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LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA DE COSTA A COSTA (VI)
Una decena de Ayuntamientos en el banquillo de los acusados

Murcia, la tierra donde vive el “ladrillo”

Julio 27, 2008

La locura del ladrillo ha marcado profundamente a la Comunidad Autónoma de Murcia. En todos los sentidos. Las falsas expectativas creadas en torno a la especulación urbanística han puesto en venta todo el territorio murciano y han mandado a una decena de ayuntamientos al banquillo de los acusados.

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Desde la Consejería de Turismo se insiste en que el turismo de calidad es fundamental, pero en lugar de evitar repetir los errores de otros emplazamientos mediterráneos, acosados por la masificación y el descenso de los ingresos año tras año, se empeña en imitar el modelo de la saturación, sin entender que la calidad en el turismo está íntimamente ligada al buen estado ambiental. Los casos de corrupción de multiplican y no entienden ni de partidos políticos ni de colores. El juzgado nº 3 de San Javier investiga si los responsables municipales de Torre Pacheco y Fuente Álamo cometieron los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto en la tramitación de varios proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores de carácter urbanístico, en esta trama está la omnipresente Polaris World. En Totana, la operación Totem investiga elPlan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aprobado provisionalmente por la corporación con el único voto favorable del PP el 23 de enero de 2007, incluía el desarrollo de 59 convenios urbanísticos para construir 35.000 nuevas viviendas. Uno de esos convenios urbanísticos está promovido por el Grupo Nuaria en el paraje de El Raiguero. Morales podría haber pactado el cobro de una comisión de tres millones de euros con Manuel Núñez Arias, dueño de Nuaria, a cambio de la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados en los que estaba prevista la construcción de 5.000 viviendas, tres hoteles y dos campos golf. En el lado contrario encontramos la operación Ninette, en Los Alcazares, donde detenidos el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, el arquitecto municipal y su hermano, Mariano Ayuso y Juan Ignacio Ayuso, y el secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez, por un delito de malversación de caudales públicos al adjudicar numerosas parcelas municipales a bajo coste. Algunas de ellas pasaron a manos del empresario
Valero Garcerán y de su hijo Francisco Javier Garcerán, también detenidos en la misma operación.
El Partido Popular denunció la adjudicación directa de una parcela municipal de 7.000 metros cuadrados por un valor de 1,3 millones de euros (considerado un precio muy bajo), en el Plan Parcial de Las Claras del Mar Menor a la empresaria Carmen Pérez García. Esta parcela pasó a ser propiedad de la empresa Ilka Baley, administrada por María Inmaculada Escudero, familiar del ex alcalde de Los Alcázares. Posteriormente, el solar pasó a manos del empresario Francisco Javier Garcerán, su hijo e Inmaculada Camacho Escudero quienes, según el PP, sólo pagaron uno de los plazos previstos, sin que el Ayuntamiento reclamara el resto. Corrupción para todos los gustos, puede que Murcía sea la región de España menos preocupada por el parón inmobiliario, por lo menos un alivio para lo poco de costa virgen que queda sin construir.