda la ciudadanía.

El Tribunal de Cuentas hizo saltar las alarmas

Tan solo hay que atender a la última licitación aparecida en la Plataforma de Contratación del Estado para comprender lo ocurrido. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha sacado a contratación los paquetes de software y sistemas de información para establecer su sistema de gestión ingresos. Un contrato que tendrá un coste de 1.633.500 euros y un plazo de ejecución de 48 meses.

Todo ello después de que el Tribunal de Cuentas alertara en un Informe de Fiscalización emitido a finales de 2016 del descontrol existente en Patrimonio Nacional y, en concreto, la “ausencia o insuficiencia de información o documentación fiable” respecto a los ingresos, tanto por venta de entradas a los museos, venta de artículos en las tiendas e incluso en la facturación de las fincas arrendadas.

Además, el Informe del Tribunal de Cuentas advierte de otras situaciones, como la existencia de obras de arte localizadas en exposiciones que ya han terminado, fincas que no aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad y hasta cinco antiguos empleados que aún están autorizados en las cuentas bancarias.