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La SEPI, imputada mientras se espera la visita de la presidenta argentina, Cristina Fernández kirchner

Nueva vuelta de tuerca contra Diaz Ferrán y Pascual y sus regalos gubernativos en la compra de Aerolíneas Argentinas

Febrero 5, 2009

En el año 2002, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), entonces presidida por Ignacio Ruiz Jarabo, y bajo el Gobierno de José María Aznar, posee la compañía aérea de bandera argentina. La sociedad no es rentable y la SEPI le regala Aerolineas a Marsans y, además, le dona 758 millones de dólares para reflotarla. Casi 300 de esos millones estaban destinados a pagar a los deudores, cancelar pasivos y poner el balance a cero. Sin embargo, Díaz Ferrán y Pascual, con su socio de Romana Playa, Antonio Mata, pagan a algunos acreedores y a otros no, subrogándose parte de las deudas. Auténtica ingeniera financiera. Pero el Informe Pericial, firmado por Carlos Navas Díaz, es demoledor: “En las fechas fehacientes de los contratos de cesión de los créditos, Air Comet dispuso de unos fondos entregados a título gratuito por la SEPI que simultáneamente empleó en la adquisición de otros elementos de activo, en este caso unos derechos de cobro, que no quedaron reflejados en su contabilidad, puesto que la cuenta que pudiera referirse a ellos es una simple anotación formal que nada tiene que ver con la naturaleza patrimonial de las operaciones”, reza el Informe.
Se acusa a Air Comet de haber solicitado la devolución de 20.000 euros con cargo al impuesto de sociedades de 2002, cuando lo cierto es que debían haber pagado al fisco 99.049.520 euros, más otros 7,5 millones de Romana Playa. Total: cerca de 108 millones de euros defraudados.
Hasta ahora, la SEPI únicamente contestó en cumplimiento de los requerimientos judiciales practicados a instancias de la acusación, y se habría permitido el lujo de enviar al Tribunal de Cuentas diferente y contradictoria documentación sobre los mismos hechos en el transcurso de las operaciones de fiscalización de la venta de Aerolíneas Argentinas según las fechas en que estas eran solicitadas por el TC.
 
Ciertamente, negro panorama se presenta para el ahora Presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su inseparable Gonzalo Pascual (con permiso de su otrora socio común y compañero de andanzas Antonio Mata, ahora dueño de la línea balear, en la causa que instruye desde hace cuatro años el Juzgado 35 de Madrid por los supuestos delitos de desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal ocurridos en la compraventa de Aerolíneas Argentinas firmada entre AIR COMET y SEPI hace ya casi una década.  
 
Si ya el Tribunal de Cuentas determinó el uso indebido de 300.000.000 usd de fondos públicos y la AEAT determinó un fraude fiscal de 107.000.000 euros,   ahora el Juzgado nº35 de Instrucción de Madrid, otrora encabezado por la ahora ilustre miembro del Consejo General del Poder judicial a propuesta del PP Gemma Gallego, ha dictado una nueva resolución que parece que van poniendo fin al culebrón de Aerolíneas Argentinas que, de ser cierto y parece una evidencia, destaparía uno de los mayores fraudes habidos con los fondos públicos en la historia de España.
 Así se desprende de la resolución del 15/01/09 de este Juzgado nº35 de Instrucción de Madrid en donde se cita a declarar como imputados en esa causa a Juan Gurbindo, Pablo Olivera y Juan Masso para la próxima fecha 24/02/09 (a fecha actual sólo Juan Gurbindo mantiene su cargo en la entidad estatal).  
 
Estar imputados podemos estarlo todos. Pero cuando dicha imputación viene avalada por la petición de la fiscalía especial de delitos económicos, créanme que la cosa pinta fea para unos …. o muy clara para otros. Según ha podido verificar este diario, la fiscalía especial de delitos económicos pidió en su informe del 10/11/08, entre otros, que en relación con la solicitud efectuada por la Acusación Particular en fecha 21/octubre/06 y una vez cumplimentadas las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal en escrito de 31/enero/07, se interesa se proceda a tomar declaración judicial en calidad de imputados a los Sres. PABLO OLIVERA MASSO, (Vicepresidente), JUAN MASSO GAROLERA (Director General) y JUAN GURBINDO GUTIERREZ (Director de Administración y Recursos), cargos todos pertenecientes al organigrama de la SEPI en la fecha de autos, quienes aparecen en autos como firmantes del Convenio de Aportes Irrevocables de fecha 15/octubre/2001 y/o intervinientes en la gestión y disposición de fondos procedentes de la cuenta bloqueada titularidad de SEPI en el BBVA.”.
Y si claro parece tenerlo la fiscalía, más claro parece tenerlo el letrado de la acusación particular, Rafael Caro Moya, quien preguntado por esta última resolución, se limitó a manifestar que “la resolución dictada no es más que la consecuencia de lo que esta parte ha venido manteniendo, y así también ahora parece lo ha entendido la fiscalía y el propio Juzgado, y que no es otra cosa que la necesaria y directa participación de la SEPI en los hechos ocurridos”.
Sólo nos faltará saber si finalmente el entonces Presidente de la SEPI, Sr. Ruiz Jarabo, pasará por idéntica situación o se le permitirá ver los toros desde la barrera por si tiene y le dejan saltar al ruedo y echar un quite a sus antiguos directivos.
 
¿De qué hablarán Cristina K. y Zapatero la próxima semana en Madrid? Libre es la imaginación.