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DOCUMENTO EXCLUSIVO: EL AUTO QUE EXCULPÓ AL EX MOLT HONORABLE
El pleno de la Audiencia de Barcelona que lo exculpó contó con 33 magistrados a favor

Ocho jueces fueron silenciados en 1986 cuando propusieron procesar a Jordi Pujol por falsedad documental y apropiación indebida en Banca Catalana: el ex presidente habría sacado de la caja B 472 millones de euros en 7 años

Febrero 24, 2015

Estos letrados emitieron un voto discrepante en el que se detalla cómo el grupo dirigente de la entidad desvió fondos para beneficiar a sociedades de la familia Pujol
El perjuicio causado a los accionistas de Banca Catalana fue cifrado en un montante de unos 35.000 millones de pesetas (207 millones de euros) tanto por activos ficticios como por la irrecuperabilidad de los créditos otorgados a sociedades instrumentales
En diciembre de 1986 el fiscal general delEstado, Javier Moscoso, acordaba que no se interpusiera recurso contra el auto de la Audiencia Territorial de Barcelona y en 1990 se decretó el sobreseimiento definitivo para el resto de acusados


Este lunes comparecieron Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola en el parlamento catalán. Con aire altivo, se cerraron en banda para aclarar la fortuna familiar ante la comisión de investigación. El ex president insistió en que el dinero de la supuesta herencia de su padre no procede de “fondos públicos” mientras su mujer aseguraba que si fue a Andorra era para esquiar. Pujol hjo puso la guinda revelando, y alardeando, de que “Artur Mas y yo somos muy amigos“. Negó haber cobrado comisiones de la administración pública y actuar desde paraísos fiscales. Parece que la historia se repite, pero el resultado puede ser distinto a lo ocurrido hace casi 3 décadas.

El 25 de julio de 2014, día del patrón de España Santiago Apóstol, Jordi Pujol reconocía que durante 34 años había ocultado a la Hacienda Pública “un dinero ubicado en el extranjero” y que pertenecería a su padre Florenci Pujol. Lo hacía quizás agotado de ser el pez que durante dos años llevaban buscando los anzuelos de la prensa debido a diferentes casos de corrupción y abundantes sumas en paraísos fiscales, pero su excusa fue nefasta. Aseguraba no haber encontrado nunca “el momento adecuado” para regularizar esas cantidades. A partir de ahí la caída del Molt Honorable Senyor fue tan aparatosa como fugaz. Las imputaciones por cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad dinamitaron todos sus privilegios: sueldos de ex presidente, títulos honoríficos, tratamientos y condecoraciones.

Los efectos del fraude de la familia catalana no se han hecho esperar. El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, ha sido imputado por entender la juez que era él quien mecía la cuna de los millones entre 1990 y 1992 para “realizar su reparto” entre la esposa y los siete hijos del ex presidente catalán. Pujol y su familia se convertían en mortales. Sin embargo, ocho voces aseguran que este proceso debería haber sucedido mucho antes. Han pasado 31 años pero los hechos aún están latentes ¿Por qué no se encausó a Jordi Pujol en 1984 por el fraude de Banca Catalana? En reconocimiento a su decisión incluimos sus 8 nombres: Antonio Doñate Martín, José Presencia Rubio, Ángel de Prada Mendoza, Margarita Robles Fernández, Mercedes Morada Blanco, Emilio-Rodrigo Aragonés Beltrán, Santiago Raposo Marín y José Félix Méndez Canseco.

Oídos sordos a ocho jueces

En 1982 el Banco de España intervenía en la instrucción del sumario del caso Banca Catalana e incautaba los documentos de la investigación. El caso se dio por cerrado en mayo de 1986, pero las discrepancias reinantes eran tantas como los millones que supuestamente Jordi Pujol y el grupo dirigente de la entidad bancaria defraudaron a lo largo de siete años de mentiras y tapaderas, tal y como demuestra el documento al que ha tenido acceso en exclusiva Extraconfidencial.com. El 26 de noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona rechazó la petición de procesamiento realizada por los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo quienes pidieron el encausamiento de los 18 ex consejeros del mencionado Banco por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar precios. Lo hacía a través de un auto que sentenciaba lo siguiente: “No ha lugar a decretar el procesamiento del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley”. Curioso es que esta marcha atrás fuese ejecutada cuando Jordi Pujol ya era presidente de la Generalitat de Cataluña, y por tanto, con un poder de influencia mucho mayor. 

“Ocho jueces pedimos sin éxito el procesamiento de Pujol por el Caso Banca Catalana”. Así de tajante se mostraba recientemente Margarita Robles, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ella fue una de las ocho voces díscolas que se opusieron a los 33 magistrados que votaron a favor de la exculpación del president en el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona del 26 de noviembre de 1986. Los letrados divergentes emitieron un voto particular “por disentir del acuerdo mayoritario” acogiéndose al artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La parte dispositiva del auto del voto discrepante acuerda, al final del escrito y como conclusión de los hechos presentados, “declarar procesado al Muy Honorable D. Jordi Pujol i Soley por los delitos antes dichos”, sean estas faltas un delito continuado de falsedad de documentos y un delito continuado de apropiación indebida. Los mismos que ya con anterioridad habían denunciado Mena y Villarejo, y que también fueron marginados.

Pero, ¿cuáles fueron las causas que sí vieron como obvias estos ocho jueces pero que ignoraron por completo los otros 33? La relación de Jordi Pujol y Banca Catalana comienza en 1965 cuando entra a formar parte del grupo dirigente que adoptaba las decisiones que concernían de modo sustancial al proceso económico de la entidad. De este modo, Pujol participaba “de un forma consciente, activa y constante” en los hechos juzgados sobre la caja B y las sociedades instrumentales de Banca Catalana.

La Caja B que mantenía una doble contabilidad

La supuesta corruptela achacada a Jordi Pujol se resume en la descripción de los hechos del siguiente modo: “Con la finalidad de obtener un beneficio propio y favorecer a terceros, con el correlativo perjuicio económico de la entidad bancaria, el citado grupo dirigente de facto, ya desde los comienzos de Banca Catalana S.A. y en todo caso desde 1968, constituyó la llamada Caja B (…) manteniendo un sistema de doble contabilidad con la que poder ocultar a los accionistas y a las Autoridades monetarias, el conjunto de las operaciones de dicha Caja B”. Es éste un tema que se encuentra en boga tras los hechos que se han destapado relacionados con la caja B del Partido Popular que manejaba supuestamente el ex tesorero Luis Bárcenas. Parece ser que Jordi Pujol tenía otra.

El modus operandi, según los firmantes del voto discrepante, tomó la forma de un clásico de la fuga de capitales: créditos ficticios a favor de diversas personas físicas y jurídicas. Como complemento a la Caja B, el grupo dirigente creó hasta 27 sociedades instrumentales sin apenas capital social y cuyos administradores eran funcionarios ordinarios carentes de capacidad decisoria. A través de esta vía, y durante los años de 1974 a 1981, se escaparon a favor del grupo dirigente la friolera de unos 80.000 millones de las antiguas pesetas (78.507,4 millones), o lo que es lo mismo, 472 millones de euros.

Acciones a favor de los Pujol

Sin embargo no fue éste el único desfalco cometido en el nombre de Banca Catalana. El grupo dirigente desvió importantes fondos de la Caja B a la compra de acciones de otras sociedades (Chasyr 1879, Infraestructuras o Dracma), con alta presencia de la familia Pujol entre sus socios y administradores. No sólo el capital de Banca Catalana enriquecía a otras empresas, sino que los integrantes del grupo dirigente “sabedores del progresivo empobrecimiento de Banca Catalana S.A. (…) circunstancia que ocultaban a terceros”, se desprendían poco a poco de las acciones que poseían en Banca Catalana dejando a la entidad en un estado más que precario.

A pesar de todo ello, la codicia del grupo dirigente no era saciada y entre 1974 y 1980 propuso a la Junta General de Accionistas el reparto de dividendos por un importe total de 1.803 millones -unos 11 millones de euros-, “lo que representó un beneficio económico personal de los integrantes de dicho grupo que no habrían obtenido de haber cumplido fielmente sus funciones de administradores dando cuenta a la Junta de la situación real en todos y cada uno de los ejercicios”. Concluye el auto que estas prácticas supusieron para Jordi Pujol unos ingresos totales de 84.375.000 pesetas -507.103,96 euros-.

Un plan sistemático y continuado

¿Cómo fue posible ocultar todos estos movimientos? Las acciones fraudulentas del grupo dirigente de Banca Catalana exigieron una operación paralela “en orden a la desfiguración” de los libros de Actas del Consejo de Administración, de los balances públicos presentados anualmente, de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Anuales, de las Memorias anuales y de los Balances Confidenciales de la entidad.

El perjuicio causado a los accionistas de Banca Catalana es cifrado por la diligencia judicial en un montante de 19.679 millones por razón de activos ficticios y 14.682 millones por la irrecuperabilidad de los créditos otorgados a las sociedades instrumentales. Un total de 34.361 millones de pesetas -206,5 millones de euros-.

Jordi Pujol desempeñó “un papel esencial en la dirección oficial” de Banca Catalana siendo calificado como “el principal impulsor del Banco” e incluso tras su dimisión como consejero en 1977 mantuvo su condición de principal accionista hasta 1982. Es por ello que los hechos descritos en el voto discrepante ensucian todavía más si cabe la reputación del ex presidente de Cataluña.

No parece descabellado, ante los hechos presentados, que los ocho jueces cuyas impresiones fueron despreciadas, levanten el grito buscando justicia. Tras la expiación de Jordi Pujol, el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, en concordancia con la junta de fiscales de Sala del Tribunal Supremo acordaba que no se interpusiera recurso contra el auto de la Audiencia Territorial de Barcelona, que dejaba a Pujol en total libertad. Posteriormente, en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretaba el sobreseimiento definitivo para el resto de acusados a pesar de que sí consideraba que “se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa”.

He aquí el comportamiento de la España en cuyas calles abundan ladrones, violadores, terroristas, corruptos y, en definitiva, transgresores de la ley. Se ponen adjetivos sacados del diccionario pero no se imputan condenas a tenor del Código Penal.