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Alejandro Valverde, pese al auto del Juzgado 31 de Madrid, investigado por la Fiscalía de Roma

Operación Puerto: Las instrucciones penales no pueden usarse para disciplina deportiva

Febrero 18, 2009

Alejandro Valverde acudió ayer al interrogatorio ante la fiscalía antidopaje del Comité Olímpico Italiano (CONI) para aclarar su posición respecto a la “Operación Puerto”, pese a que el Juzgado número 31 de Madrid que instruye la causa dictó un auto declarando la nulidad de todo el proceso de petición de pruebas efectuado por el CONI, en especial la obtención de muestras personales de sangre, al ser la Procura Antidoping del CONI un órgano administrativo del Ministerio de Cultura y no de la Administración de Justicia italiana. Pese a ello, Carabineros se acercaron al corredor español para entregarle la notificación de la fiscalía romana de que está siendo investigado.

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Más leña al fuego. Culpables fuera, inocentes dentro. La sombra se extiende y no va a desaparecer. La malparida Operación Puerto sigue haciendo daño y marcando el deporte español que ni se defiende ni sabe cómo hacerlo. Porque para los políticos la Operación estuvo bien hecha, pero no para los juristas y los defensores de la pulcritud judicial. Fue una chapuza y éstas son las consecuencias.
Alejandro Valverde fue ayer a Roma a declarar. Dio su versión y dejó claro que no tenía nada que ver con la trama, que su nombre no apareció entre los 57 implicados y que se le ha adjudicado un número y una bolsa de sangre sin pruebas. Pero los italianos, que recibieron las muestras de sangre, han confrontado los ADN de ciclista y bolsa y coinciden. El juez español ya archivó porque no había delito al no estar en aquel momento en vigor la ley antidopaje –sí, esa que aún no tiene reglamento desarrollado y por tanto no se aplica-. Pero los italianos, franceses, alemanes y demás vecinos que sí sancionaron a los suyos, quieren sanciones para los nuestros.
Pero en el mismo auto dictado por el Juzgado nº 31 de Madrid, que instruye las diligencias conocidas popularmente como ‘Operación Puerto’ por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, ha prohibido expresamente emplear las evidencias obtenidas en la comisión de un delito para la investigación de otros distintos. Da lo mismo, porque Valverde regresa con una notificación de que está siendo investigado por la Fiscalía de Roma.
Mientras, el fiscal antidopaje del CONI, Ettore Torri, reiteró que pueden afirmar con total “seguridad” que la bolsa de sangre número 18 incautada al doctor Eufemiano Fuentes durante la Operación Puerto contiene “la sangre de Valverde“.
Valverde está acusadopor la fiscalía antidopaje del CONI de la violación “del artículo 2.2 del Código Mundial de la Agencia Antidopaje (WADA, en sus siglas en inglés) y el 2.11 de las Normas antidopaje italianas“.
Torri agregó que la fiscalía del CONI esperará que los abogados de Valverde presente su defensa para tomar una decisión sobre si pedir la suspensión cautelar del corredor murciano. El fiscal del CONI aclaró que la acusación de Valverde es similar a la que se hizo al ciclista italiano Ivan Basso, a quien se le vinculo con la Operación Puerto. El corredor italiano reconoció sólo el “intento de dopaje“.

Juan Zornoza lo afirmó hace dos años

Esto, que nos suena a chino, ya lo aclaró hace un par de años Juan Zornoza, el abogado contratado por Jan Ullrich y posteriormente por otros imputados para defenderse de las acusaciones. Lean si no un extracto de un artículo suyo en la Revista del Colegio de Abogados:
La llamada “Operación Puerto” ha constituido un fraude procesal, en que bajo la cobertura formal de la investigación de un presunto delito se ha pretendido acumular evidencias que pudieran ser utilizadas desde la perspectiva disciplinaria contra los ciclistas profesionales que se han visto implicados en ella. Para demostrarlo, por si fuera preciso, bastará con señalar que unos pocos días antes de que se dictara el Auto de sobreseimiento, la UCO demandaba la realización de diligencias para la obtención del ADN de los donantes de las muestras de sangre incautadas, como si ello pudiera tener alguna utilidad más allá de ese ámbito extra penal en que, por cierto, la Guardia Civil carece de especiales competencias.
Su desarrollo ha puesto de manifiesto la necesidad de una reflexión sobre las relaciones entre procedimientos penales y procedimientos sancionadores o disciplinarios deportivos, más urgente si cabe tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2006, cuyo artículo 23 no resuelve problemas que ahora se han detectado y, entre ellos, el de si es jurídicamente admisible ¬o no, como creo¬ el empleo para la instrucción de un expediente disciplinario de evidencias obtenidas mediante el empleo de las técnicas extraordinarias de investigación (interceptaciones telefónicas, entradas y registros, etc.) que la ley reserva al instructor del proceso penal y no permite obtener al instructor de un expediente disciplinario. Y sobre este argumento se discutirá todavía en el futuro si, como es de temer, se materializan las amenazas de unos dirigentes deportivos que, tras el sobreseimiento libre de la causa, han mostrado su voluntad de seguir adelante con las investigaciones (¿con cuáles? ¿por qué medios?) dentro de su particular e hipócrita entendimiento de lo que significa la lucha contra el dopaje en el deporte.

Han condenado sin la presunción de inocencia

Por cierto, en las actuaciones que interesan no se ha probado ninguna práctica de dopaje atribuible a un solo ciclista profesional y el derecho a la presunción de inocencia rige también en los procedimientos disciplinarios deportivos. Conviene recordarlo, sobre todo, a las organizaciones deportivas (UCI, Asociación de Grupos Ciclistas Profesionales, Equipos, etc.) que de antemano han condenado a los deportistas involucrados por no haber demostrado su inocencia, negándoles además cualquier posibilidad de defensa, incluso cuando se empleaban los medios por ellas reclamados. El caso de los corredores del Equipo Comunidad Valenciana, que enviaron sus muestras de ADN al Consejo Superior de Deportes que, a su vez, las remitió a la UCI, es paradigmático a ese respecto y prueba el nulo respeto mostrado a los derechos procesales de los afectados con que se ha venido actuando”.
Me parece que sobran más aclaraciones de cuál es la situación del caso. Dos años después, lo escrito por Zornoza es evidencia. Por cierto, que Juan José Zornoza presentó en nombre de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) una demanda ante la Comisión Europea contra los equipos Astaná, Illes Balears, Euskaltel y Saunier y la Asociación de Equipos de Ciclismo Profesional por la aplicación del Código Ético, un pacto firmado por los grupos del UCI Pro Tour, por el que excluye de la competición a los ciclistas inmersos en procesos judiciales y castiga un positivo con dos años y con otros dos a no poder  fichar por un equipo de élite.
Zornoza aseguró en su día que el Código Ético, aprobado el 14 de diciembre de 2004, contraviene los principios de legalidad: “En el UCI Pro Tour, pocos empresarios se reparten el mercado, vulnerando los derechos del trabajador y la presunción de inocencia. Esa organización es contraria al ordenamiento comunitario. Espero que el Código Ético se declare ilegal y se acabe con el Pro Tour”. Algún día volverá a dársele la razón.