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Según el Informe presentado por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción al Defensor del Pueblo Andaluz

Nuevo escándalo en Andalucía: la Administración pública no controla las subvenciones concedidas al pueblo gitano permitiendo enriquecimientos personales y gastos ajenos

Abril 13, 2015

El dinero subvencionado desde las instituciones públicas es “imposible de cuantificar” y además “no ha producido prácticamente ningún resultado de mejora”
El incumplimiento de requisitos legales o el nepotismo también figuran como causas de que el dinero no llegue a las personas necesitadas
Entre 2011 y 2014 unas 19 Federaciones/Uniones llamadas gitanas han sido subvencionadas con 19,99 millones de euros a cargo del IRPF para llevar a cabo programas de carácter anual para Inserción Social e Inserción Laboral


En 1749, acontecía en España lo que ha sido denominado como la Gran Redada o Prisión General de los gitanos. Ocurrió durante el reinado de Fernando VI -apodado paradójicamente como “El Justo”-, y mediante un plan secreto organizado por el Marqués de la Ensenada que pretendía “prender a todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido”. Hoy, tres siglos más tarde, la situación del pueblo calé ha cambiado de un modo absoluto. Los gitanos se encuentran insertos en la sociedad española actual y, a pesar de padecer algún episodio aislado de discriminación racial, su presencia en todos los ámbitos es un hecho. Por poner un ejemplo: el presidente de la Sociedad Gitana Española, también conocido como el príncipe de los gitanos, Sinaí Giménez, se presentará por Iniciativa Viguesa como número dos en las elecciones municipales de la ciudad gallega.

Todo ello mientras asociaciones reciben millones de euros en subvenciones. En concreto, entre 2011 y 2014 unas 19 Federaciones/Uniones llamadas gitanas han sido subvencionadas con 19,99 millones de euros a cargo del IRPF para llevar a cabo programas de carácter anual para Inserción Social e Inserción Laboral.

El pasado miércoles 8 de abril se celebraba el Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada festiva que se vivió de diferente modo en distintas partes del país. Por un lado, en Madrid, la número dos de la candidatura socialista, Purificación Causapié, felicitaba a los más de 50.000 gitanos madrileños, comprometiéndose a promover desde la administración local actuaciones de apoyo a la educación en igualdad y el reconocimiento de la diversidad. Además, con el hashtag #Yo no soy trapacero, las diferentes entidades que forman parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano han denunciado la posición de la Real Academia Española (RAE), para que modifique y elimine de su última edición del Diccionario, la acepción peyorativa y vinculada a la estafa y al engaño del término gitano. No obstante, esta sintonía entre partido o administración y el pueblo gitano se ve totalmente partida en la Andalucía presidida por la socialista Susana Díaz.

Inversión no cuantificable

En dicha Comunidad Autónoma, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción considera que existe un problema que necesita de una solución inmediata: la inserción social y laboral de personas en extrema pobreza del pueblo gitano por la que debe velar la Administración pública. Para reafirmar su posición, dicho Ente entregó el pasado 8 de abril –en coincidencia con la efeméride citada líneas arriba-, al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, el Informe sobre la Situación socio-económica del pueblo gitano y la gestión de fondos públicos destinados para mejorarla. 

La conclusión a la que llega el susodicho dossier no es para nada ventajosa. Según el Observatorio Andaluz, existen Asociaciones llamadas gitanas, que reciben habitualmente la mayor parte de las subvenciones dirigidas desde las instituciones públicas para exterminar la pobreza severa en la que viven personas, la mayoría de etnia gitana. Sin embargo, esta inversión -que “parece imposible de cuantificar sin la elaboración previa de un registro”-, no consigue su objetivo primigenio ya que, según el Informe mencionado, “los análisis e Informes de empresas independientes señalan que los varios miles de millones de euros invertidos no han producido prácticamente ningún resultado de mejora sobre las personas a las que iba destinadas”.

Dinero que no llega
                              
Pero, ¿por qué el dinero destinado a la integración del pueblo gitano no genera efecto alguno? El primer problema parece situarse en la irregularidad en la concesión de subvenciones ya que “varias de las organizaciones que habitualmente reciben fondos públicos no cumplen uno o varios de los requisitos legales exigidos para que les sean concedidos”. En segundo lugar, el nepotismo aparece también como obstáculo pues “en varias de estas asociaciones gitanas que gestionan fondos públicos es habitual que sean varios familiares de primer y segundo grado quienes ocupen cargos de responsabilidad con sueldo a cargo de las mismas”, siempre según el Observatorio de la Ciudadanía.

Sin embargo, el error más clamoroso en esta lista de irregularidades es achacable a la Administración pública que concede las subvenciones al pueblo gitano sin ejercer ningún tipo de control. De este modo se desconoce por completo el uso finalista de los fondos públicos y, como expresa con dureza el citado Ente, no se sabe si lo que llega a las actuaciones concretas para erradicar la pobreza “es el 90% o el 9% del total de la cantidad subvencionada”, especulando además que estas inversiones podrían ser empleadas en el pago de “sueldos de empleados (la mayoría familiares, viajes, dietas, alquileres, etc.” con lo que se quebraría por completo la  filosofía y el sentido de las subvenciones.

Por todo ello, el colectivo gitano exige soluciones y para ello solicita por un lado que “cada Organización, Institución o Administración pública que tenga alguna relación con las subvenciones concedidas (…) inicien las gestiones oportunas (…) y adopten las medidas correctoras que fueran precisas, así como la depuración de responsabilidades de cualquier tipo”. Por otro lado, y para evitar futuras complicaciones como las sufridas actualmente, se pide que “se realicen auditorías de todas las entidades llamadas gitanas, así como una investigación de sus estados contables y del uso de los recursos públicos recibidos”.