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Tras la demanda a ´Crónicas Marcianas´ por un programa en el que se hicieron diversos comentarios y se publicaron imágenes sobre su relación sentimental

Paolo Vasile condenado por el Tribunal Constitucional por intromisión ilegítima en la intimidad del matrimonio de Francisco Álvarez Cascos y María Porto

Noviembre 24, 2013
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Hace casi 9 años, el 7 de enero de 2005, el programa de Telecinco, ‘Crónicas Marcianas’  realizaba “diversos comentarios sobre la relación sentimental” de Francisco Álvarez Cascos y de las asesora y marchante de arte, María de la Hoz Porto Sánchez, acerca de su “estancia vacacional que acababan de disfrutar durante el mes de diciembre anterior (2003), concretamente en el hotel Princesa Yaiza de Lanzarote, junto con algunos de los hijos menores de cada uno de ellos”. Esta emisión inició un periplo judicial del que puede acabar de llegar su último capítulo: el Tribunal Constitucional viene de proteger la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio del político español y su mujer, dejando sin validez un auto del Tribunal Supremo en el que se absolvía a los demandados: el periodista catalán Javier Sardá, el presentador venezolano Boris Izaguirre y las entidades Gestevisión Telecinco y Gestmusic Endemol. 

En una sentencia de la sala segunda dictada por unanimidad, el Constitucional acaba de anular la decisión del Tribunal Supremo que había contradicho las condenas del Juzgado de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial de Madrid hacia los demandados. La primera de ellas había resuelto “considerar que a raíz de la información difundida a través del programa televisivo, los actores habían sufrido una intromisión ilegítima en sus derechos a la intimidad y a la propia imagen”, por ello “los demandados fueron condenados a destruir el reportaje, y las imágenes y a indemnizar solidariamente a los actores en la suma de 600 euros”. El quid de la cuestión, según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia reside en que Álvarez Cascos “es persona pública, por ostentar durante un período de tiempo cargo político” con lo que acepta intrínsecamente a su cargo “cierta publicidad de acontecimientos relativos a su vida privada, lo que resulta acreditado por los documentos acompañados junto con la contestación, referidos a recortes periodísticos”. Sin embargo, para el tribunal “la información vertida de que estaba de vacaciones junto a su nueva compañera carece de interés general, máxime en un programa que no trata de cuestiones, podríamos decir políticas”. Casi año y medio más tarde -septiembre de 2006- la parte demandada interpuso un recurso contra dicha sentencia a la Audiencia Provincial de Madrid, que no solo fue desestimado sino que también “rectificó el pronunciamiento de la Sentencia del Juzgado en el punto de considerar que el codemandado don Boris Rodolfo Izaguirre Lobo no participó en la difusión de las imágenes, sino sólo en los comentarios verbales, y por eso no vulneró el derecho a la imagen de los actores”. Además se elevó la indemnización para Cascos y Porto, a la suma de 18.000 euros ya que “el programa invadió ilegítimamente la esfera de la intimidad personal y familiar”, “las fotografías fueron realizadas sin consentimiento en un lugar semipúblico” y “la información carecía de relevancia pública”. 

El distinto criterio del Tribunal Supremo 

La situación pegó un giro de 180 grados cuando el 16 noviembre 2009, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo volteó ambas sentencias y dio la razón a la parte demandada –los encargados del programa ‘Crónicas Marcianas’- invalidando las dos anteriores resoluciones “al considerar la prevalencia en este caso del derecho a la libertad de información sobre los derechos fundamentales del artículo 18.1 CE invocados por los demandantes”. Según el TS “cuando se produce una colisión entre la libertad de información y el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, debe tomarse, como punto de partida, la posición prevalente que ostenta el derecho a la libre información (…) y examinar si, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, esa prevalencia puede hacerse valer frente al derecho a la intimidad y a la propia imagen de la parte demandante”. Así, “el carácter de entretenimiento del programa en que se difundieron las informaciones” que había servido como razón y parapeto para Cascos y Porto –al tratarse de un programa que carecía de matices políticos-, se convertía ahora en un dato anecdótico ya que “la valoración relativa a la naturaleza y contenido del programa o de su calidad televisiva no puede excluir a priori su trascendencia para la formación de la opinión pública libre, que no sólo se habrá de apreciar en programas en que se aborde directamente información sobre temas políticos o se promueva la expresión de opiniones sobre éstos, sino en todos aquéllos que, cualquiera que sea su objeto o su formato, sean susceptibles de influir sobre la opinión pública”. 

Por todo ello, Álvarez Cascos y María Porto decidieron agotar todas las vías y acudir al Tribunal Constitucional interponiendo una demanda de amparo al alto tribunal. En este punto, el Ministerio Fiscal volvía a cambiar radicalmente el curso del proceso y aseguraba “sin lugar a dudas, que los hechos objeto de difusión formaban parte de la esfera de privacidad e intimidad personal y familiar de los demandantes de amparo, en la medida en que se divulgaron datos relativos a su relación sentimental y se reprodujeron imágenes relativas a las actividades cotidianas desarrolladas, en compañía de sus respectivos hijos menores de edad, durante los días de vacaciones que pasaron en un hotel de Lanzarote”. Por otro lado, el mismo órgano resolvía que “los concretos hechos objeto de divulgación en el programa televisivo carecen de todo interés general o relevancia pública” y que solamente procuraban satisfacer la “curiosidad de un cierto público televisivo”. Con todo, el TC otorgaba el amparo a la pareja demandante al “reconocer los derechos fundamentales de los demandantes a la intimidad y a la propia imagen” y anular la sentencia anterior del Tribunal Supremo”. 

La justicia española vuelve a defender así a uno de los ex líderes políticos más reconocibles del país. El menoscabo a la libertad de opinión es clarividente, ya que el Tribunal Constitucional asegura que la información “carece de todo interés general”, ignorando que el propio Álvarez Cascos ha sido vicepresidente del Gobierno (1996-2000), ministro de Fomento (2000-2004), secretario general del Partido Popular (1989-1999), diputado, senador o presidente del Principado de Asturias. Además no valora que Cascos, al haber ejercido en estos puestos, ha aceptado que su vida privada genere interés público. Si ya no eran suficientes las prebendas de las que disfruta la clase política, ahora surge su inmunidad ante la Ley y la defensa a ultranza de sus intereses.