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El Tribunal de Cuentas censura la subcontratación de forma contraria a ley, que convierte en funcionarios a los empleados

Patentes y Marcas y FEGA metieron en plantilla a 121 trabajadores por contratación ilegal

Mayo 14, 2009

El informe del TC dice que "el personal puesto a disposición por las empresas contratistas fue asignado frecuentemente por ellas a la realización de cometidos distintos de los que constituyeron el estricto objeto de los contratos de consultoría y asistencia y de servicios. Por añadidura, los costes del personal ajeno eran, en este caso, significativamente superiores a los del personal propio".


Como anticipamos en nuestra edición de ayer 14 de mayo, el pasado 29 de febrero el Tribunal de Cuentas presentó una moción al Congreso sobre la necesidad de “evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales, al margen de los procedimientos públicos de selección de personal legalmente establecidos”. Hoy traemos aquí algunos nombres de empresas públicas obligadas por sentencia a contratar como personal fijo a los trabajadores de las empresas de servicios contratadas.
En el Informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas con fecha14 de julio de 2005, se constató que en dicho ejercicio se produjo la incorporación al organismo de ochenta y dos trabajadores y de otros veinte en el año 2003, como consecuencia del cumplimiento y ejecución de diversas sentencias judiciales, cuyo fundamento de derecho se basó en la “cesión ilegal de trabajadores”, según se contempla en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Las 102 personas incorporadas habían trabajado para el organismo como empleados de las empresas con las que aquél había suscrito, desde el año 1996, sucesivos contratos administrativos de servicios.
Una situación análoga se puso de manifiesto en el Informe de fiscalización del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ejercicio 2004 aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas con fecha 17 de enero de 2008. El citado organismo suscribió un contrato de servicios de grabación de datos, que fue objeto de sucesivas prórrogas. En 2005, diecinueve personas, que en ese año estaban prestando los servicios de grabación contratados, interpusieron demandas ante los Juzgados de lo Social de Madrid, en unos casos en reclamación de derechos y cantidades y, en otros, como consecuencia de despidos.
En el “Informe de la fiscalización especial sobre la contratación para la adquisición, arrendamiento, gestión de la instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento y sistemas informáticos, así como de consultoría y asistencia y de servicios en materia informática, por la Seguridad Social, durante el período de 1994 al primer semestre de 1998”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas con fecha 30 de noviembre de 2000, se señaló que la insuficiente estructura de personal propio, con cualificación informática, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del entonces Instituto Nacional de la Salud y de la Tesorería General de la Seguridad Social había favorecido la generalización del recurso a contratos de consultoría y asistencia y de servicios, que encubrían, en ocasiones, auténticas contrataciones de personal, sin que tales asistencias tuvieran relación, en su ejecución real, con proyectos informáticos concretos.
Se trataba, en definitiva, de contrataciones de personal, efectuadas al margen de la legislación laboral y de la legislación administrativa, para el cumplimiento de las funciones generales propias de las entidades. Además, el personal puesto a disposición de éstas por las empresas contratistas fue asignado frecuentemente por ellas a la realización de cometidos distintos de los que constituyeron el estricto objeto de los contratos de consultoría y asistencia y de servicios. Por añadidura, los costes del personal ajeno eran, en este caso, significativamente superiores a los del personal propio.

Sentencia del Supremo

Al examinar estos casos, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aplica al supuesto de cesión ilegal de trabajadores la doctrina consolidada sobre supuestos de contratación ilegal, efectuada al pretendido amparo del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, de quienes no se hallaban en las situaciones en las que este precepto permite la contratación temporal. “Esta identidad de respuesta jurídica entre los supuestos de contratación temporal y de cesión ilegal de trabajadores viene a resolver el problema sobre la naturaleza del vínculo entre el trabajador y la Administración Pública, cuando el ingreso en ella se produce por vías diferentes de las recogidas como válidas en el entonces vigente artículo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública, con incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14, 23.3 y 103.3 de la Constitución Española, de los que se deriva la exigencia de que el acceso a los cargos y funciones públicas se acomode a los principios de igualdad, mérito y capacidad“.
Por tanto, la discordancia de los ordenamientos administrativo y laboral en el aspecto analizado conduce a que, “con el fin de evitar los inconvenientes que para las Administraciones Públicas se derivan de la situación descrita, se instrumente la solución a través de la cobertura de los puestos de trabajo mediante los medios de provisión regulados en las normas administrativas, previa modificación de las RPT si ello fuera necesario“.