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Ni el ministro Cristóbal Montoro, que prohíbe el uso irregular de 302 millones para financiar proyectos de inversión, puede con Manuela Carmena: la edil madrileña destina 78 millones de euros a subcontratar la línea de Atención al Ciudadano

Agosto 25, 2017
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De Juez a saltarse la Ley. Esta es la realidad de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena que, de la mano de su concejal de Hacienda, el comunista Carlos Sánchez Mato, han decidido, a sabiendas, aprobar créditos por un valor total de 302 millones de euros para financiar varios proyectos de inversión a pesar de que el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro había prohibido usar esta cantidad por el incumplimiento del tope de gasto marcado por la Ley de Estabilidad en el año 2016.

En dos cartas enviadas en julio y agosto de 2017, la Delegación del Gobierno dirigida por Concepción Dancausa, instó al gobierno de Carmena a anular 12 suplementos de “créditos extraordinarios” aprobados para sortear el cumplimiento de la normativa de Estabilidad presupuestaria, cuyo fin es reducir el endeudamiento de todos los Ayuntamientos de España. Estos acuerdos, aprobados con el beneplácito del PSOE, han permitido al Ayuntamiento de Madrid hacerse con estos 302 millones. En concreto, la delegación sostiene que el Ayuntamiento utiliza fondos de partidas que se había comprometido a congelar. Una maniobra financiera que no solo infringiría la Ley, sino que rompería de facto los acuerdos establecidos entre la propia Manuela Carmena y Cristóbal Montoro.

No contenta con esto, el equipo de Manuela Carmena asegura abiertamente que hará caso omiso de estos requerimientos y afirman que “no va a proceder” a la anulación de los acuerdos plenarios, porque, en su opinión, y sin esperar a lo que determine un tribunal, “no se ajustan a derecho”. Además, se apoyan en la política de hechos consumados. El gobierno de Ahora Madrid señala que anular esos suplementos de créditos paralizaría 577 actuaciones municipales (de las que un 40% ya estaría en marcha).

Un contrato millonario que asume los gastos de implantación de la empresa y se lava las manos con los derechos de los trabajadores

En medio de este claro incumplimiento de la ley, Manuela Carmena ha decidido echar más leña al fuego y licitar el 1 de agosto el contrato para el apoyo a la gestión de la atención personalizada a través de los canales de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid; es decir, la atención a los ciudadanos por teléfono, Internet y apoyo en las propias Oficinas del consistorio madrileño. Sale a concurso con un valor estimado del contrato de 78.664.871,34 euros.

La Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía supervisará y controlará este servicio prestado por la empresa adjudicataria, pero es ésta la que organiza y planifica este servicio cada día más importante para el ciudadano madrileño. Es más, el personal contratado por la empresa adjudicataria se regirá por el Convenio Colectivo del sector correspondiente vigente en el momento de la contratación o, en su caso, por la legislación vigente en materia laboral. Esto significa que con total seguridad los trabajadores se regirán por el Convenio de trabajadores de contact centers que, por sus condiciones y sueldos bajos, ha sido ampliamente criticado por Podemos.

Pero en lo que no escatima el Ayuntamiento de Madrid es en asumir los gastos de “implantación y transición-entrada” de la empresa adjudicataria. No sólo se beneficiará de prestar este servicio, también se les pagará todas las actuaciones precisas para el acondicionamiento de los espacios necesarios, así como a la contratación y formación del personal para el comienzo en la prestación de los servicios. En la práctica, la nueva adjudicataria vuelve a contratar a trabajadores de la empresa saliente, ya formados, pero cobrando por esto. Todo un regalo si tenemos en cuenta que lo normal, es que los gastos de implantación los asuma la empresa y no los repercuta nunca al ciudadano.

En definitiva, todo un despropósito de 78 millones de euros que acabarán pagando todos los madrileños.